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Gobernador evalúa medida que da derecho a ciudadanos a tomar acción legal en casos ambientales

Pedro Pierluisi Urrutia, quien tiene hasta el fin de semana para decidir si firma el proyecto de la Cámara 474, podría imponer a la pieza legislativa un veto de bolsillo.

Pedro Pierluisi Urrutia en el Centro de Convenciones durante una actividad de Turismo.
Foto: Juan R. Costa

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo hoy que está evaluando el futuro del proyecto de la Cámara 474, que otorga derechos a ciudadanos y organizaciones que quieran tomar acción legal en contra de personas que incumplan con la política pública ambiental.

Tras participar en una actividad de Turismo en el Centro de Convenciones de Miramar, el mandatario dijo que la medida “está bajo evaluación. Yo en estas cosas lo que busco es un balance. Es importante que yo reciba el insumo de todas las agencias concernidas, así como de mi equipo de trabajo en La Fortaleza”.

Añadió que “ya me deben conocer: yo busco un balance. Pienso que lo importante aquí es que tengamos un sistema de permisos que funcione, que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar en vistas públicas que se lleven a cabo y que se notifique a quienes se le debe notificar cuando se va a otorgar un permiso de construcción. Yo voy a estar velando por esas cosas y que ese sistema sea funcional y que todos tengan la oportunidad de impugnar permisos cuando entienden que no son correctos o adecuados”.

Por otro lado, mencionó que “nunca he favorecido el exceso y el llegar a los extremos. Aquí queremos por un lado desarrollo económico y por el otro queremos conservar nuestros recursos naturales, particularmente áreas ecológicamente sensitivas”.

El primer ejecutivo del país tiene hasta este fin de semana para tomar una decisión, ya que la medida está bajo su consideración desde el pasado 18 de noviembre y tiene 30 días para firmarla o desestimarla.

“Para esa fecha tengo que decidir si lo firmo o no lo firmo. Si no lo firmo, se convierte en un veto de bolsillo. Aunque no tengo que expresar mis motivos o razones, en ese momento dado veremos. Cualquier ley que yo no firme, se puede preguntar las razones y voy a hacer lo posible por contestar las preguntas”.

Entidades ambientalistas reclaman que Pierluisi Urrutia firme el proyecto.

“El propósito es garantizar que tanto las entidades como las personas y las comunidades puedan acudir a los tribunales y hacer cumplir la política pública ambiental cuando es violentada por alguna irregularidad. Lo que estamos pidiendo es que se haga justicia donde se garantice a la ciudadanía poder acudir a los tribunales a poder defenderse y defender la naturaleza”, expresó ayer Vanessa Uriarte, directora de la organización Amigos del Mar, en entrevista con NotiCel.

La medida fue aprobada por el Senado de Puerto Rico el 1 de noviembre con 14 votos a favor, 10 en contra, dos abstenidos y uno ausente.

Luego de la aprobación, la Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas del Senado y lo aprobó el 9 de noviembre con 31 votos a favor, 17 en contra, ninguno abstenido y dos ausente.

La directora de Amigos del Mar indicó que no debería existir ninguna objeción sobre un proyecto que busca “hacer justicia”, y la mayor preocupación de su organización es la impunidad que existe.

“No existe ninguna razón por la cual Pedro Pierluisi no deba firmar este proyecto. Por el contrario, firmar este proyecto sería un acto de justicia para todas las personas y organizaciones que se han visto afectadas. Así que vendrían a enmendar un error de interpretación judicial que simplemente abre una puerta para que las personas puedan defenderse”, indicó Uriarte.

El proyecto de la Cámara 474 pretende crear “Ley de Legitimación Activa Ambiental” para otorgar legitimación activa plena a cualquier persona en Puerto Rico que, “motivada por un deseo legítimo para hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier acción, causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos”.