Señaló que leyes estatales y federales le impiden brindar más información sobre el avance de los casos

La nominada secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, defendió hoy la gestión del Departamento de la Familia (DF) en casos como el ocurrido el sábado pasado en Aguada, donde supuestamente una niña de 14 años y una mujer de 26, su hermana, alegadamente eran víctimas de maltrato y mantenidas encerradas en una propiedad.

La funcionaria, recientemente nominada al cargo por el gobernador Pedro Pierluisi, se amparó en el estado de derecho vigente para limitarse en cuanto a la información que puede dar sobre el caso.

“Hay cosas que yo nunca les voy a poder decir”, le dijo Rodríguez a periodistas durante una feria de servicios y orientación de la Administración de Sustento de Menores (ASUME) en Cataño. “Queda del pueblo de Puerto Rico decidir si tienen un funcionario abierto y transparente o si prefieren seguir especulando”.

No obstante, la presión sobre la agencia continúa en la medida en que surgen casos como este y otros en que se ha puesto en entredicho la efectividad de la dependencia como principal encargada gubernamental de la protección de menores.

Rodríguez, acompañada por la administradora de la ASUME, Nicole M. Martínez Martínez, enfrentó cuestionamientos sobre dicho caso y la percibida falta de rendición de cuentas del DF donde poco, o nada, se sabe de sus procesos internos y los disciplinarios cuando se encuentra que un trabajador social o un supervisor actúa incorrectamente al manejar un caso de maltrato.

Rodríguez no atendió la pregunta sobre acciones disciplinarias internas y se limitó a indicar que se creará un portal cibernético para publicar estadísticas de casos como cuántos están en cernimiento inicial, cuántos están en proceso y lo que se dispuso.

Un comunicado de prensa de Familia divulgado el domingo en referencia al caso de Aguada levantó bandera cuando la propia dependencia aceptó que investigó por “meses” una serie de referidos en que se alegaba un patrón de maltrato contra la adolescente y su hermana, quien supuestamente sufre de una condición crónica en los riñones. Familia había recibido información de que la niña de 14 años, ahora bajo custodia de Familia, estaba fuera de Puerto Rico.

“Prefiero no entrar en los detalles del caso, pero diré lo siguiente: sé que se ha cuestionado la comunicación que yo hice, pero tenemos evidencia suficiente y fehaciente para que, en su momento el caso se pueda discutir públicamente. Las personas van a ver que tenemos razón en los planteamientos iniciales que se hicieron”, dijo Rodríguez. “Que hubo personas que corroboraron que la menor estaba fuera, que hubo unos procesos donde se activó el protocolo de la Policía y había conversaciones para entrar al hogar. Hay un proceso que se dio de acuerdo con los protocolos vigentes”.

Lo cierto es que la menor, al menos el pasado sábado, estaba en la residencia que finalmente tuvo que ser abierta a la fuerza por la Policía tras recibir una orden de registro. Durante todo ese sábado la figura conocida como el León Fiscalizador estuvo transmitiendo en vivo desde su página de Facebook e implorando a las autoridades a que actuaran.

La funcionaria insistió en que Familia hizo el trabajo en Aguada y que información que ha trascendido, como que la nevera en la propiedad tenía un candado o que las personas en la vivienda vivían en condiciones infrahumana, no fue correcta.

Rodríguez dijo que no entraría en detalles cuando se le preguntó si era cierto que la niña de 14 años no iba a la escuela hace dos años. De otra parte, reconoció que la nueva ley Family First, obliga a su agencia a hacer todo lo posible porque se logre la reunificación familiar, aunque hay casos en que eso no es posible.

“Hablan de referidos, de muchos referidos. Los primeros referidos entraron hace unos meses y los últimos tres en la última semana que desmentían información que nosotros teníamos concerniente al caso”, dijo.

El Departamento de la Familia nunca ha sido conocido por su transparencia. Rodríguez aludió a las leyes locales y federales que garantizan la confidencialidad de los procesos. Sin embargo, poco o nada se sabe sobre sanciones impartidas a trabajadores sociales u otro personal que se ha demostrado ha fallado en el cumplimiento de su deber.

Rodríguez argumentó que continuar hablando de casos de interés público tiene el efecto de recordarle a menores los traumas que han vivido y de divulgar datos relevantes como la identidad de las partes o dónde viven.

Rodríguez aseguró que se inició una investigación interna sobre el caso Aguada.

“Yo no tan solo pedí el expediente, se hizo una cronología del caso, se hizo una evaluación y monitoría del expediente, se corroboraron múltiples, de las más de dos decenas de intervenciones realizadas en el caso”, dijo al aceptar que los protocolos internos están “sujetos a revisión”.

¿Se ha demostrado de que hubo negligencia?, se le preguntó sobre el caso de Aguada.

“Hasta el momento lo que se ha demostrado es que hubo una investigación inicial, que entraron tres referidos desmintiendo lo que se había confirmado con el referido anterior, que todo entró en la misma semana y que inmediatamente se activaron los protocolos”, dijo.

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