Este proyecto es evaluado por la Cámara de Representantes.

Agencias gubernamentales, entidades privadas, y las dos organizaciones que representan a los alcaldes del país, expresaron reservas con un proyecto de ley que propone eximir a los ciudadanos del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o impuestos en la otorgación de escrituras públicas o declaraciones juradas necesarias para la solicitud de asistencia ante una agencia del gobierno federal o estatal en medio de la declaración de una emergencia.

El Colegio Notarial de Puerto Rico fue una de las entidades que se opuso al Proyecto de la Cámara 1517, tal y como está redactado, por entender que resulta “demasiado amplio”. El presidente de la organización, Arsenio Comas Rondón, aseguró que ya existen programas que proveen servicio notarial libre de costo a los ciudadanos en nivel de pobreza que necesitan ayuda para tramitar beneficios o asistencia del Estado.

Recalcó que, al no tener distinción de clase alguna el proyecto, el alcance de esta medida podrá afectar los ingresos de los notarios y del propio Estado. Recomendó que la medida se enmiende para colocar límites razonables a la exención de pago bajo criterios de indigencia o pobreza.

“Con la aprobación de la medida se benefician sectores que realmente tienen capacidad de pago y que bajo el pretexto de un desastre natural desvirtúen el propósito de la medida y reciban una exención inmerecida que al final afecta los ingresos del notario y del propio Estado”, expresó Comas Rondón en su memorial explicativo.

La Federación de Alcaldes coincidió con la postura del Colegio Notarial y solicitó que la comisión cameral defina el concepto de “individuo” de manera que la medida, de convertirse en ley, beneficie específicamente al ciudadano individual y organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria que puedan haber sido afectadas por las emergencias.

“Entendemos que el propósito de esta medida es loable y que tiene que ser una responsabilidad fundamental de nuestro gobierno facilitar al ciudadano que pueda tener las herramientas para cumplir con los requisitos de las agencias locales y federales”, indicó en su ponencia escrita el presidente de la Federación, Gabriel “Gaby” Hernández.

La Asociación de Alcaldes rechazó también el proyecto por considerar que le restará recaudos a los municipios en las circunstancias de una emergencia.

Por otro lado la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda difirieron sobre el impacto fiscal que tendrá la propuesta.

La primera indicó en la vista pública donde se evaluó el proyecto, que entienden que la medida no incide sobre el Plan Fiscal o el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debido a que trata sobre situaciones que ocurrirían en estados de emergencia y no en el curso normal de la operación gubernamental.

Por tal razón, dijo el principal oficial legal de la agencia, Luis Rivera Cruz, no son transacciones que se contemplan típicamente para la proyección de ingresos del Estado.

Recordó que en el pasado se han adoptado mecanismos similares para eventos específicos que pudieran servir de ejemplo para el fin que persigue la medida. Ejemplo de ello, indicó, es la Ley 57 de 2020 que, a diferencia de la legislación propuesta, decretó una exención en el pago de los aranceles correspondientes como resultado de eliminar el requerimiento de declaración jurada.

Contrario a esa posición, el Departamento de Hacienda sostuvo en su memorial explicativo a que la medida no cumple con lo dispuesto en el Plan Fiscal debido a que propone una exención sobre ciertos ingresos que percibe el gobierno sin alguna fuente de repago o reducción de gasto para subsidiar la potencial pérdida de fondos.

Adelantó la agencia que aún se encuentra en el proceso de analizar el impacto fiscal que podría significar el proyecto.

El proyecto es evaluado por Comisión para la Preparación ante una Emergencia de la Cámara de Representantes, presidida por Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quién expresó que su preocupación mayor es que “para acceder a cualquier tipo de ayuda que está ofreciendo tanto el gobierno estatal como el gobierno federal se le exige un sinnúmero de documentos a las familias de escasos recursos. Esto conlleva unos gastos, y muchas veces estas personas no tienen ni dinero para ir a las oficinas”.