El caso criminal estatal que se sigue contra Pablo Casellas Toro, por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, no se debe afectar si el corredor de seguros es finalmente acusado en el foro federal por el supuesto robo de auto a mano armada del que alegó falsamente haber sido víctima un mes antes de la muerte de su esposa.

Así lo aseguró a NotiCel el fiscal del caso Sergio Rubio, quien adelantó que el juicio contra Casellas Toro estará paralizado indefinidamente hasta que se complete la parte procesal de supresión de evidencia, que tiene una vista señalada para el lunes.

'Obviamente, yo no tengo conocimiento de si el gran jurado está o no está investigando, ni en qué etapa está o si está, porque eso es confidencial. Ahora, el caso estatal es independiente de lo que pase en la federal. Eso en nada afecta el caso estatal, son dos procesos independientes. El caso estatal va a llegar a su final', destacó Rubio cuando NotiCel le preguntó qué va a pasar en caso de que se produzca una acusación federal.

Este diario digital le preguntó a Rubio si todavía entiende que tienen 'evidencia contundente' -como han dicho consistentemente en el pasado- contra Casellas Toro, si se produce el peor de los escenarios para el ministerio público: que supriman las armas y municiones que le incautaron al acusado.

La defensa alega que el arsenal de armas que se le ocupó a su cliente se hizo de forma ilegal porque no hubo una orden judicial. Empero, el ministerio público argumenta que no había necesidad, pues Casellas Toro consintió que se ocuparan y el proceso se hizo en momentos en que estaban presentes en la escena del crimen uno de sus abogados, Arturo Negrón García, y el juez federal Salvador Casellas, padre del acusado.

'No voy a comentar sobre la prueba porque hay una orden que no nos permite hablar de eso. Obviamente la supresión de evidencia es un aspecto procesal muy importante, pero nosotros siempre hemos estado bien positivos', sostuvo.

Rubio, quien lidera el caso junto a las fiscales Phoebe Isales y Janet Parra, afirmó que el reinicio del proceso de selección de jurado se retrasará debido a que las probabilidades que cualquiera de las partes indudablemente va a solicitar revisión al Tribunal Apelativo de la decisión sobre la supresión de evidencia.

'Sea cual sea la decisión, la otra parte va a recurrir, ellos o nosotros', opinó.

Rubio recordó, además, que las partes no han completado el proceso de descubrimiento de prueba. La fiscalía le debe a la defensa un informe de balística del Instituto de Ciencias Forenses, mientras los abogados defensores le deben al ministerio público el informe que le rindió un patólogo que usarán como perito.

'No te puedo contestar eso', respondió Rubio cuando NotiCel le preguntó si las armas incautadas podrían ser usadas como evidencia por los federales, en caso de que presenten alguna acusación contra Casellas Toro en el sistema judicial estadounidense en la isla.

El 22 de abril, El Vocero publicó que el gran jurado evalúa posibles acusaciones contra Casellas Toro por ofrecer información falsa a agentes del FBI sobre el supuesto 'carjacking' que nunca ocurrió.

Contra Casellas Toro pesan cuatro cargos por asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto el pasado 8 de octubre 2012, la fiscal Isales explicó que ese último cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio (Día de los Padres) le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron, se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes en hechos ocurridos en la terraza de su residencia el 14 de julio de 2012.