A cinco años de los fenómenos, aún falta por atender el 25%

El Departamento de la Vivienda completó hasta ahora la revisión de elegibilidad de 13,512 solicitudes de ayuda por daños a hogares provocados por los huracanes Irma y María, y otros impactos naturales desde entonces.

Dicho total, es parte de las 17,755 solicitudes activas que maneja la agencia, sostiene una ponencia firmada por el secretario William Rodríguez Rodríguez y presentado ante la Comisión de Vivienda de la Cámara por Maytte Texidor, en representación de este.

De esas 13,512 solicitudes cuya revisión de elegibilidad ha sido completada, 6,265 recibieron adjudicaciones de reconstrucción y reparación. Otros 1,995 solicitantes recibieron vales para reubicación.

Agregó la agencia que además, se han completado los trabajos de construcción (reparación y reconstrucción) en 4,270 casos, otros 1,053 casos se encuentran en la etapa de diseño y permisos (preconstrucción) y 1,355 ya en proceso de construcción.

Durante la audiencia, que evalúa el desarrollo del programa R3 en Puerto Rico, depusieron además varias de las empresas que manejan distintas fases de ese proceso.

Este programa R3, recordó el Departamento en su ponencia, fue diseñado para proporcionar asistencia para reparar viviendas dañadas o reconstruir estructuras significativamente afectadas en lugares fuera de riesgo y tiene un presupuesto asignado de poco más de $2,945 millones.

La empresa HORNE Puerto Rico, que desde el 2019 asiste a Vivienda con la administración y supervisión de la utilización de los fondos CDBG-DR asignados a la Isla, indicó que el 88% de la reconstrucción y reparación estos 4,270 hogares fue completada en los pasados 20 meses, luego que se flexibilizaran las reglas del Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda federal (HUD) para el manejo de este programa.

Lo mismo ocurrió con las subvenciones de los 1,995 vales para familias con necesidad de reubicación, de los cuales un 90% han sido otorgados en los últimos 12 meses, dijo Samir El Hage, Socio de Servicios Gubernamentales.

Desafíos encontrados

Por su parte la empresa AECOM Technical Services, Inc. uno de los cuatro Gerentes del Programa enumeró los desafíos encontrados durante la ejecución del mismo. “Como suele ser el caso, los programas CDBG-DR pueden iniciarse mucho después de que haya comenzado la fase de recuperación inicial de un desastre, mientras los programas dirigidos por FEMA generalmente se implementan en las etapas más temprana de la recuperación. Tal fue el caso en este Programa el cual no comenzó hasta finales de julio del 2019, dos años después del impacto del huracán María, principalmente debido al proceso de aprobación de HUD para obtener aprobación de un plan de acción”, sostuvo Luis P. Torres Pesaresi, que representó a la empresa.

“Tampoco es una sorpresa que la pandemia COVID-19 presentó desafíos para este programa y muchos otros esfuerzos de recuperación durante la primavera y el verano del 2020. Durante este tiempo nuestro equipo no pudo trabajar directamente con los participantes o realizar visitas a los hogares afectados”, agregó.

Un desafío adicional que mencionó fueron los esfuerzos asociados con el proceso de evaluación ambiental en aquellos casos con sensibilidad histórica y/o arqueológica, especialmente en el área de Ponce. “Los casos que entran en esta categoría requieren planificación adicional, consideraciones de diseño y aprobaciones de permisos de agencias relacionadas como la Oficina Estatal de Conservación Histórica y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, según corresponda, lo que resulta en tiempo adicional para completar el proceso de diseño y permisos”

Indicó finalmente que, como suele suceder en casos de grandes desastres naturales, el programa enfrentó desafíos asociados con la determinación de titularidad de las propiedades. “Para que los participantes avanzaran a través de las etapas del programa, se requirió un esfuerzo significativo para identificar la documentación necesaria para demostrar la elegibilidad del programa. Similar a nuestra experiencia en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, esta verificación de elegibilidad y titularidad de la vivienda no fue una tarea fácil”, dijo.

Reclaman aprobación de proyecto

Mientras tanto la directora y fundadora de Ayuda Legal, Ariadna Godreau Aubert argumentó que ahora “el momento de eliminar las trabas en los procesos de reconstrucción”, y reclamó la aprobación del Proyecto de la Cámara 22, para crear la “Ley de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades de Puerto Rico”.

“Necesitamos una Ley que permita proteger a las personas solicitantes de este (R3) y otros programas de fondos federales que discriminan por razón de ingreso. Sabemos, a parte de nuestra representación, que las familias con vale en mano no consiguen casas porque muchas veces los dueños o corredores de bienes raíces se niegan a aceptarlos”, señaló.

En la audiencia cameral participaron además dos familias que reclamaron enfrentar trabas para obtener la asistencia que necesitan.

Carmen Cuevas, residente de Ponce, informó que lleva 2 años y dos meses fuera de su casa, ya que el Departamento de la Vivienda y las empresas subcontratadas continúan trabajando en la reconstrucción de su hogar.

Sostuvo que los trabajos en la zona “se han detenido y ahora eso (la casa bajo construcción) se ha convertido en hogar para perros realengos”.

Reconoció que el Departamento de la Vivienda le está pagando el alquiler mientras se reconstruye su casa, pero se quejó que no hay avance.

Marilú Méndez y Moisés Vega, residentes de Naguabo, explicaron ´por su parte que recibieron un “voucher” de R3 para encontrar una vivienda segura, pero indicaron que el proceso de conseguir hogar cerca de su pueblo y comunidad ha sido cuesta arriba.

“Los problemas que hemos enfrentado para conseguir hogar es que casi todo el pueblo de Naguabo está en zona inundable, y esas casas no califican dentro del programa. Otra cosa es que el desembolso del “voucher” otorgado por Vivienda es una herramienta lenta y poco atractiva para los vendedores de hogares”, destacó Méndez.

Informaron que encontramos una casa en Naguabo que tiene los papeles al día y que está lista para comprarla, “pero los dueños se nos quieren arrepentir, por la espera del desembolso de Vivienda. Ellos (los vendedores) quieren el cierre ya. Nuestro temor es perder otra vez una oportunidad de conseguir una casa segura”, dijo Méndez.