Dichos aumentos debieron ser efectivos el pasado 1ro de enero, pero no han sido implementados aún por problemas con el manejo de datos del proceso administrativo.

Los aumentos salariales que traerá al Plan de Clasificación y Retribución del gobierno central deben ahora entrar en vigor el próximo 28 de febrero, informó la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado.

Dichos aumentos debieron ser efectivos el pasado 1ro de enero, pero no han sido implementados aún por problemas con el manejo de datos del proceso administrativo y la fragmentación de la información en las agencias de gobierno, señaló al deponer ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes

“Por ser un proyecto abarcador y trascendental, supone un proceso cuidadoso y ordenado de transición. En esa línea, destacamos que el proyecto busca proveer una compensación a nivel de mercado de la fuerza laboral del servicio público. Es decir, no se trata meramente de examinar el salario devengado por un empleado en determinado rol sino de examinar si el paquete de compensación -entendido en su sentido mas amplio- corresponde a la realidad de! Mercado”, sostuvo al explicar la complejidad del proceso.

A esos efectos, agregó, “la falta de uniformidad y consistencia existente entre los sistemas de las entidades concernidas ha propiciado la necesidad de llevar a cabo un ejercicio minucioso de validación de la información de los empleados que se encuentran en el Sistema RHUM (Sistema de Recursos Humanos Mecanizado). Tal acción resulta imprescindible para asegurar la corrección y exactitud de la data contenida en dicha aplicación y evitar repercusiones por errores que puedan surgir”, agregó.

Indicó que la fecha de su implementación esta sujeta al ejercicio de validación antes mencionado, próximo a concluir, mientras recalcó que en el caso de aquellos empleados que experimenten un ajuste en su salario el mismo será retroactivo al 1 de enero de 2023.

Precisó que están trabajando con el personal del servicio de carrera. “Entendíamos que hay que darle prioridad. Es el personal que ingresa a base del principio de mérito al servicio público a través de sus competencias, solicitar un puesto y ser evaluado, y hay mayor restricción al momento de reclutar en cuanto a la asignación de salarios”, dijo Maldonado.

La funcionaria estuvo acompañada por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco, y coincidieron en que no prevén algún otro inconveniente que atrase nuevamente la implementación de los aumentos salariales.

Indicaron, por otro lado, que  en el plan fiscal certificado se contemplan $99 millones para los ajustes de salarios y $33 millones para nuevos nombramientos de empleados provenientes del Fondo General.

Además, informó Blanco, en el presupuesto certificado para el presente año fiscal se encuentra una partida de $59 millones para la implementación de la Reforma del Servicio Público, que se trabaja simultáneamente al Plan de Clasificación.

“Aquí lo que se hizo fue un trabajo para asegurar que todo empleado del gobierno de Puerto Rico tenga un salario competitivo basado en el mercado laboral existente. Sí, podemos decir que, una vez completemos este ejercicio, el 100% de los empleados que pasan por este proceso van a tener un salario competitivo”, afirmó.

Explicó la directora de la OATRH, que se implementarán 25 nuevas escalas salariales bajo el Plan de Clasificación que colocarán el pago promedio de los empleados en $10.15 por hora. Actualmente, recordó, el salario mínimo estatal es de $8.25 por hora.

Durante la audiencia el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, reclamó que en esos ajustes salariales se incluyan todos los empleados del gobierno, entre ellos los trabajadores de las agencias que no están cobijadas por la Ley 8-2017, las corporaciones públicas, las ramas legislativas y judiciales, así como el personal de rango.

Maldonado indicó que el universo de empleados de carrera en la rama ejecutiva, con excepción de las corporaciones públicas, es aproximado a los 100,000 trabajadores.

Hernández opinó que las asignaciones destinadas a la implementación de las nuevas escalas salariales, que suman $132 millones, son partidas suficientes para honrarle un aumento salarial a la totalidad de empleados públicos y uniformar las escalas salariales.

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