El programa federal Asistencia de Vivienda Transitoria (TSA, por sus siglas en ingles) fue extendido hasta el 14 de mayo, pero con requerimientos mayores, reveló hoy un funcionario de FEMA.

El programa de vivienda temporera tras el paso del huracán María por el que se han beneficiado muchas familias puertorriqueñas será otorgado ahora sólo a las familias que ya gozan de este beneficio y aquellas que cualifiquen bajo los nuevos requerimientos impuestos por el gobernador Ricardo Rosselló, dijo el portavoz de FEMA, Daniel Llargues.

De acuerdo con lo que publica hoy el Orlando Sentinel, el programa TSA, que expiraba el 20 de marzo, le está ofreciendo techo a 3,580 familias afectadas en diversos hoteles y moteles en 41 estados y Puerto Rico. De esa cantidad total, 1,360 familias están en Florida.

La extension responde a una petición que hiciera el gobierno de Puerto Rico el pasado 28 de febrero, dijo Llargues, quien agregó que las extensiones se otorgarán 'caso a caso'.

Con los nuevos requerimientos se eliminan aquellos que se hospedan con familiares o amigos, los que han encontrado vivienda y aquellos cuyas viviendas en Puerto Rico ya están siendo reparadas bajo el programa Tu Hogar Renace.

Sin embargo, NotiCel había adelantado que una extension de este programa deberá ser subvencionado por el Gobierno de Puerto Rico, cosa que no está contemplada en el Plan Fiscal entregado a la Junta de Control Fiscal.

El Plan Fiscal revisado, que traza la ruta del país por los próximos seis años, se enfoca en la obtención de más fondos federales y su inversión con el fin de recuperar y reconstruir la Isla, no en la respuesta de emergencia --estado en que algunos aún viven.

La subsistencia del TSA, según el Stafford Act, se nutre de fondos federales y un porcentaje de pareo monetario proveniente del gobierno local, pero hasta el momento, ese no ha sido el caso.

Desde su activación el 31 de octubre, hasta el pasado 19 de enero, FEMA había incurrido en un gasto de $21,350,000 para costear el TSA sin colaboración financiera del Gobierno.

Una extensión representaría un gasto no presupuestado millonario.

Cualquier pedido de extensión o modificación al TSA debía surgir por parte del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, de acuerdo al Stafford Act.