Mientras el Gobierno encamina la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María, la participación ciudadana juega un papel determinante en asegurar que el dinero que llegue a la Isla por la vía federal sea utilizado para esos propósitos y que su inversión rinda frutos en las áreas donde es más necesitado.

La incidencia ciudadana, en ese aspecto, no debería percibirse como una intromisión ni un ataque al Gobierno, mucho menos debe reducirse a una lucha político-partidista, sino que debe verse como una colaboración en la que ambas partes persiguen el mismo objetivo del bienestar colectivo.

Ese es uno de los criterios que deben adoptarse en Puerto Rico a juicio de líderes comunitarios del estado de Texas, quienes tras el impacto de los huracanes Katrina, Dolly, Ike y Harvey promulgaron cambios a nivel estatal y federal para asegurar la participación y la recuperación equitativa.

'Esto puede ser la oportunidad para empezar a cambiar esa noción de que si preguntas o si quieres transparencia estás mal. Es empezar a decir 'mira, es bastante dinero, es bastante responsabilidad y tenemos que configurar que este dinero se use para lo que se intenta usar, que es para ayudar a las víctimas de un huracán', y eso no debe ser político', expresó Martha Sánchez, líder comunitaria en LUPE, organización que se basa en la creencia de que cuando las personas trabajan unidas, pueden provocar un cambio.

Sánchez visitó Puerto Rico junto a John Henneberger y Josue Ramírez, ambos de la organización Texas Housers, con tal de discutir los principios y derechos que deben regir el proceso de reconstrucción, a propósito de la llegada de $8.2 billones en fondos de Desarrollo y Revitalización Económica de Comunidades Post Desastre (CDBG-DR, por sus siglas en ingles).

Tras la subvención federal, el Departamento de la Vivienda develó un calendario de vistas públicas para determinar el uso de esa suma.

El despliegue de fondos CDBG-DR forma parte del Plan de Recuperación y Reconstrucción para Puerto Rico que el Gobierno sometió al Congreso de los Estados Unidos con el pedido de $118,000 millones.

No obstante, antes de hacerlo se encontró en los tribunales con la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, que exigió la traducción del documento al español a beneficio de aquellas personas que no comprendan el ingles. Una situación similar vivió Sánchez, de origen mexicano, en Texas, pues gran parte de esa población es de habla hispana.

'Tenemos que desarrollar una cultura de que la gente entienda que no somos enemigos del Estado porque preguntamos cosas. Es nuestra responsabilidad cívica. La participación cívica no es solo votar. La participación cívica es estar pendiente de lo que hace el Gobierno y poder hablar en contra de las cosas que hace el Gobierno que no están bien, que a veces ellos piensan que están bien, pero necesitan la opinión de la comunidad. Necesitas ser la conciencia del Gobierno, eso es algo que se desarrolla', explicó Sánchez.

En su caso, y luego de una larga batalla, las comunidades texanas lograron insertarse en las conversaciones fiscales para que el Gobierno invirtiera en las áreas más afectadas por los huracanes, que en su mayoría albergaban grupos marginados y de menor ingreso.

Sánchez hizo hincapie en la existencia de grupos talentosos y educados para encabezar la participación comunitaria.

El Departamento de la Vivienda señaló del 15 al 19 de octubre para vistas públicas y el 21 del mes como límite para que el público someta comentarios sobre el Plan de Acción CDBG. Este documento define cómo se atenderán las necesidades humanitarias de los residentes de la Isla.

Para Ramírez, en cambio, los encuentros públicos son una oportunidad para que el Gobierno ponga en práctica la transparencia, pues ya es palpable el entendimiento colectivo de que la responsabilidad fiscal de la Isla se distancia de la responsabilidad de recuperación post desastre.

'Hay mucha historia aquí de ver en que estado ha llegado la Isla porque no han estado o no ha habido esa rendición de cuentas. Entonces, creo que no es algo ilógico sugerir o cuestionar. Si dejamos que estos billones de dólares vengan a la Isla y no se sepa cómo se están distribuyendo, va a ocurrir lo mismo', recalcó Ramírez, quien ha abogado por las necesidades del vecindario en las colonias de Valle del Río Grande en Texas.

Desde el punto de vista de Henneberger, por su parte, los sobrevivientes de un desastre cuentan con cuatro derechos fundamentales: el derecho a escoger su lugar de vivienda, el derecho a quedarse en su hogar y no desplazarse a otras áreas, el derecho al trato igualitario sin ser discriminado por su capacidad económica, y el derecho a participar, a modo de ser fiel a los pilares de toda democracia.

'No es un ataque al Gobierno, se trata de humanizar la situación. Eso no es un acto hostil, sino de humanidad. De eso es lo que estamos hablando cuando decimos recuperación de desastres. Las personas deben hablarle humanamente al Gobierno y el Gobierno necesita ser sensitivo y escuchar lo que dicen', afirmó Henneberger, quien se ha destacado en la ayuda a personas de bajos ingresos en Texas a solucionar problemas de vivienda en sus comunidades.

El trío llegó a Puerto Rico de la mano de Espacios Abiertos y en su corta estadía compartieron con grupos comunitarios locales la experiencia en los Estados Unidos.