Según el componente fiscal del Gobierno, lo propuesto ya está contenido en la Ley PROMESA, que es la que dio origen a la Junta de Supervisión Fiscal.

El proyecto de ley de la delegación popular en la Cámara Representantes que propone que la Legislatura tendría que aprobar cualquier reasignación de fondos que fueron destinados a “servicios esenciales” en el presupuesto gubernamental, no fue endosado por el componente fiscal del Ejecutivo, que recalcó que lo propuesto ya está contenido en la Ley PROMESA, que es la que dio origen a la Junta de Supervisión Fiscal.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1, que busca crear la “Ley para Definir los Servicios Esenciales y Garantizar las Asignaciones Presupuestarias a dichos servicios y a la Promoción del Desarrollo Económico y a la Creación de Empleos de Puerto Rico”.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, reconoció que la intención legislativa del proyecto está dirigida a procurar que no se afecte la salud, la educación ni la seguridad de los puertorriqueños, así como el desarrollo económico de la Isla.

Sin embargo, en su ponencia escrita ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, señaló que actualmente, no es necesaria la aprobación de la medida, “puesto que interfiere con las disposiciones establecidas por la Ley PROMESA”.

Precisó que la misma dispone que “si el Gobernador envía una petición a la Legislatura solicitando una reprogramación de cualquiera de las cantidades de un presupuesto certificado, el Gobernador someterá dicha solicitud a la Junta de Supervisión, la cual se encargará de analizar si la reprogramación propuesta es significativamente inconsistente con el Presupuesto, y presentará su análisis a la Legislatura tan pronto como sea posible luego de recibir la solicitud”.

En términos similares se expresó el asesor legislativo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Jean Peña Payano, que sostuvo que los propósitos de la medida, en su mayoría, ya están enmarcados dentro de los lineamientos del Plan Fiscal Certificado y la Ley PROMESA. “De hecho, el Plan Fiscal Certificado establece que dentro del mismo se contempla el presupuesto necesario para financiar los servicios públicos esenciales”.

Igual planteamiento hizo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), que su ponencia expresó que “los servicios esenciales están cobijados ante el marco de la ley federal y el Plan Fiscal del Gobierno”.

El Departamento de Hacienda dejó en manos de la OGP y la AAFAF opinar sobre los méritos de la medida al plantear que “la participación e incumbencia de este Departamento con las disposiciones de la medida en discusión es mínima”.

Expresaron que debido a que la aprobación del referido proyecto tendría un impacto al fisco, desde el punto de vista presupuestario, e incide con las disposiciones del Plan Fiscal, “recomendamos que se ausculte la postura tanto de la OGP como de la AAFAF”

El presidente de la Comisión, el representante Jesús Santa Rodríguez, explicó durante el proceso que la intención de esta vista pública es “iniciar un diálogo para ver qué procedimientos presupuestarios vamos a implementar como gobierno luego de la Ley PROMESA… Ese plan, de cómo va a funcionar el gobierno cuando se vaya la Junta, no lo podemos dejar para lo último”, dijo.