El juez superior de Bayamón, Jose Ramírez Lluch, emitió una orden de mordaza en el caso criminal que se sigue contra Pablo Casellas Toro por el asesinato de su esposa Carmen Paredes.

Ello, luego que el ministerio público se hiciera eco de la petición de la defensa de Casellas Toro a tales efectos.

'Se le ordena a las partes, incluyendo al Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses a abstenerse de divulgar información relacionada con los hechos o la prueba de este caso a tercera personas', sostuvo el juez en su resolución de 11 páginas emitida ayer, pero dada a conocer esta mañana por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

No obstante, el juez fue enfático en que esta será la única orden de este tipo.

'Es menester aclarar que esta será la única orden protectora que se emitirá, mientras no exista la necesidad apremiante de emitir alguna directriz adicional', destacó.

'Estamos convencidos de que en esta etapa de los procedimientos no es necesario tomar medidas extremas para proteger los derechos del acusado, ya que hasta este momento no se han visto afectados. Aclaramos que en la etapa en que se encuentra este caso, todavía el acusado no ha manifestado si se propone a ejercer su derecho a un juicio por jurado', enfatizó Ramírez Lluch.

El magistrado enumeró las peticiones hechas por la defensa cuyo argumento principal para solicitar la mordaza fue que se le garantice al acusado su derecho constitucional a un juicio 'justo e imparcial' y resumió la postura del ministerio público que se unió a la solicitud de orden protectora.

En su réplica, la fiscalía planteó que era apropiado que se emitiera la orden de mordaza para todas las partes 'para evitar que continúe la difusión de los pormenores del caso a los medios'.

El ministerio público, representado en este caso por las fiscales Phoebe Isales y Janet Parra, junto al fiscal Sergio Rubio, aseguró que ellos 'han tomado las medidas necesarias para que no se brinde información del caso a los medios'.

Ramírez Lluch reconoció que el caso de Casellas Toro es de alto interés público, pero afirmó que la mordaza impuesta no afectará el acceso de información a los medios que podrán publicar los documentos que se incluyan en el expediente del caso y que se divulguen a través de la OAT.

Mañana, jueves, hay una vista de estatus para conocer en qué etapa se encuentra el descubrimiento de prueba. No obstante, el juez también ordenó que se acelere el proceso.

El inicio para el juicio contra Casellas Toro está pautado para el 13 de noviembre. Empero, NotiCel había adelantado que el caso no se radicará antes de que concluya el año.

A Casellas Toro se le imputan cuatro cargos relacionadas a la muerte de Paredes: asesinato en primer grado, Ley de Armas, destrucción de evidencia y declarar falsamente un delito.

En una moción que radicó el 18 de octubre, el acusado se declaró no culpable de los cuatro cargos. 'Por este medio (moción), el acusado informa que registra alegación de no culpable en todos y cada uno de los cargos', indica el escrito.