Ayuda Legal Puerto Rico pide que se destinen fondos para ello

La organización Ayuda Legal Puerto Rico advirtió hoy a la gobernadora Wanda Vázquez sobre la falta de asistencia económica para alquiler de viviendas de manera que se garanticen los derechos de las poblaciones vulnerables.

Para ello, recomendó separar una partida de los fondos federales que llegarán por conducto de la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act para manejar la pandemia por COVID-19.

“Estas asignaciones incluyen fondos a través de enmiendas a la Ley del Seguro Social, asignaciones adicionales a los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), a los autorizados bajo el Housing Act (e.g. Sección 8), y la Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA), entre otros. Esos fondos pueden ayudar a garantizar el derecho a la vivienda de gente del País”, dijo la directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau, en una carta enviada a Vázquez.

“La vivienda es una necesidad básica y fundamental para todas las personas. COVID-19, como una enfermedad que se puede controlar mediante medidas de higiene y distanciamiento social, enfatiza la importancia de que ese hogar sea seguro y adecuado. Nadie puede quedarse en casa si no tiene un hogar o si su permanencia en el hogar se ve amenazada por problemas económicos. Reclamamos, pues, que parte de este dinero vaya dirigido a un programa de asistencia para rentas, que impacte a las personas de ingresos bajos o moderados”, agregó.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la organización, cerca de una de cada tres viviendas en Puerto Rico es alquilada. Según datos del Buró del Censo de los Estados Unidos, el ingreso por hogar del 58.75% de estas viviendas es de $14,999 o menos. Mientras tanto, la mediana del canon de arrendamiento es de $474.

“Abundan los reportes de rentas mucho más altas que éstas, afectando aún más a poblaciones ya vulnerables como adultos mayores, madres solteras, inmigrantes y estudiantes”, se menciona en la carta.

Ayuda Legal Puerto Rico reconoció que medidas como las moratorias de hipoteca, reconocidas mediante legislación, reconocen la importancia de que el gobierno ayude a que las personas no pierdan su hogar como resultado de la pandemia.

“No obstante, estas medidas sólo mitigarán el impacto a las condiciones económicas adversas de las personas dueñas de hogar. Nada obliga, por ejemplo, a que una persona propietaria que recibió la moratoria le notifique a su arrendataria, para que pueda también beneficiarse de este ‘respiro’. Un subsidio al alquiler garantiza el derecho a la vivienda de las personas que alquilan durante esta emergencia. En términos económicos, este tipo de medida protege el mercado de alquiler y a las personas dueñas que ponen su propiedad en ese mercado. Resaltamos que los fondos CDBG, por mandato del Congreso, pueden utilizarse para prevenir o responder a ‘interrupciones económicas y del mercado inmobiliario’”, expresó Godreau.

La propuesta de Ayuda Legal es que los subsidios de alquiler deben operar de forma retroactiva, desde el 1 de abril, cónsono con asistencias de desempleo y licencias especiales que ha ofrecido el gobierno. Además, deben tener una extensión mínima de 90 días.

De igual forma, sugirió establecer una política pública amplia que impida desahucios o lanzamientos al menos 60 días tras el fin de la pandemia. “Esto dará espacio a que las familias puedan restablecerse económicamente”, se indicó.

Lea aquí la carta completa: