Contrario a lo planteado por la defensa de Pablo Casellas Toro, las declaraciones que ofreció una de las fiscales del caso a NotiCel sobre la posibilidad de que se hubiese estado negociando un acuerdo con el imputado de asesinar a su esposa Carmen Paredes en nada afectan el derecho constitucional del acusado a tener un juicio justo e imparcial.

Así lo determinó el juez superior de Bayamón, José Ramírez Lluch, en una resolución del 8 de febrero a la cual este diario digital tuvo acceso.

El pasado 30 de enero, la defensa de Casellas Toro solicitó una reprimenda contra la fiscal Janet Parra por unas declaraciones que ofreció a NotiCel, en las que rechazó, al igual que lo hizo el secretario de Justicia designado, Luis Sánchez Betances, en otros medios, que hubiese una negociación entre las partes para que el corredor de seguros se declare culpable a cambio de una sentencia de 20 años en prisión.

'El Tribunal entiende que no procede lo solicitado. En este momento, no vemos que la actuación de la fiscal Parra haya desembocado en una situación perjudicial para el acusado', determinó el magistrado en su resolución.

En su 'Moción informativa y en solicitud de orden', abogado Harry Padilla argumentó que la fiscal Parra violentó la 'orden protectora' que emitió el juez Ramírez Lluch, en octubre de 2012 en el que ordenaba a las partes a no discutir la evidencia públicamente.

En el punto número 5 de la moción, Padilla hace un resumen de las declaraciones que Parra hizo a NotiCel y que, a su juicio, violan el derecho de su cliente a tener un juicio justo e imparcial.

'Hablar sobre alegaciones de culpabilidad es uno de los aspectos más nefastos para un juicio justo e imparcial. Estas manifestaciones llevan el germen que puede pervertir el proceso adjudicativo. Ello es así pues dichas manifestaciones se refieren a hechos que directamente inducen la determinación de culpabilidad', argumentó Padilla en el documento.

Casellas Toro enfrenta cuatro cargos relacionadas a la muerte de Paredes ocurrida en julio del 2012: asesinato en primer grado, Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

Cuando se determinó causa para arresto el 8 de octubre del año pasado, la fiscal Phoebe Isales explicó que ese cargo se relaciona con la querella que el imputado presentó ante los agentes del cuartel de Levittown de que supuestamente el 17 de junio (Día de los Padres) le robaron tres armas y fue víctima de una tentativa de asesinato. Entre las armas, que Casellas Toro alegó falsamente que le robaron se encuentra la utilizada para asesinar a Paredes.

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