Apuntaron que cerca de 920,000 viviendas no necesariamente cumplen con los códigos y parámetros de planificación.

El reto que enfrenta Puerto Rico para atender la necesidad de vivienda es uno “enorme”, asegura la Asociación de Constructores (AC), que lo atribuye por un lado a un sistema de permisos complejo e ineficiente que desalienta la construcción formal de viviendas y por otro a la alta carga gubernamental de costos aplicados a la vivienda.

En comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, la organización sostuvo que según sus estimados, los costos aplicados a la construcción representan entre un 12% y 25% del preclo de cada unidad de vivienda, entre arbitrios de construcción, exacciones por impacto, y otros impuestos o cargos aplicables.

“Además, enfrenta el impacto sustancial de la inflación y aumentos en costos de materiales, mano de obra y demás vertientes del desarrollo de proyectos que hacen mucho más costoso construir vivienda. Ello hace que la brecha entre costo de la vivienda y la capacidad adquisitiva de comprador se amplíe, obligando al gobierno y al sector privado a identificar maneras para mitigar y reducir esa brecha”, sostienen en ponencia escrita firmada por su presidenta Vanessa De Mari y presentada ante la Comisión por Emilio Colón. El organismo legislativo investiga las condiciones de vivienda de Ia población de Puerto Rico.

Estimó la organización en su escrito que en la base del problema social y económico planteado está la proliferación de unidades de vivienda construidas por la vía informal, que representan cerca del 55% de la vivienda construida, que se estima en un universo de 1.6 millones de viviendas.

“Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el 98% de las viviendas severamente impactadas tras el huracán María en Puerto Rico fueron construidas por la vía informal. De otra parte, las viviendas formales, que se construyeron siguiendo las códigos establecidos por el gobierno recibieron poco o ningún daño. Esta dicotomía de por sí es alarmante, cuando se considera que la mayoría de las viviendas se construyen sin los permisos aplicables y sin pasar por el crisol de validar cumplimiento con los códigos vigentes de construcción y los parámetros de planificación correspondientes”, sostienen.

Apuntaron que cerca de de 920,000 viviendas no necesariamente cumplen con los códigos y parámetros de planificación, sobre 250,000 fueron construidas en áreas inundables, propensas a deslizamientos y/o sujetas a otros riesgos estructurales.

“Como contexto, el 70% de todas las viviendas que existen hoy en Puerto Rico fueron construidas antes del 1980. Este data es importante si consideramos que los requisitos de diseñar y construir con resistencia a terremotos se adoptaron en 1987. Muy pocas viviendas han sido construidas usando el código de construcción actual”, advirtieron.

“Por otro lado, el sistema y el proceso de permisos para construir formalmente una vivienda es costoso, complejo y enmarañado, lo que representa un problema que aparenta no tener fin. Para resolver su problema habitacional, la población buscará vías alternas para construir sus viviendas por la vertiente informal. Es precisamente lo que fomenta el sistema que históricamente hemos tenido en nuestro pueblo”, recalcan.

Sus propuestas para empezar a atender el problema incluyen que el gobierno uniforme y reduzca los costos gubernamentales aplicados a vivienda asequible y que además ajuste los topes de la vivienda de interés social, para atemperarlos a la realidad actual de incremento de costos para construir unidades de vivienda.

De la misma forma indican que se deben revisar y atemperar las 'income limits', establecidos por Servicio del Censo, con los cuales se determina la elegibilidad de los ciudadanos para participar de diversos programas de vivienda con fondos federales, así como evaluar la efectividad de las diversos programas de asistencia al comprador de vivienda, a fin de hacer los ajustes y cambios que hagan falta para que los mismos operen con la mayor eficiencia y agilidad, y respondan cabalmente a la necesidades de vivienda de las familias e individuos.

“Al mismo tiempo, respaldamos que se estructuren o implementen programas de asistencia para proveer el apoyo técnico, y las guías necesarias para que las familias e individuos que no puedan adquirir vivienda en una urbanización, condominio u otro proyecto similar puedan construir su vivienda, por medios y recursos propios, pero cumpliendo con la utilización y aplicación correcta de planos, adhiriéndose a elementos básicos de los códigos de construcción y siguiendo normas básicas de planificación”.

En la misma audiencia Neyda Ortiz, secretaria de asuntos legales del Departamento de la Vivienda, presentó un repaso de los proyectos que se llevan a cabo mediante el Programa CDBG-DR.

“El Plan de Acción CDBG-DR, según enmendado, define el uso que se daría a los más de $10,000 millones en fondos CDBG-DR, aprobados por el Congreso de Estados Unidos y asignados por HUD a Puerto Rico para la recuperación de la Isla a raíz de los daños y pérdidas generadas por los huracanes Irma y María, en septiembre de 2017”, explicó.

Mencionó que el Plan de Acción CDBG-DR contempla el Programa de Viviendas de Interés Social, con una asignación de fondos de $32.5 millones. Este programa crea oportunidades de vivienda para poblaciones con necesidades especiales, tales como: personas sin hogar, personas de edad avanzada, víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad intelectual, de desarrollo o física, pacientes de VIH/SIDA, e individuos que se recuperan de la adicción, sostuvo.

A preguntas de la presidenta de la Comisión, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, indicó que para el Programa de Asistencia al Comprador son 6,109 familias las impactadas, mientras que en el programa de entrega de títulos son 395 familias y en viviendas de interés social hay 18 proyectos a través de 12 organizaciones sin fines de lucro.

Pedro Cintrón de la Administración de Vivienda Pública (AVP) explicó por su parte el Plan de Mejoras Permanentes que forma parte del Plan Anual y el Plan de 5 años. “En el mismo, se identifican las propiedades que recibirán fondos federales de mantenimiento y/o modernización durante los próximos cinco años. Al presente, el Residencial Bernardino Villanueva en Aguadilla se encuentra en la primera fase de su modernización, la cual impactará 132 unidades de vivienda con un costo de construcción revisado $24 millones”.

Mencionó además los proyectos que están en proceso de subasta o de publicación de documentos de subasta para modernización comprensiva, que son el Agustín Stahl en Aguadilla con 88 unidades; Brisas del Turabo en Caguas con 122 unidades; Bella Vista en Arecibo con 150 unidades; y Alturas de Cupey con 154 unidades.

Héctor Morales, que representó la Junta de Planificación, presentó los datos estimados de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del 2021. “En los estimados de vivienda a cinco años de la Encuesta sobre la Comunidad del 2021 se había estimado 1,553,791 unidades de viviendas existentes. Las unidades de viviendas ocupadas se estimaron en 77%. (1,196,790)”, indicó.

Argie Díaz del Departamento de la Familia, repasó mientras tanto, los programas de vivienda que ofrecen para sus participantes, entre los que mencionó el Programa de Soluciones de Emergencia e informó que se han atendido sobre 29,000 participantes. “Destacamos que el Departamento de la Familia recibió una asignación especial bajo los fondos del Cares Act para atender la población de personas sin hogar”, mencionó.

Agregó que la Administración de Familias y Niños a través de la Administración Auxiliar de Prevención a la Comunidad, contrata entidades gubernamentales y no gubernamentales, que brindan servicio de albergues a las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos. Los programas son subvencionados bajo los fondos federales de “The Family Violence Prevention and Services Act”, señaló.