Tanto Manuel Natal Albelo, del MVC, como Adrián González Costa, del PIP, cuestionaron la determinación de la agencia, que no recomendó un FEI para el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, por el caso de la empresa J.R. Asphalt y su "regalo" de asfalto al entonces senador del PNP.

Los excandidatos a la alcaldía de San Juan en 2020, Manuel Natal Albelo y Adrián González Costa, calificaron hoy de "insostenible" la decisión de Justicia de no recomendar un FEI para el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, en el caso de J.R. Asphalt, y afirmaron que "se cae de la mata" la evidencia que hay en contra del primer ejecutivo municipal.

Los políticos reaccionaron así a la investigación preliminar sobre la querella que presentaron (también lo hizo la exsenadora, Rossana López León) el 2 de mayo de 2022 contra Romero Lugo, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y los representantes Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez, así como del excandidato a representante por el precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio Ramos.

Según ha sostenido el alcalde de San Juan, la compañía se comunicó con su entonces oficina senatorial para indicarle que le sobraba asfalto y que podrían realizar una donación, a lo que el político accedió al "regalo".

Ahora, debido a la disconformidad con la determinación de Justicia, Natal Albelo y González Costa hicieron público el referido de sobre 46 páginas que enviaron a la agencia "para que el país tenga ante sí lo que tuvo en sus manos Justicia", dijo Natal Albelo, quien agregó que a la luz de lo decidido por la dependencia pública "esperaban que nosotros hiciéramos la investigación".

Para el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), "hay hechos incontrovertibles" sobre los que Justicia no puso atención y dijo que ahora estarán a la espera de lo que decida la OPFEI, "que va a evaluar y podría cambiar lo que determinó Justicia, pero no nos engañemos: estas oficinas son del partido de turno. Las entidades fiscalizadoras actúan diferente según es un partido u otro".

En cuanto a los hechos "incontrovertibles" detalló que “mientras los imputados ocupaban cargos en el servicio público, y figuraban como candidatos a puestos electivos en la elección general del 2020, coordinaban actividades para asfaltar distintas comunidades de San Juan. Además, el asfalto, el personal y la maquinaría que utilizaban para estas actividades era provisto por la empresa JR Asphalt. Además, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, dueños de la empresa JR Asphalt, fueron acusados a nivel federal por cargos relacionados a un esquema de corrupción con contratos de asfalto en varios municipios de Puerto Rico, incluyendo soborno y pago de comisiones ilegales a políticos”.

Igualmente, sostuvo que “tanto Rodríguez como Villegas hicieron alegaciones de culpabilidad y se encuentran a la espera de ser sentenciados. El asfalto, el personal y la maquinaria provista a los imputados por la empresa corrupta fue un regalo. Es decir, que los imputados no pagaron por el material, ni el servicio. Y las actividades coordinadas por los imputados, con el asfalto y los recursos regalados por la empresa corrupta, fueron utilizados como parte de la campaña electoral de los imputados, incluyendo en sus videos de campaña”.

Natal Albelo también expuso que otro hecho “incontrovertible” fue que “durante el periodo de tiempo en que le regalaban asfalto, mano de obra y maquinaria a los imputados, la empresa corrupta tuvo 253 contratos gubernamentales con al menos 16 municipios y 2 agencias de gobierno, totalizando más de $37.5 millones en fondos públicos”.

“Los imputados asignaron fondos legislativos a agencias de gobierno, que a su vez utilizaron dichos fondos para contratar a la empresa corrupta. Y la empresa corrupta participó de múltiples subastas bajo la administración municipal de Miguel Romero, algunas de las cuales fueron adjudicadas a favor de la empresa por parte del municipio de San Juan”, declaró.

Asimismo, aseguró que “el regalo de la empresa corrupta a los imputados no forma parte de sus informes ante la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina de Ética Gubernamental o las secretarías de los cuerpos legislativos”.

El exrepresentante no se quedó ahí: también consignó las leyes y reglamentos queso debían respetar en este caso y no se siguieron, como la Ley de Ética Gubernamental y el Código de Ética (de la Cámara y el Senado), en caso de un funcionario electo (como era Romero, que en ese momento se desempeñaba como senador), la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Política (en el período en el que el actual alcalde era candidato) y el Código Penal, que es de aplicación general.

“Con este y otros antecedentes (en el referido incluyeron fotos, contratos, audios, entre otros elementos), ¿cómo no es posible llevar a cabo una investigación?, ¿en qué cabeza cabe?Hay elementos suficientes, con únicamente las admisiones de los imputados que publicaron", mencionó.

González Costa continuó con los cuestionamientos, al preguntarse “¿cuál es el origen de ese asfalto?, ¿cuál es el valor del donativo?, ¿ese asfalto fue informado como donativo?, ¿cuál es la identidad de quienes donaron?, ¿se hicieron entrevistas?, ¿se citaron a personas de J.R. Asphalt y a los imputados?. Ellos (Justicia) tienen la obligación constitucional de hacer una investigación, pero solo emiten un escueto comunicado”.

Para el excandidato a alcalde de San Juan del PIP, “quieren ocultar lo que ocurrió en ese momento, cuando la credibilidad de Justicia está más frágil que nunca. Se nos debe una explicación mínima de cómo una empresa ofrece esto y es aceptado sin más. Es un precedente peligroso lo que Justicia acaba de hacer”.

Añadió que “queremos que se esclarezca el caso y que busque la verdad. Ya vemos (con el caso de la exfiscal Janet Parra) que la credibilidad de Justicia está maltrecha. Esta es una controversia triste y penosa, porque este país no aguanta más manchas en su sistema judicial”.

En una conferencia de prensa en el salón Alma Delgado del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, manifestó que "según el secretario (Domingo Emanuelli), por no haber prueba de que el asfalto fuera sufragado con fondos públicos y que no habiendo prueba de que los querellados hubiesen recibido una oferta de soborno, este no recomendó la designación de un FEI. Es una admisión de que el asfalto fue cedido gratuitamente, pero omitiendo indagar sobre el origen del mismo. Para el secretario si ese asfalto fue pagado con fondos privados, aunque le fuera regalado a funcionarios, no representa un problema. Ello no es aceptable por el peligroso mensaje que envía al país sobre la tolerancia ante actos turbios".