El Comite Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa presentó esta tarde una moción para desestimar el entredicho provisional contra la Policía de Puerto Rico, recurso judicial incoado por la propia organización por limitar el derecho a la libertad de expresión durante las manifestaciones contra el depósito de cenizas de carbón en el Peñuelas Valley Landfill (PVL).

La petición de desestimación presentada ante el juez Francisco Rosado Colomer del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, contó con el aval de los representantes legales del Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, ante la ausencia del secretario Héctor Pesquera y la superintendenteMichelle Hernández.

'Este es un interdicto diferente del presentado en la mañana de hoy, es un interdicto contra la Policía de Puerto Rico que por su naturaleza y a la luz de lo que ocurrió en el caso de por la mañana, estratégicamente hemos decidido que por el momento, lo más conveniente es concentrar nuestros esfuerzos en ese otro caso', expresó el licenciado Jaime Ruberté, representante legal de la organización comunitaria.

Ruberté se refirió al entredicho provisional y preliminar presentado esta mañana en el Centro Judicial de Ponce contra la Junta de Calidad Ambiental, Applied Energy Systems, EC Waste y PVL, para el cese y desista del depósito de cenizas de carbón en el vertedero peñolano. Este recurso aún no se ha dilucidado en su totalidad ya que el juez Mariano Vidal Sáenz otorgó tiempo a AES para que presente sus argumentos de desestimación en una vista señalada para el viernes, 11 de agosto.

'Se estaba dando la posibilidad de tener que litigar aquí unos asuntos que tenemos planteados y que vamos a litigar en otros casos. Recuerden que aquí hay varios casos que se han radicado y que ya tenemos señalamiento y otros que posiblemente se estén radicando y entonces a la luz de eso entendimos que este recurso no es necesario en este momento a los fines de proteger los derechos de la comunidad', agregó el licenciado Ruberté a su salida de la sala 605.

Entretanto, el juez Rosado Colomer se inhibió de evaluar otro entredicho presentado contra la Uniformada, referente a la escolta que brindaron a decenas de camiones provenientes de la empresa AES de Guayama, precisamente porque ese foro no tiene jurisdicción para avalar o prohibir los procedimientos dentro del organismo policíaco.

Por otra parte, elpresidente de AES, Manuel Mata, aseguró en un comunicado de prensa que la empresa continuará con su operación normal ya que 'el juez no emitió ninguna orden y no decidió sobre la petición de los demandantes'. Esto, en virtud del otro recurso presentado en la mañana de hoy por parte del comité comunitario.

'Conforme a ello AESPR mantiene el derecho a operar acorde con la nueva Ley 40-2017 y en cumplimiento con las reglamentaciones ambientales establecidas por la JCA y por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por lo que continuaremos con nuestra operación normal', señaló el principal ejecutivo de AES.

'No he visto esas expresiones pero uno puede decir que cuando un caso se está ventilando en un tribunal, lo menos que el tribunal se merece es el respeto. Parece que si se está dilucidando el caso ante el tribunal de esa manera, el tribunal no ha establecido términos extraordinarios para que esta vista se vea, el tribunal va a recibir los recursos de las partes para resolver ', indicó el abogado de la comunidad al reaccionar a las declaraciones de la carbonera.

'Nosotros entendemos que no lo deberían hacer y si lo hacen tendremos que evaluar si hay que traer otro recurso al tribunal', concluyó el representante legal de la comunidad Tallaboa.