El Departamento de Seguridad Pública, por su parte, favorece el proyecto de ley.

La legislación que persigue extender los beneficios de pensiones por muerte en el cumplimiento del deber a los policías municipales que, estando franco de servicio, realicen una intervención y sean atacados, resultando el ataque en una incapacidad o muerte, fue objetada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), por carecer de una evaluación de su impacto fiscal.

El proyecto cameral 535, que busca enmendar la Ley 27-1958, conocida como Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber, fue analizado esta semana en vista pública por la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.

A la misma compareció el asesor legislativo de la OGP, Roberto Rivera, quien advirtió que “hay que ver el impacto que podría tener la implementación de esta medida en cuanto a presupuesto”.

Afirmó al respecto la aprobación de esta legislación “implicaría un impacto fiscal determinado, toda vez que de su contenido no se disponen datos que nos permitan estimar el mismo, en cuanto a la inclusión de este grupo de servidores públicos”.

Recomendó entonces a la Comisión realizar un estudio sobre la viabilidad de esta propuesta.

Explicó que será necesario además que el Administrador del Sistema de Retiro, en colaboración con la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, realicen un estudio actuarial que incluya, sin limitarse, la cantidad de empleados que podrían cualificar para ser beneficiarios y la escala salarial de cada uno de ellos.

Agregó que según un estudio realizado por la OGP en el mes de febrero del 2021, había una totalidad de policías municipales de aproximadamente 3,838 activos en servicio.

“Reconocemos la importancia de la labor que llevan a cabo nuestros policías en el cumplimiento del deber, sin embargo, es importante realizar un análisis para conocer el impacto que habría con el proyecto en discusión”, reiteró.

Mientras tanto, la licenciada Omara Arias, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) indicó que esa agencia avala la medida. “La recomendación del DSP es que se tome en consideración la posición de la OGP por el impacto que ello conlleva. Asimismo, con la Federación y la Asociación de Alcaldes”, dijo.

Vea:

Carolina honra la memoria de los agentes caídos en el cumplimiento del deber