En una carta dirigida a Robert Mujica, las 18 organizaciones afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores exigieron, entre varios reclamos, el desembolso de las bonificaciones que ya fueron identificadas en las respectivas corporaciones públicas.

Integrantes de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), convenio que agrupa a 18 organizaciones sindicales del sector público y privado, se manifestaron este jueves frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en Hato Rey, para exigir al ente que cese “la intervención innecesaria” en negociaciones entre agencias y corporaciones públicas.

“El gobernador (Pedro Pierluisi) ha hablado de que son 170 planes de planificación y distribución. La Junta tiene capacidad para evaluar todos esos planes y detener su implantación en agencias y corporaciones públicas”, destacó Emilio Nieves Torres, presidente de la CPT.

“Por eso es que hoy estamos protestando, porque si la Junta no tiene la capacidad ni el personal, que permita que las corporaciones y agencias públicas puedan implantar los planes de clasificación y retribución, que es la manera de que se pueda otorgar un salario justo a quienes llevan más de diez, 12 y 14 años sin aumentos salariales”, abundó.

Entre los reclamos, la Central exigió a la JSF la devolución de los planes de clasificación y retribución “que tiene secuestrados”, y que sean los mismos sindicatos quienes aprueben las escalas salariales junto a las agencias públicas.

Según Nieves Torres, la Junta ha atendido, mas no implantado, los planes de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), solo dos de las 30 agencias públicas afiliadas a la CPT, aproximadamente.

Incluso, señaló que las propuestas salariales de las corporaciones son retroactivas a enero o julio del año pasado.

“¿Qué pretende la Junta? ¿Que se sigan retirando los trabajadores que, incluso, algunos han fallecido sin que se les haga justicia salarial?”, cuestionó Nieves Torres.

El presidente de la Unión Independiente de Empleados de la agencia, Javier López López, reveló que, aunque el plan de retribución fue aprobado, la Junta no aprobó el presupuesto para implantarlo.

“La Autoridad (de Edificios Públicos) tiene el dinero en caja, pero no tiene la autorización para usar dicho dinero. No los dejan desembolsar, y los trabajadores están desesperados, llamando todos los días, y no tenemos fecha para la implantación del plan hasta tanto la Junta conteste”, subrayó López López.

Por su parte, el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), José Maldonado Torres, reveló que la JSF no ha aprobado un incentivo acordado entre la UIA y la AAA, en julio pasado, que otorgaría $1,000 por trabajo extraordinario a los trabajadores.

A pesar de que los fondos para dicho pago fueron identificados, Maldonado Torres no entiende por qué la Junta no ha autorizado que la Autoridad tramite el desembolso a los empleados.

“La semana pasada, le envié una carta al señor Mujica para que explicara por qué no había autorizado, porque la Autoridad ya había identificado esos fondos, y no me contestó. Ayer le envié otra carta solicitando una reunión, y ahora (estamos) a la espera a ver qué sucede”, contó el líder sindical a la prensa.

Maldonado Torres también teme que el plan de retribución de la AAA no sea aprobado por la Junta, pues dicha propuesta es efectiva para enero del 2025.

“La Autoridad (de Acueductos y Alcantarillados) está arrastrando los pies porque ya estamos en agosto. No sabemos dónde vamos a parar con este asunto”, agregó.

“Desde el mes de marzo, no ha habido ninguna comunicación entre el administrador (Mujica) y esta servidora (...) Se retiraron, por la Ley 80, 94 empleados de mi unión, así que se fueron sin el plan de clasificación”, dijo María Medina Domenech, presidenta de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (UECFSE).

Por otro lado, la presidenta de la Unión Independiente de Empleados de la Compañía de Fomento Industrial (UIECFI), Carmen Vallés Narváez, explicó que el plan de retribución entregado hace un año a la Junta, no ha sido atendido.

“La Compañía no tiene aumentos desde hace 14 años, entonces no nos dan aumento, pero no exigen mucho trabajo (...) A los de (el Departamento de) Desarrollo Económico (y Comercio) ya le dieron su plan, le han dado la segunda fase y a nuestro plan todavía lo tienen secuestrado”, denunció Vallés Narváez.

“Ellos (la Junta) quieren privatizar la Compañía de Fomento Industrial, pero no han podido (...) Viene un administrador bajo contrato de servicios profesionales, para hacer el trabajo que nosotros hacemos, para llevarse los chavos que pueden darle a los empleados”, añadió.

En representación de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y la Hermandad de Empleados de Oficina de la Autoridad de los Puertos (HEO-AP), Felipe Landrau precisó que el plan de retribución de COSSEC “ha quedado en nada”.

“Los compañeros en COSSEC, a raíz de esta situación, están renunciando, yéndose a otras compañías que les pagan más. Son más de 12 años sin aumento (...) En el caso de Puertos, hace dos semanas que la Autoridad se sentó con nosotros para comenzar el plan de clasificación, a pesar de que la orden ejecutiva de la Junta es de hace dos años y medios”, lamentó Landrau, quien preside la HEO-AP y recalcó, además, que dicho plan de la AP “no se toca hacen 34 años”.

Nieves Torres contó a los medios que, en diciembre pasado, viajó a Washington con un grupo de líderes sindicales para pedir la salida de la JSF.

“Ya vieron cómo en el Partido Demócrata de los Estados Unidos se incorporó la salida de la Junta, que es lo que nosotros hemos estado pidiendo. Nosotros nos reunimos con ocho congresistas demócratas y les planteamos la salida de la Junta. Una de ellas fue Nydia Velázquez, y Nydia Velázquez acogió esa propuesta, Alexandria Ocasio también, y en esa ocasión nosotros fuimos claros en cuanto a los daños que está cometiendo la Junta de Control Fiscal aquí”, sostuvo.

“Ellos nos dijeron que los que van, políticos y otros cabilderos, no le hablan de la realidad que nosotros le hablamos, de esa mayor pobreza y esa mayor inmigración. Ante eso, ellos entendieron que puede ser que sea (necesario) enmendar la Ley PROMESA, pero entendieron que hay que sacar la Junta de Control Fiscal”, concluyó Nieves Torres.