Los portavoces de organizaciones comunitarias denunciaron el impacto económico, ambiental y en la vivienda de la Ley 22-2012, mejor conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

Una coalición de organizaciones comunitarias lanzó una campaña educativa de movilización, bajo el lema, “Not Your Tax Haven”, para exponer y detener la otorgación de exenciones contributivas a inversionistas, empresarios y empresarios extranjeros.

La unión se expresó en el Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan, y reclamó la falta de transparencia gubernamental. Asimismo, los portavoces denunciaron el impacto económico, ambiental y en la vivienda de la Ley 22-2012, mejor conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

“El gobierno de Puerto Rico aprobó la ley 22 en 2012 con el propósito de atraer lo que se han denominado, ‘individuos inversionistas’. Dicha ley no contiene un solo requisito de inversión pública y hoy, luego de 10 años y de otorgar sobre 4 mil decretos, aún no tiene el gobierno la capacidad para fiscalizar y publicar los informes que establece la propia Ley como requisito.” indicó Julio López Varona, director de Campañas del Centro para la Democracia Popular.

La Ley 22 concedió exenciones contributivas sobre ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que “advienen residentes de Puerto Rico”. Las disposiciones de esta ley ahora están incluidas en la Ley 60-2019, mejor conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”.

Según López Varona, la “ineficiencia del gobierno” no brinda claridad sobre las consecuencias económicas y sociales que han tenido los decretos. Asimismo, resaltó que el mayor impacto se ha reflejado en las comunidades que han sido desplazadas de sus hogares.

De igual manera, la portavoz de la organización VAMOS, Sandra Cruz, destacó que la población de Puerto Rico se ha reducido en un 12% en los últimos 12 años.

“Alrededor del 40% de la población puertorriqueña vive bajo el nivel de pobreza y las personas se van porque continuamos recortando servicios esenciales y derechos laborales, supuestamente para pagar la deuda del país. No obstante y a pesar de la crisis económica, continuamos otorgando estas exenciones contributivas sin ningún requerimiento mínimo de inversión en la isla y manteniendo la carga económica sobre la población que permanece en Puerto Rico”, indicó Cruz.

La coalición indicó que hay intención en algunos legisladores para enmendar o derogar la ley, sin embargo, no es la mayoría.

“Sé que el senador Juan Zaragoza presentó un proyecto para enmendar la ley, ponerle algunos controles y unos requisitos más fuertes; y también Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño presentaron proyectos para eliminar la ley, pero no ha pasado nada. También, hubo unas investigaciones en la Cámara de Representantes y el Senado que resultaron en un montón de información que se le peticionó al Departamento de Desarrollo Económico que ellos no entregaron. Hay una intención real por enmendar o eliminar la ley, pero lo que pasa es que no es la mayoría”, explicó la coalición.

Según lo informado en la conferencia, el último Informe de Gastos Tributarios del Departamento de Hacienda proyecta $342 millones en ingresos no captados para el 2023, por concepto de la Ley 22. La cifra total, según proyectada por Hacienda, es de $2.2 mil millones entre el 2017 al 2023 en fondos que el gobierno de Puerto Rico proyecta que ha perdido, específicamente, como consecuencia de los decretos otorgados a través de la Ley 22.

Para concientizar sobre la Ley 22, la coalición creó la página prnosevende.com, en la que usuarios podrán entender cuáles son los propósitos de la ley, los requisitos y problemas que provoca como los siguientes: la crisis de vivienda, la agudización de la crisis económica y la falta de transparencia gubernamental.

“Como estrategia novel en nuestro archipiélago, PR No Se Vende invita a personas interesadas a sumarse a la campaña, escribiendo el código LEY22 al 25463 por mensaje de texto. Esta herramienta ayudará a personas a recibir actualizaciones periódicas y oportunidades para tomar acción directa para derogar la Ley 22 en Puerto Rico”, aseguraron los portavoces.

La campaña también cuenta con una estrategia paralela en la esfera federal que pretende atender el tema de la evasión contributiva y la investigación que realiza al respecto el IRS. Esta iniciativa será liderada por afiliadas del Centro para la Democracia Popular y grupos de la diáspora.

Según López Varona, la unión de las organizaciones es “bastante grande”, y procurarán educar a toda persona que se contacte para enfrentar el año eleccionario de manera informada. Asimismo, los integrantes de la coalición no descartaron unir a portavoces de pueblos que han sido directamente afectados por los desplazamientos como Loíza y Vieques.

“Cuando VAMOS comenzó la campaña ‘No te Dejes’, teníamos personas que representan esos pueblos. Ahora estamos haciendo esta campaña, y vamos a seguir haciendo los acercamientos y pronto veremos mayor representación”, explicó Cruz.

De igual manera, el portavoz López Varona indicó que parte de la campaña es señalar cómo la Compañía de Turismo de Puerto Rico ha sido cómplice de los desplazamientos, y por esta razón, convocaron la conferencia frente al edificio de la entidad.

“Parte de la campaña es un poco esa idea de cómo ‘Discover Puerto Rico’ ha atraído a gente de Estados Unidos para que vengan, vivan y en parte casi para que se desplacen. Entendemos que la Compañía de Turismo ha sido un poco cómplice en ese trabajo, y estamos aquí un poco denunciando el impacto mediático que ha tenido ‘Discover Puerto Rico’, y la Compañía de Turismo en perpetuar el desplazamiento de nuestras comunidades”, señaló López Varona.