Los abogados de defensa del excorredor de seguros, Pablo Casellas Toro, acudieron al Tribunal de Apelaciones para presentar una moción que tiene como fin solicitar un nuevo juicio para quien resultara convicto por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

El juez superior José Ramírez Lluch citó a una vista para discutir la moción el martes próximo a las 2:00 pm.

El licenciado Harry Padilla contó a NotiCel que radicó la moción en la que están utilizando como base la determinación del Tribunal Supremo en el caso El Pueblo de Puerto Rico v. Luis M. Sánchez Valle, que fue emitida el pasado marzo de 2015.

Allí el máximo foro judicial concluyó que 'de acuerdo a la protección constitucional contra la doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales'.

El argumento de Padilla es que al haber una sola jurisdicción, el veredicto del jurado tiene que ser unánime. El pasado enero de 2014 un jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres encontró culpable a Casellas Toro en un veredicto cerrado de 11 a 1.

La moción de 10 páginas, plantea que 'unos veredictos de culpabilidad 11 a 1 como los emitidos en contra del apelante no pueden sostenerse pues la Enmienda VI de la Constitución federal garantiza la unanimidad como derecho y ello le es aplicable a Puerto Rico bajo la cláusula territorial al ser dicho derecho uno fundamental. Por tanto, con dicho estado de derecho, no hay que esperar para adjudicar la totalidad de la apelación que obra presentada, ya que ello sería apartarse del trámite justo, producir dilaciones, gastos injustificados y evitar que se cometa un desvarío de la justicia, pues con lo aquí planteado; procede anular los veredictos y ordenar nuevo juicio'.

Mientras, el lunes la defensa acudió al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón para presentar una moción en la que también solicitan un nuevo juicio, amparándose en que uno de los miembros del jurado se valió de información externa para contaminar a otros miembros sobre la credibilidad del perito Rafael Jiménez Pérez. La defensa alega que esta situación le impidió a Casellas Toro tener un juicio justo e imparcial.

En febrero de 2014, Casellas Toro fue sentenciado a 109 años en prisión.

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