La organización que agrupa a los alcaldes populares antcipó que de no recibir respuesta en o antes del 1 de mayo, acudirán a los tribunales para impugnar la decisión de la JSF.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, pidió, en conferencia de prensa, reunión con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para discutir el futuro de los municipios tras la aprobación del Plan Fiscal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el 2023 a 2024 que reduce el Fondo de Equiparación.

Hernández Ortiz señaló que el Fondo de Equiparación sirve como complemento de ingresos a los municipios más pequeños para costear los servicios a la ciudadanía. Por ende, si no se toma acción para atender el recorte, decenas de municipios tendrían que eliminar servicios como recogida de basura, seguridad pública, manejo de emergencias e iniciativas deportivas, culturales y de salud al inicio del año fiscal 2023 a 2024 el 1 de julio de este año.

“Me parece irresponsable, por parte de la Junta, no atender nuestra preocupación de que los servicios esenciales se ponen en riesgo. También, me parece irresponsable pedir a los municipios que continúen operando con fondos federales, reconociendo que se le quitan todos los recursos estatales. Señor gobernador, le damos la oportunidad y le pedimos una reunión de emergencia. Los alcaldes y las alcaldesas queremos saber cuál es el plan de acción para trabajar la pérdida de servicios esenciales que enfrentarán los municipios tras la negativa de la Junta”, expresó Hernández Ortiz, quien es alcalde de Villalba.

Como parte de su llamado, el presidente también solicitó a Pierluisi Urrutia que cumpla con su palabra de la asignación de $1millón para todos los municipios para continuar los trabajos de recuperación post huracán Fiona.

De igual manera, Hernández Ortiz indicó que se separen $150 millones de los $300 millones del Plan Fiscal aprobado, que no han sido asignados, para garantizar servicios esenciales por los próximos 5 años. De esta manera, se podrán realizar los cambios estructurales y la creación de nuevas alternativas de recaudo que sustituya los $350 millones que “ya le han quitado a los 78 municipios”.

“Recordemos que el gobierno estatal estuvo sin pagar sus deudas y de ahí llegó la Ley PROMESA. Mientras todo esto sucedía, los municipios estuvimos pagando a los bonistas, con un año de adelanto. Esa es una realidad que no todos conocen. Sumado a esto, los municipios hemos hecho grandes ajustes en todos los sectores”, aseguró el presidente de la Asociación.

Durante la conferencia, también se hizo hincapié en que se descentralice el gobierno, comenzando con educación, emergencias médicas y carreteras, ya que los recortes en los municipios, según el presidente, superan los $350 millones. Asimismo, Hernández Ortiz señaló que los municipios han tenido que asumir las consecuencias de los cierres de oficinas regionales de agencias, ya que los establecimientos cada vez están más lejos de los ciudadanos en necesidad.

Para añadir a sus planteamientos, el presidente de la Asociación señaló la importancia de la reingeniería del CRIM, ya que el CRIM es la principal fuente de recaudo. Según Hernández Ortiz, se le ha pedido a la Junta que “vea con seriedad” la posibilidad de descentralizar el CRIM y darle los recursos de capacitación “para captar mayores fondos sin aumentar los impuestos a la gente”.

De igual manera, el alcalde de Villalba informó que se propuso la reingeniería municipal para la maximización de los consorcios municipales, y trabajar en áreas de eficiencia municipal. Esta propuesta incluye el bienestar animal y el reciclaje.

“Le hemos pedido a la Junta que accione con los consorcios para crear regiones municipales que puedan atender el tema del reciclaje, no solamente para recibir ese material, sino también crear economía dirigida hacia eso. También, hemos pedido que nos ayuden a reestructurar nuestra deuda, ya que el Estado reestructuró su deuda”, señaló Hernández Ortiz.

La Asociación aseguró que, de no recibir respuesta por parte del gobernador, en o antes del 1 de mayo, acudirán a los tribunales, hacia la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para impugnar la decisión de la Junta.

“La Junta no ha comprendido que los que dan servicio directo somos nosotros. Por ahí debemos empezar. Si la Junta no comprende, pues yo creo que la jueza sí, y que la jueza se de cuenta que los municipios brindan servicios esenciales, y le están quitando los recursos. Yo creo que, al final del camino, no nos va a quedar de otra que ir al tribunal, y si es así, pues es lamentable”, puntualizó Hernández Ortiz.