Aunque desde abril la Administración Rosselló Nevares urgió la extensión indefinida del programa de Asistencia de Vivienda Transitoria (TSA, por sus siglas en ingles) para las familias que perdieron todo tras el paso del huracán María por Puerto Rico, el juez federal Timothy S. Hillman, denegó el recurso de interdicto que obligaría a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a extender la ayuda.

Aún así, el Juez pidió que el programa dure hasta la medianoche del 13 de septiembre. 'Urjo a las partes con carácter de urgencia a trabajar juntos en una opción de vivienda temporera o alguna otra asistencia a los demandantes u otros miembros de la clase antes de esta fecha', dictó Hillman a la vez que resaltó que su decisión es un juicio legal más que moral aunque no necesariamente con el resultado correcto.

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El programa TSA provee albergue temporero en hoteles o moteles a los sobrevivientes del huracán. El 8 de marzo se extendió hasta el 14 de mayo. Para abril, se debía estudiar cada caso para reconsiderar si el beneficario del programa cumplía las condiciones establecidas por FEMA. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se adelantó a las revisiones al solicitar que, sin tomar en cuenta las evaluaciones individuales, el programa fuera extendido hasta el 30 de junio.

En julio, una orden judicial permitió extender el programa de FEMA hasta al menos el 23 de julio, luego que a ocho meses de entrar el vigor estuviera en agenda culminar el sábado, 30 de junio. Desde su activación el 31 de octubre de 2017, el programa de Asistencia de Vivienda Transitoria fue extendido al menos dos veces y alojó a 7,029 familias entre Puerto Rico y Estados Unidos. En terminos de individuos, se trata de 10,795 personas que se fueron de Puerto Rico desde esa fecha.

El TSA es financiado por la agencia federal bajo la Sección 403 de la Ley Stafford, sujeto a un pareo de fondos estatales, no obstante, el gobierno local no puso ni un centavo porque FEMA se encargó del pago en su totalidad. Para sostener la operación, destinó $84.1 millones.

Con el fin del programa no queda claro cuántos regresarán a la Isla. Entre los estados con mayor presencia boricua por concepto del TSA se encuentran Florida, Massachussets, Nueva York, Pensilvania y Connecticut. El viaje de regreso de estas familias deberá ser costeado por ellos, puesto que FEMA no pagó por el traslado.