Otras dos exfuncionarias del municipio también fueron investigadas y exoneradas.

Una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) no encontró irregularidades por parte de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto y otras exfuncionarias en una denuncia sobre los manejos del programa Head Start de la capital, por lo que la misma fue archivada.

El director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, informó hoy que los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG culminaron una investigación sobre Cruz Soto, y que además involucraba a la exdirectora del Programa de Head Start municipal, Myrna Hernández Serrano y la expresidenta de la Junta de Gobierno del Programa de Head Start Yvette del Valle Soto. En la denuncia se alegaba que las tres exservidoras públicas habían incurrido en actos de negligencia que provocaron la pérdida de fondos federales relacionados al programa de Head Start.

“Los abogados de la Oficina evaluaron un planteamiento que llegó en agosto de 2021, por el alcalde de San Juan, Hon. Miguel A. Romero Lugo. Posteriormente, en marzo de 2022, se recibió un referido del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, tras concluir en una investigación sobre los mismos hechos, que no procedía una designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). La investigación realizada por el Lcdo. Ángel L. Ortiz López de la OEG, giró en torno al resultado de una monitoría de la Administration for Children and Families (ACF), al Municipio de San Juan, para el periodo de 2015 al 2020 relacionada a aspectos de Salud y Seguridad. Esta incluyó la evaluación de documentos y declaraciones juradas a testigos, así como la prueba contenida en el expediente investigativo del FEI”, expresó Pérez Vargas en un comunicado de prensa.

Pérez Vargas mencionó que, según surge del informe emitido al Municipio de San Juan por la ACF el 4 de abril de 2016, se notificaron deficiencias relacionadas con estándares de conducta y ausencia de supervisión del personal destacado en los Centros. Como parte de la evaluación de la prueba obtenida para la investigación, el abogado de la OEG, corroboró que luego del señalamiento, la señora Hernández Serrano y la señora del Valle Soto, realizaron una reunión el 2 de junio de 2016, para discutir los señalamientos de la auditoría y las medidas aplicadas para atender las deficiencias. Como parte de esas medidas se aprobaron reglamentos y ordenanzas para establecer mecanismos adicionales de seguridad y se adiestró a los empleados para prevenir situaciones futuras. El 30 de junio de 2016, la ACF emitió otro informe de seguimiento en el que reportó que las deficiencias notificadas al Municipio de San Juan habían sido atendidas y corregidas, por lo que dio por culminado el proceso.

Explicó el Director Ejecutivo de la OEG, que “el propósito de las monitorias de la ACF es velar por el cumplimiento de los concesionarios con los requisitos del programa de Head Start y evaluar si el beneficiario del programa cualifica para la renovación automática o debe ir a competencia abierta para mantener la subvención. El que el Municipio de San Juan incurriera en señalamientos por deficiencias, no provocó una pérdida de fondos públicos, lo que produjo fue que el Municipio tuviera que entrar en un nuevo proceso de solicitar los fondos, pero ahora en competencia abierta, en lugar de recibirlos de manera automática. Posteriormente, aunque el Municipio obtuvo una reducción de la subvención, los servicios a los niños de San Juan, no se vieron interrumpidos y los fondos se encuentran actualmente administrados por otras entidades calificadas. El Municipio nunca perdió la capacidad para competir por los fondos del programa Head Start, la corrección de las deficiencias fue lo que le permitió continuar compitiendo por los fondos federales”.

Pérez Vargas dijo que, de la información corroborada en la investigación del abogado de la OEG, Ortiz López, no surge que la exalcaldesa, ni Hernández Serrano, ni Del Valle Soto, hayan incurrido en negligencia crasa. Haber cumplido con el plan de acción correctiva permitió que continuaran compitiendo por la subvención. De otra parte, bajo el marco legal vigente, no hubo una pérdida de fondos públicos.

Según la comunicación, al no existir evidencia que sustente violaciones a la Ley Orgánica de la OEG, bajo una prueba clara, robusta y convincente, se procede al archivo de la investigación.