La OEG concluyó que si la Mandataria o el Gobernador Interino realizaban la designación incurrían en conducta antiética y prohibida por la Ley Orgánica de la agencia.

Ni la gobernadora Wanda Vázquez Garced, ni el secretario de Estado Raúl Márquez Hernández actuando como gobernador interino pueden nombrar al esposo de la Primera Ejecutiva, el juez superior Jorge Díaz Reverón, para un ascenso en rango al Tribunal de Apelaciones porque violarían la Ley de Ética Gubernamental (OEG).

Así lo concluyó la agencia en una opinión con fecha del 9 de octubre enviada a la mano a la Mandataria ante una “interrogante” para indagar sobre las ramificaciones de concederle un nombramiento en la Rama Judicial a su marido.

La opinión, de cinco páginas, no identificó el nombramiento específico que Vázquez Garced interesaba conceder a Díaz Reverón, pero NotiCel informó previamente que durante la Sesión Extraordinaria pasada Vázquez Garced trató sin éxito de nombrar a su esposo a una de las sillas vacantes del Apelativo, un puesto, que viene acompañado de seguridad de empleo por 16 años y un sueldo anual de $105,000. Un juez superior devenga un salario de $89,600.

El documento no ofrece la fecha de la indagación convertida en “consulta formal”, pero la agencia confirmó a NotiCel que Vázquez Garced llamó por teléfono para preguntar sobre el asunto el viernes 2 de octubre, un día después de viajar a Florida. Esa mañana, la Gobernadora participó en un desayuno de la Cámara Hispana de Comercio de Florida, según el comunicado de prensa que circuló La Fortaleza. Debido al viaje, el Secretario de Estado quedó como gobernador interino del 1 al 8 de octubre.

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Pese a que realizó la consulta en octubre, un mes después cuando NotiCel preguntó a la Mandataria si nombraría a su marido a un puesto en el Tribunal de Apelaciones en lo que restaba del cuatrienio, descartó esa posibilidad y aseguró que “no lo hemos pensado tampoco”.

La opinión de la OEG revela lo contrario.

Esa evaluación consignó la facultad que la Constitución de Puerto Rico y el Código Político conceden a los gobernantes para realizar nombramientos judiciales, pero determinó que Vázquez Garced violaría varias disposiciones del mencionado estatuto al extender un nombramiento judicial a su compañero de vida.

“Sin lugar a dudas, la situación de que un Gobernador nombre a su pariente a un puesto como Juez en la Rama Judicial o que, en la alternativa, el Gobernador Interino realice el referido nombramiento, es una práctica antiética y a todas luces prohibida por la LOOEG (Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental)”, apuntó Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la OEG en una misiva de cinco páginas.

“En estos momentos de crisis, donde el Gobierno ha sido lacerado por constantes imputaciones de actos de corrupción contra servidores públicos de todos los niveles, debemos tener el compromiso de devolverle al Pueblo la confianza en sus instituciones gubernamentales. Ciertamente, el norte de un Gobernante es ser ejemplo para todos los servidores públicos”, agregó.

En un análisis breve, pero contundente, Pérez Vargas detalló que el Artículo 4.2 de la Ley de Ética prohíbe que un servidor público intervenga directa o indirectamente en cualquier asunto que represente un conflicto de interés y que le provea un beneficio.

Esa misma disposición también dispone que un servidor público tampoco puede realizar actos que coloquen en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.

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“La acción de usted nombrar a su cónyuge a un puesto como Juez en la Rama Judicial, ciertamente lo coloca en una posición de ventaja y de conflicto de intereses porque, aunque el Senado tenga que pasar consejo y consentimiento, dicha oportunidad no se configura si el Gobernador no ejerce su facultad de nombrar. Así pues, la referida acción estaría en contravención a la prohibición establecida mediante el referido artículo de la LOOEG”, aseveró Pérez Vargas.

Apuntó que el nepotismo constituía una de las manifestaciones más comunes del conflicto de interés y dicha conducta quedaba proscrita por la Ley de Ética Gubernamental.

El pasado 15 de septiembre, Vázquez Garced convocó la Sexta Sesión Extraordinaria para que la Asamblea Legislativa atendiera 26 medidas y 79 nombramientos a un mes y medio de las elecciones generales. El 30 de septiembre -antes de partir de viaje a Florida y Nueva York- enmendó la convocatoria para añadir y retirar nombramientos polémicos, que no contaban con los votos para pasar el crisol del Senado y la Cámara de Representantes. En esa enmienda incluyó el nombramiento del secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza Osvaldo Soto García como comisionado asociado del Negociado de Telecomunicaciones, una designación que originalmente extendió a su secretaria de prensa Mariana Cobián Rodríguez, pero que retiró por presión pública.

Este constituyó el segundo nombramiento de Soto García en dos semanas. Inicialmente Vázquez Garced lo nombró como contralor, pero el propio funcionario solicitó el retiro de su nombre ante la oposición que enfrentó la designación porque carecía de la experiencia y las cualificaciones para ocupar el puesto.

Con esos aires, Vázquez Garced viajó a Estados Unidos y dejó en marcha un plan para nombrar a su marido en ausencia. Ya en Estados Unidos, el secretario Márquez Hernández actuando como gobernador interino recibió una llamada para informarle que de camino a su escritorio iba una enmienda a Sexta Sesión Extraordinaria que incluía el nombramiento a juez del Apelativo de Díaz Reverón, según fuentes de NotiCel.

Esa intención de la Gobernadora alarmó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al candidato a gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quienes comenzaron a mover su maquinaria para detener la designación ante el costo político de esa acción a un mes de las elecciones.

Márquez Hernández finalmente se negó a firmar la enmienda, pero de haberse materializado el nombramiento hubiera incurrido en conducta censurada por la OEG.

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“Finalmente, la acción de que usted nombre a su cónyuge o, en la alternativa, de que el Gobernador Interino lo nombre, pondría en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Ello, pues el público tendría serias dudas sobre los méritos del nombramiento que realiza el Primer Ejecutivo. Actuaciones que lesionan el buen nombre del Gobierno y ponen en tela de juicio la función gubernamental, tienen un efecto perjudicial sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía en sus instituciones gubernamentales”, argumentó Pérez Vargas.

El 8 de octubre, La Fortaleza informó que Vázquez Garced ya estaba de regreso a la Isla y que había arrojado un resultado negativo a la prueba de Covid-19.

Al día siguiente recibió la opinión de la OEG.

Mira la opinión de la OEG aquí.