Ana Cacho advirtió públicamente que no se rendirá en la lucha por recuperar la custodia de sus dos hijas, pero en lo que lo logra, por disposición judicial, su ex esposo, Ahmed Allí González, tendrá que informarla de asuntos relacionados a la salud, el progreso academico de estas y suministrarle fotos.

Ello, luego de un revés judicial para el padre, quien fue sometido por primera vez el pasado lunes a un contrainterrogatorio por parte de las representantes legales de Cacho en el pleito civil incoado por éste para privarla de la patria potestad de las menores que, a este momento, ostentan ambos ex cónyuges.

NotiCel indagó en el Tribunal de Menores y Asuntos de Familia de Bayamón y supo que el caso consolidado está en manos de un nuevo juez, porque la jueza Sonia del Toro fue trasladada al Centro Judicial de Hato Rey.

A finales de 2011, la jueza Del Toro emitió una resolución otorgando la custodia final y permanente al padre de las menores y mantiene la prohibición de las relaciones materno-filiales.

'En el caso de Ana, nunca se le ha quitado la patria potestad', dijo a este diario digital una fuente vinculada al caso.

En su visita al tribunal, NotiCel supo que en la vista de estatus con antelación a juicio celebrada el lunes, González ocupó el banquillo de los testigos y fue sometido a un intenso contrainterrogatorio, tras el cual el juez falló a favor de la madre.

De esa forma, al igual que ocurría cuando el Departamento de la Familia tenía la custodia provisional de las niñas, González deberá informarle a Cacho sobre la salud, la educación y suministrarle fotos de forma periódica.

'Yo llevo 733 días sin ver a mis hijas', dijo Cacho a su salida del tribunal el pasado lunes, cuando se vio cara a cara con González.

Cacho afirmó que continuará luchando por recuperar la custodia de sus niñas, quienes serían las testigos principales en el caso criminal, si es que se presentan acusaciones contra ella y los otros tres sospechosos del asesinato de su vástago, Lorenzo González Cacho.

'Hasta el final y por mi hijo también', destacó Cacho, a su salida de la audiencia judicial del lunes.

Los otros sospechosos son: Jesús Genaro Camacho, el agente federal William Marrero y Arnaldo 'Naldy' Colón.

Pese a que han sido señalados públicamente como los sospechosos del horrendo crimen, el Departamento de Justicia sigue con las manos atadas, pues no ha sometido acusaciones contra ninguna persona.

El litigio civil es un caso consolidado de varias demandas que se presentaron de parte y parte en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina y en el Centro Judicial de Bayamón. Tras varios procesos judiciales, los casos fueron consolidados en el Tribunal de Menores y Asuntos de Familia de Bayamón, donde se dilucidó la demanda de divorcio del matrimonio.

Cacho no puede tener contacto físico y personal con sus hijas por orden judicial y así se mantendrá hasta que el tribunal ordene lo contrario.

González solicitó al Tribunal de Apelaciones que le quite la patria potestad a Cacho, pero esa petición civil no ha sido resuelta por el foro apelativo.

La ex pareja se encuentra inmersa en una saga de demandas y contrademandas desde que Lorenzo fue asesinado en marzo de 2010 en la casa de la madre en Dorado del Mar.