Ante el anuncio del gobernador, Pedro Pierluisi, de hacer obligatoria la vacunación en trabajos gubernamentales.

La Coalición Pro Consentimiento Informado va a los tribunales no sólo a impugnar la Orden Ejecutiva del Covid-19 más reciente que hace la vacunación obligatoria a todo empleado público, sino también a todas las órdenes ejecutivas que ha hecho el gobernador, Pedro Pierluisi, para atender la pandemia.

Le puede interesar: Gobierno empieza a cerrar el cerco a las personas que no quieren vacunarse contra el covid-19

“Vamos a presentar la demanda impugnando las órdenes anteriores por falta de legitimación que tiene el gobernador y el secretario (del Departamento de Salud) para imponer órdenes como esta,que buscan inducir productos a tu cuerpo como lo es la vacuna”, explicó a NotiCel el licenciado de la Coalición, Adrián Diáz.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó las distintas vacunas de Covid-19 como un uso de emergencia, pero no ha pasado por el proceso que tiene que pasar una vacuna regular para ser aprobada.

“Basándonos en la ley de la FDA es que estos productos que se van a usar de manera de emergencia tienen que ser de forma voluntaria”, indicó el licenciado. “Ninguna agencia de gobierno ni el propio gobierno puede hacer determinaciones de que estos productos son seguros y eficaces”, añadió.

Lea también: Alertan sobre posible violación constitucional en Orden Ejecutiva que exige vacuna a empleados públicos

Por otro lado, el abogado de la Coalición Pro Consentimiento Informado afirmó que la Constitución protege nuestras libertades individuales, y esto incluye escoger si desea vacunarse o no, y por esto buscan retar las órdenes ejecutivas que ha emitido el gobernador.

“Estamos atacando la legitimación de las órdenes ejecutivas, porque ninguna ha pasado por la Legislatura. Si el tribunal entiende que estas órdenes son ilegales entonces se caen todas las órdenes administrativas (del Covid-19)”, sentenció Díaz.

Le puede interesar: No está reconocido por ningún tribunal si algún Estado o territorio puede obligar la vacunación

“Que la gente tenga paciencia. De estos asuntos tenemos que pensar que seguimos en una democracia y que los tribunales van a actuar sobre estos temas y van a proteger los derechos y las libertades que nos garantiza la Constitución”, culminó.