Participarán del cónclave el secretario de Justicia, la contralora, un experto en este tipo de casos, fiscales y el director de Carreteras, para un caso que según Domingo Emanuelli hay una “posible conducta criminal".

Una reunión de alto nivel se realizará el viernes en Justicia por el caso del puente atirantado de Naranjito, que exhibe fallas estructurales y reparaciones en las que se utilizó cartón.

Otro de los problemas estriba en la corrosión de los cables de acero.

Actualmente, el puente solo mantiene dos carriles abiertos, pero la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció que desde el 30 de enero la vía será cerrada al tránsito para iniciar labores de mejoras.

El caso generó la reacción de Justicia, que ayer designó un fiscal especializado de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de la agencia y hoy Emanuelli Hernández abundó en la situación.

“Cuando la noticia surge, y la señora contralora dice que va a investigar y que se iba a comunicar con Justicia -de hecho lo hizo el jueves-, yo inmediatamente la llamé para ponernos de acuerdo y estamos pautados para reunirnos este viernes la contralora, una especialista que ellos (la Contraloría) tienen, yo, la fiscal que va a estar trabajando en este caso y el director o subdirectora de Carreteras (ACT)”, contó el secretario.

Aseguró que “este pueblo tiene que hacer valer sus derechos para que estos abusos no vuelvan a ocurrir. Aquí va a haber una investigación. Hay una posible conducta criminal y varias situaciones, pero para eso se requiere que se haga una auditoría de ese proyecto como tal, examinar el contrato, examinar prueba pericial, cómo estuvo la estructura diseñada, cómo estuvo construida, si estuvo de acuerdo a los planos. Esto es un caso que tomará tiempo”.

Aseguró que “todo lo que haya que evaluar se va a evaluar. Este es un tipo de construcción tan complejo, pero la investigación va a ser bien profunda, va a llevar tiempo y, sobre todo, se van a buscar peritos que sean de renombre, respetados”.

Adelantó que se investigará al desarrollador, a las agencias de gobierno involucradas.

“Vamos a investigar a Raimundo y todo el mundo”, afirmó.

En cuanto al hecho de que habría documentos desaparecidos, comentó que “vamos a buscarlos y examinarlos. Y si no están, vamos a preguntar por qué y quién es el responsable”.

Sobre la posibilidad de que los delitos que posiblemente se cometieron prescriban, el funcionario dijo que “ese tipo de cosas se van a cotejar. Pero ese derecho a la prescripción ha estado sujeto a interpretaciones y nosotros vamos a evaluar todo eso, tanto el aspecto civil como el criminal. Y hay que acordarse que hay unos delitos que si son cometidos por funcionarios públicos no prescriben”.

“Nosotros investigamos a todo el mundo, no tenemos ni colores ni partido… Si hay una responsabilidad se va a adjudicar. Todo el que cometa un delito o falta va a ser procesado” acotó.