'A 10 meses de negociación la Autoridad todavía no ha dicho cómo le va a salvar la vida a los trabajadores. Al día de hoy, luego de 10 meses de negociación, todavía no ha dicho cuánto dinero hay de aumento para los trabajadores', con estas palabras, Ricardo Santos resumió el tranque entre la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) que hoy cumple su segundo día de huelga.

Ante el impasse, el liderato del sindicato fue citado hoy al Departamento del Trabajo para que presente ante el Comité Especial creado al amparo de las disposiciones legales de la Ley 11 para presentar los datos, evidencia o información relacionados con el conflicto obrero patronal que se desarrolla desde ayer.

Santos, secretario de salud y seguridad ocupacional de la UTIER, consideró que las gestiones del Comité son una forma 'de un gobierno fascista, que no negocia de buena fe, y que pretende quitarles a los trabajadores el derecho a la huelga', pues se presume que la citación es el preámbulo de un pedido del gobierno en el tribunal para que, bajo una declaración de estado de emergencia, se ordene la finalización de la huelga.

Ante lo que podría interpretarse como una amenaza de arresto, el presidente de la unión, Ángel Figueroa Jaramillo dijo que su posición cuenta 'con el respaldo de una matrícula completa que no va a entregar el derecho a la huelga en este proceso y va a respaldar al liderato hasta las últimas consecuencias'.

Figuera Jaramillo presentó hoy ante parte de los huelguistas congregada frente a las oficinas centrales de la Autoridad en Hato Rey lo que considera son soluciones viables para atender las demandas de los trabajadores. Mencionó que la restructuración de la cuenta de inversiones financieras, la reactivación de plantas hidroeléctricas y la recuperación de al menos 93 millones de kilovatios-hora de los sobre mil millones que se pierden cada año podría generar el ahorro e ingreso suficiente para satisfacer las demandas económicas.

Negó, además, que responder a los reclamos de la UTIER le fuese a costar a la corporación pública 300 millones de dólares, como mencionó ayer el secretario de la gobernación Miguel Romero. Dijo que a partir de un promedio salarial de $41,000 anuales, multiplicado por el 6% de aumento que piden el primer año luego de firmado el convenio, multiplicado por los 4,600 trabajadores y le suma el 57% que es el equivalente a los beneficios marginales. En tres años, cantidad se aproxima a los $63 millones.

En cuenta regresiva para el día de las elecciones, el presidente de la UTIER aseguró que los huelguistas no realizarán ninguna acción intencional para interrumpir el servicio eléctrico, pero sostuvo que desde que se decretó el paro de labores, la responsabilidad de mantener la continuidad recae sobre el gobierno de Puerto Rico.