Un proyecto de ley a esos fines fue objeto de discusión ayer en audiencias públicas en la Cámara de Representantes

Un proyecto de ley que propone otorgar poderes al Comisionado de Seguros de Puerto Rico para revisar y determinar la valoración de daños a la propiedad en reclamaciones que estén en controversia enfrenta la oposición del sector de seguros y enmiendas propuestas por la mencionada oficina.

El proyecto de la Cámara 1533 fue objeto de discusión este miércoles en audiencias públicas que celebró la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de dicho cuerpo legislativo.

En representación de la industria, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), rechazó la medida y argumentó que este proyecto de ley “no tiene precedente ni cabida en las jurisdicciones en los Estados Unidos y, como parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC en inglés), nos preocupa que el referido proyecto dé la imagen de inestabilidad jurídica de negocios con la que se asocie a Puerto Rico”.

Israelia Pernas, directora ejecutiva de la ACODESE advirtió que “de aprobarse este proyecto, lesionaría a la industria de seguros y reaseguros en la isla, los cuales, contrario a la percepción popular, son un componente necesario para el adecuado funcionamiento del país”. Argumentó además que el proyecto coloca al regulador en una posición de conflicto con sus funciones.

Sostuvo Pernas que, según las cifras más recientes provistas por el Comisionado de Seguros al 20 de septiembre de 2022, el total de reclamaciones pendientes se ha reducido ya que se continúan transigiendo litigios. “Hay unas 1,800 reclamaciones pendientes, de las cuales 1,400 están en litigio en los tribunales. A pesar de todos los obstáculos, y si bien es cierto que varias reclamaciones de seguros han llegado a los tribunales, de todas las reclamaciones presentadas ante los aseguradores solo resta resolver el .06%. Esto demuestra que la industria de seguros sí ha respondido a sus asegurados”, apuntó.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams, expresó por su parte que para que esa agencia gubernamental pueda dilucidar una controversia sobre valoración de daños de reclamaciones, esta debe circunscribirse a controversias sobre el ajuste de la reclamación, específicamente de seguros de propiedad.

“Proponemos que el proyecto especifique que la intervención de la OCS será en controversias de valoración de reclamaciones de seguros de propiedad surgidas luego del ajuste de la reclamación realizado por el asegurador, y una vez que la controversia entre el asegurado o reclamante y el asegurador este madura”.

Sugirió que se establezca un tope o límite de la cuantía reclamada en la controversia. Propuso que se explore facultar la intervención revisora en aquellas disputas sobre valoración en reclamaciones de propiedad que no sobrepasen los $300,000, en las que el asegurador tuvo la oportunidad de realizar el ajuste y resolución de reclamación conforme con lo establecido en el Código de Seguros.

“Son estas reclamaciones de propiedad las que hemos identificado que cubren a la mayor cantidad de asegurados y reclamantes y que los costos de un litigio prolongado en los tribunales a los que se ven expuestos para vindicar una discrepancia con la oferta y valoración de su reclamación frustra su derecho a que se revise la propuesta de pago del asegurador”, añadió.

Coincidió, sin embargo, con los objetivos del Proyecto “ya que nos provee de poderes y facultades adicionales que nos sirven de herramienta para ayudar a los asegurados y reclamantes que recurren a nuestra Oficina en búsqueda de un remedio ágil y económico para resolver sus diferencias con la valoración y oferta que le han hecho los aseguradores en pago de sus reclamaciones, en particular, las de propiedad”.

Rechazó, por otra parte Adams que la facultad revisora del ajuste del asegurador de estas reclamaciones de propiedad que se propone brindar a la OCS por medio del Proyecto, “en nada propone un conflicto de interés en nuestra función reguladora como los detractores del Proyecto han pretendido y señalado en la prensa”

Al respecto, agregó, que “es importante señalar que, por su complejidad e importancia económica y social, el Estado decidió reglamentar rigurosamente la industria de seguros mediante la adopción del Código de Seguros de Puerto Rico”.

En contra de la medida se expresó también Hilda Surillo, vicepresidenta ejecutiva de MAPFRE, que sostuvo que esta legislación es una insólita en la industria de seguros, particularmente porque en la jurisdicción del NAIC no está contenida en ninguna legislación modelo. “De ser aprobada esta medida, afectará negativamente la capacidad de seguros para Puerto Rico. Además, pudiera poner en riesgo nuevamente la acreditación de la OCS”, declaró.

A favor de la misma compareció el presidente de la Federación de Condominios y Control de Acceso (FEDCCA), Ignacio Veloz, quién denunció falta de pago de las reclamaciones por parte de aseguradoras.

“Por la falta del pago, muchos condominios tuvieron que acudir a los Ajustadores Públicos y luego a los abogados para poder obtener una compensación justa para poner como estaba el condominio antes del Huracán (María). Después de más de cinco años del Huracán María las aseguradoras no han pagado las reclamaciones a más de 100 condominios y a diez que representa la FEDCCA”, dijo Veloz.

Denunció que muchos titulares no pudieron recibir una compensación para arreglar sus apartamentos y tuvieron que buscar préstamos o dinero de otra manera para poder vivir su apartamento.

Apoyó que este proyecto le dará un poder al Comisionado “para que las aseguradoras le paguen a los asegurados en un tiempo razonable”.

La presidenta de la Comisión, Estrella Martínez Soto, recalcó por su parte, que lo que se busca con la medida en discusión son “alternativas viables y más agilidad”.

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