La alcaldesa de Loíza, Julia M. Nazario, arremetió contra los miembros del ente federal por una supuesta falta de sensibilidad ante los ciudadanos que se benefician de las ayudas municipales.

El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, expresó, en conferencia de prensa de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, que no descarta “tomar medidas drásticas”, como protestar, para defender el bienestar de los municipios tras recortes por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La expresiones del alcalde surgieron a preguntas de la prensa, luego de que el presidente de la Asociación, Luis Javier Hernández Ortiz, exigiera una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para discutir el futuro de los municipios tras la aprobación del Plan Fiscal por parte de la Junta para el 2023 a 2024 que reduce el Fondo de Equiparación.

“Yo creo que no debemos descartar nada. Nosotros, en el área central, estamos huérfanos de todo. Un anciano puede tener dinero en el bolsillo, pero ¿te vale tener dinero si no hay un cuidador que vaya todos los días a darle los servicios? Todos los días tengo que llevar a alguien a Ponce, a Río Piedras y esperar que salgan a las 5:00 p.m. Hay que ser drásticos. Yo creo que nosotros debemos tirarnos a la calle para que vean el servicio que todos los municipios le brindan a las personas que más lo necesitan”, sostuvo el alcalde de Jayuya.

Hernández Ortiz señaló que el Fondo de Equiparación sirve como complemento de ingresos a los municipios más pequeños para costear los servicios a la ciudadanía. Por ende, si no se toma acción para atender el recorte, decenas de municipios tendrían que eliminar servicios como recogida de basura, seguridad pública, manejo de emergencias e iniciativas deportivas, culturales y de salud al inicio del año fiscal 2023 a 2024 el 1 de julio de este año.

Para añadir a lo expresado por González Otero, el presidente de la Asociación indicó que protestar es una posibilidad que se puede revisitar.

“Se ha discutido con los propios empleados municipales, lo que pasa es que nosotros no queremos poner en riesgo los servicios que brindamos. Sin embargo, yo creo que aquí hay muchas alternativas dramáticas que tendremos que evaluar, porque por lo que veo, la Junta no ha entendido lo que estamos planteando. Es algo que tenemos que revisitar”, señaló Hernández Ortiz.

Por otro lado, la alcaldesa de Loíza, Julia M. Nazario, no titubeó en arremeter contra los miembros de la Junta por falta de sensibilidad ante los ciudadanos que se benefician de las ayudas municipales.

“Loíza es uno de los pueblos que dependen de los Fondos de Equiparación, y a mí me gustaría saber qué vamos hacer sin esos fondos. Creo que hay una gran insensibilidad por parte de los miembros de la Junta que comen bien; que comen filete y beben champán para reunirse a discutir lo que le pasa a los municipios. En esa Junta se debió haber sentado gente más sensible, y no millonarios que nos ven a nosotros de lejos y no pueden entender lo que es darle zapatos a una niña que no tiene para ir a la escuela”, señaló Nazario.

La Asociación aseguró que, de no recibir respuesta por parte del gobernador, en o antes del 1 de mayo, acudirán a los tribunales, hacia la jueza Laura Taylor Swain del Tribunal Supremo de Estados Unidos, para impugnar la decisión de la Junta.