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Solo pesquisa federal contra primos de Pierluisi permitió a Vivienda detectar irregularidades

Pese a las auditorías anuales -que son únicamente a través de un muestreo-, la agencia no logró advertir las anomalías cometidas por los parientes del gobernador en la AVP.

Agentes federales en Pierluisi Isern Law Offices, donde llevaron a cabo un allanamiento el 20 de octubre pasado.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

Solo la investigación que desarrollaban las autoridades federales el año pasado permitió al Departamento de la Vivienda detectar las irregularidades que estaban cometiendo en la agencia Walter y Eduardo Pierluisi, los primos del gobernador que ejecutaron un esquema para lucrarse personalmente en casi $4 millones.

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez, indicó a NotiCel que "una vez comenzó el proceso de investigación y el proceso de solicitud de documentos posterior al allanamiento que hubo en las oficinas (el 20 de octubre pasado), nosotros evaluamos toda la documentación que pudimos recopilar y entregar al gobierno federal y fue evidente un incumplimiento de contrato como parte de esos documentos que se recopilaron".

Al final, fue ese incumplimiento de contrato, que salió a la luz gracias a la investigación federal, lo que motivó a la agencia a cancelar el acuerdo mantenido con la empresa American Management and Administration Corporation (AMAC), que llevaba 30 años administrando residenciales públicos de la Isla.

Según Rodríguez, el acuerdo con AMAC "conllevaba una contratación en particular que requería el consentimiento de la Administración de Vivienda Pública (AVP) y ese consentimiento expreso no se dio. Al no darse, constituyó una violación inmediata al contrato y se tomó la determinación de cancelarlo, a la vez que también había una investigación federal en curso de carácter criminal".

"¿Cuándo detectó la agencia esta situación? Cuando comenzó el proceso de investigación federal, en que nos solicitaron toda la documentación, de múltiples contratistas, y evaluamos cómo se había llevado a cabo la contratación en cada uno de ellos y pudimos percatarnos de que esa era la situación"

Cuestionado por las labores de fiscalización en Vivienda, el secretario expuso en una conferencia de prensa en La Fortaleza que "nosotros hacemos por muchos años auditorías anuales, monitorías de distintas áreas, fiscales, de contratación, y se hacen a todos los agentes administradores y se hacen por método de muestreo. Y no se había encontrado nada de este tipo de situación", en referencia a las irregularidades de la empresa.

Insistió en que "nosotros periódicamente hacemos auditorías sobre muestras. A raíz de los hechos de este caso y de la investigación, nosotros encomendamos una auditoria externa que está yendo 100% sobre lo que es el tema de contratación de todos ellos y todo lo que son los pagos".

Abundo que "ahora mismo se está en un proceso total de auditoría sobre esta compañía y los contratos que tuvo vigente con la AVP. Estamos en ese proceso, una vez culmine emitiremos el informe correspondiente. No tenemos fecha cierta. Estamos dando espacio a los auditores para que hagan su trabajo. En unos meses deben tener un informe".

Tan solo entre 2010 y 2022, cuando la administración Pierluisi canceló el contrato de AMAC después de que las autoridades federales realizaran el allanamiento, la empresa tuvo a su cargo $73 millones en fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) para administrar 5,017 unidades de vivienda pública en 12 municipios.

Sobre el esquema por el que están siendo acusados a nivel federal, consistía en que existían dos empresas sobre las cuales los acusados tenían control indirecto que eran suplidores de AMAC.

Como parte de su contrato con el gobierno, AMAC sometía las facturas de sus suplidores, que estaban infladas. Entonces, esas dos empresas, le devolvían dinero a los acusados por distintas vías: pagos a otras empresas que los acusados controlaban, cheques a nombre de terceros que los acusados cambiaban y se quedaban con el dinero o tarjetas de débito que se le daban a los acusados para que sacaran dinero directamente de las cuentas de los suplidores.

Además del robo de fondos, esta madeja de conflictos de interés entre AMAC y los suplidores estaba prohibido en el contrato de la empresa.

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