La determinación del Municipio de Canóvanas de rendir homenaje al excoronel Ángel Luis Pérez Casillas poniendo su nombre a un parque, ha generado un mar de críticas por la implicación de este en el histórico caso del Cerro Maravilla.

Pero quién es el exconvicto federal que cumplió seis años en prisión por el delito de perjurio y que con su nombre la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto bautizó un parque pasivo en el Barrio Lomas de esa municipalidad?

Ángel Luis Pérez Casillas dirigía la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico el 25 de julio de 1978, día en el que dos jóvenes independentistas fueron emboscados por agentes policíacos bajo el supuesto de que eran 'terroristas' en el sonado caso de los asesinatos del Cerro Maravilla.

La División de Inteligencia funcionaba como el brazo operacional de la Policía de Puerto Rico encargado de perseguir y carpetear a independentistas, movimiento proscrito y vinculado estrictamente con el radicalismo político en aquella época.

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Ese 25 de julio, un encubierto de la Policía de Puerto Rico, Alejandro González Malavé, llevó a dos jóvenes independentistas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, al Cerro Maravilla en Villalba.

González Malavé se infiltraba entre grupos de independentistas pero realmente trabajaba como informante, agente encubierto de la División de Inteligencia, por lo que seguía órdenes de Pérez Casillas.

Aunque los jóvenes pensaban que iban a colocar un artefacto explosivo en una torre de transmisión de televisión como un acto político a favor de la independencia, lo que ocurrió en realidad fue que agentes de la Policía los esperaban para emboscarlos. Allí los dos jóvenes murieron a manos de los agentes.

Ese día, el entonces gobernador, Carlos Romero Barceló declaró 'héroes' a los policías y calificó de 'terroristas' a los dos jóvenes.

Las investigaciones iniciales del caso los agentes, incluyendo a Pérez Casillas declararon bajo juramento que Rosado y Soto Arriví murieron porque ellos atacaron a los agentes, que respondieron en defensa propia.

No fue hasta el 1983 que en unas históricas vistas públicas realizadas tras una investigación senatorial el País supo que fueron emboscados y ejecutados después de ser arrestados, desarmados y golpeados por los agentes.

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El investigador principal del Senado fue el fiscal Héctor Rivera Cruz, en un proceso que fue televisado y que capturó diariamente la atención de todo el País.

La pesquisa fue crucial para que se conociera esa verdad ya que el Gobierno local y federal continuaba con el encubrimiento de los hechos ocurridos en el Cerro Maravilla durante el proceso investigativo senatorial.

Ejemplo de ello, reveló Rivera Cruz el pasado año durante el pasado año en un foro con motivo del 40 aniversario de los asesinatos, que el Gobierno Federal usaba a Pérez Casillas como su enlace en el proceso pese a que dirigía la división policial investigada.

Rivera Cruz narró que se llegó a la verdad cuando encontró, revisando boletas de combustible, que otros policías que no se encontraban en la versión oficial habían estado en el operativo y que incluso la División de Inteligencia le habría estado vigilando durante la investigación.

Las contradicciones encontradas llevaron a varios de los agentes implicados a solicitar inmunidad y ofrecieron la versión real de los hechos que apuntaba a un operativo oficial para matar a los jóvenes independentistas.

Las revelaciones de la investigación senatorial provocaron que un Gran Jurado Federal radicara cargos por perjurio y obstrucción a la justicia contra Pérez Casillas y otros nueve implicados que habían ofrecido una versión falsa bajo juramento en la investigación federal inicial de los hechos.

En 2008, uno de los coacusados, el exagente Juan Bruno González responsabilizó a su exjefe, Pérez Casillas por el asesinato de los jóvenes independentistas. Durante una vista de seguimiento de su caso ante la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), el exagente aseguró que Pérez Casillas abandonó la escena dejando a los jóvenes independentistas arrestados y aún con vida. Ahí es cuando llegan los exagentes Julio César Andrades y Luis Reverón y estos disparan de muerte a Rosado y a Soto Arriví, respectivamente.

Aunque Pérez Casillas cumplió seis años de prisión, nunca se le encausó por haber dirigido el operativo de entrampamiento.

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