Un informe de ASES que se había mantenido oculto desde mayo pasado, y que ahora la agencia clasifica como “borrador”, midió el desempeño de las aseguradoras locales contra estándares del gobierno federal.

Un informe que la Administración de Seguros de Salud (ASES) preparó en mayo pasado, pero que no se había publicado hasta ahora, concluye que en Puerto Rico no cumple con los requisitos federales de atender la salud mental de la misma forma que se atiende la física y que tres de las cuatro aseguradoras del Plan Vital, y la propia ASES, se han hecho de la vista larga sobre el monopolio deficiente que representa APS Healthcare, el proveedor al que le han delegado los servicios de salud mental en casi toda la isla.

Las cuatro aseguradoras contratadas en el plan de salud público, -Plan de Salud Menonita (PSM), First Medical (FM), Triple-S (SSS) y MMM-, incumplen con requisitos de su contrato con relación a los estándares de servicios de salud mental. Pero PSM, FM y SSS tienen la complicación de que han decidido subcontratar su área de salud mental a la misma empresa, APS, que, según el propio informe, ha sido y todavía es un proveedor deficiente que incumple con los estándares federales mínimos. MMM tenía contrato con APS, pero lo canceló en noviembre de 2021.

El informe fue reportado inicialmente por En Blanco y Negro con Sandra, pero NotiCel lo obtuvo y corroboró independientemente.

A solicitud de este diario digital, la directora ejecutiva de ASES, Edna Marín, calificó el documento como un “borrador”, a pesar de que en ninguna parte del mismo se le identifica como tal y de que una fuente aseguró era de carácter final.

“En ánimo de procurar un debido proceso de sana administración pública, el mismo será compartido con las aseguradoras para auscultar su opinión. Una vez hayamos recibido sus insumos, en o antes del 15 enero de 2023 según establecimos como fecha límite, los evaluaremos y tomaremos las medidas necesarias contra las aseguradas o proveedores de servicios de salud que estén en incumplimiento”, añadió.

La explicación que provee el informe sobre el por qué se llevó a cabo el ejercicio no incluye ninguna consulta posterior con las aseguradoras y una parte de los datos fueron provistos por esas mismas compañías. El informe tiene un propósito doble: cumplir con un requisito del Center for Medicare and Medicaid Services (el regulador federal del Plan Vital) sobre la política federal de paridad que dicta que a la población se le deben ofrecer servicios de salud mental y de salud física en igualdad de condiciones y cumplir con un requerimiento de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Aunque el informe está desde mayo, en septiembre el gobierno volvió a renovar el contrato de Plan Vital a las mismas cuatro aseguradoras que reflejaban deficiencias en el área de salud mental y, en ese mismo periodo, ASES se mantenía sin cumplir con rendir informes federales sobre calidad del servicio a los pacientes, según admitió en una demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo. ASES es la única entidad en la isla con autoridad legal para fiscalizar a estas aseguradoras.

El contexto de los hallazgos sobre la dejadez en los servicios de salud mental es que Puerto Rico es la tercera jurisdicción de Estados Unidos con mayor incidencia de problemas de salud mental. De hecho, la línea de crisis PAS, que opera la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA), registró un aumento en llamadas de 429% entre su nivel prepandémico y el nivel de uso durante la pandemia. A pesar de esto, el dinero destinado al servicio en esta área es solo un 5 a 10% del total destinado a la salud en general. De ese porciento minúsculo, más de la mitad va a hospitales y otras instalaciones, en vez de a centros de cuidado individual o centros comunitarios de apoyo.

En el servicio que deben proveer por contrato a los 1.5 millones de pacientes bajo Plan Vital, todas las aseguradoras han incumplido desde 2018 en tener disponible por lo menos un psicólogo por cada municipio que cubre. Los pueblos en el interior de la parte oeste de la isla, así como el suroeste, están en las regiones de mayor incumplimiento con este requisito. De la misma forma, habían 32 municipios sin por lo menos un psiquiatra como proveedor de Plan Vital. El informe contrasta que, en el mismo periodo, la isla tenía 192 psiquiatras que no aparecían en la lista de contratado por APS, por lo que esa deficiencia no era por falta de disponibilidad de profesionales.

En cuanto a satisfacción de los pacientes, los indicadores muestran que desde 2016 las tres aseguradoras que contratan a APS están cada vez más por debajo de los estándares mínimos federales. Facilidad y rapidez para conseguir citas, tiempo de espera, oportunidad de evaluar y aceptar o rechazar tratamiento y calidad de la información provista al paciente son algunos de los estándares que APS no cumple.

El control de APS en los servicios de salud mental es tal que el informe reconoce dos problemas estructurales que esto ha creado. El primero es que la falta de competencia no permite desarrollar comparaciones en cuanto a servicio y tratamiento y el segundo es que las aseguradoras no podrían cancelar a la vez sus contratos con APS porque crearía una crisis en la disponibilidad de estos servicio.

“Los informes demuestran ejecutorias por debajo de los estándares esperado. La verificación de parte de las aseguradoras de estas ejecutorias reportadas por APS no reflejan intentos y consistencia en la frecuencia de su monitoreo, en datos monitoreados o en resultados de mejoría por planes de corrección sobre áreas”, dice el documento para consignar que las aseguradoras se han hecho de la vista larga sobre las fallas de su proveedor de salud mental.

“APS Healthcare ha rendido todos sus años de servicio a una población frágil y que se deteriora por circunstancias sociales, económicas, y hasta de eventos naturales. Una población cautiva a un modelo de contratación única de las aseguradoras que no ofrece alternativa de otros proveedores, modelos de contratos financieramente adecuados con proveedores o formas de servicio para trabajar la necesidad de salud mental fuera de APS”, expone el informe sobre los efectos del control que se le ha dado a APS.

El informe recomienda que los contratos con las aseguradoras sean enmendados para provocar que la parte de salud mental vaya a un solo proveedor, de la misma forma que servicios de salud física no se concentran en un solo proveedor. Que las aseguradoras de Vital preparen un plan de trabajo para moverse a contratación de múltiples proveedores de salud mental, que ASES corrobore los datos que proveen las aseguradora y que estas “tomen medidas vigorosas y creativas para cubrir y mejorar las limitaciones en sus redes de servicio de salud mental”.

Para ver el informe, pulse aquí.

Vea: Los servicios de salud mental en la isla: inaccesibles e inconsistentes