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Sector de la salud de la Isla se une para lograr trato igualitario en el Medicaid

Acordaron pedir al gobierno de Estados Unidos que asuma el tema como un asunto “de vital importancia” y que respalde legislación federal, además de presionar para que se aumenten los fondos.

La comisionada residente Jenniffer González Colón se reunió hoy con varias organizaciones del sector de la salud.
Foto: Luis López

Quieren nivelar unas diferencias abismales entre Puerto Rico y Estados Unidos en el ámbito de la salud y un ejemplo lo grafica todo: para un paciente puertorriqueño de Medicaid a nivel de gastos federales se pagan en la Isla $2,142 al año por servicios de salud, mientras que la media para un estadounidense esa cifra sube hasta los $8,436.

Por eso y mucho más, la comisionada residente Jenniffer González Colón se reunió hoy con varias organizaciones del sector de la salud (privado, académico, de planes médicos, aseguradoras, laboratorios y proveedores, entre otros) en la búsqueda de que el gobierno de Estados Unidos aumente los fondos de Medicaid para la Isla.

En su oficina de la capital en el edificio de Medicina Tropical la comisionada residente expuso cuál es la situación que atraviesa Puerto Rico y los planes de las agrupaciones para ir como “una sola voz” al Congreso estadounidense, que es al fin y al cabo el que tendría la última palabra si se quieren aumentar esos fondos que, por el momento, llegan a 55 centavos por dólar de financiamiento federal para el sistema de salud del gobierno (plan Vital).

Esos fondos sirven para 1.5 millones de puertorriqueños que son cubiertos por el plan Vital, pero, en otra limitación, la Sección 1108 E (del acta del Seguro Social, que posibilita los dineros -de por sí ya limitados en comparación con Estados Unidos- impone un tope al dinero que se puede gastar (casi $400 millones).

Jenniffer González Colón.
Foto: Luis López

“Esto hace que Puerto Rico cada año tenga que poner más dinero para financiar el sistema de salud de la Isla”, aseguró González Colón.

Recordó que Puerto Rico llegó a recibir 4,800 millones -el 100% de los fondos federales- durante dos años tras el paso del huracán María gracias a una disposición especial “sin precedentes”.

Después de esa ayuda del 100%, se bajó el pareo federal a 86% y luego a 76%, pero el beneficio -que no es por ley, sino una medida de Salud federal- concluirá el 16 de diciembre próximo (terminaba el mes pasado, pero fue extendido), en momentos en que la Isla sigue recuperándose del ciclón de 2017, pero que sumó el terremoto de 2020, la pandemia, Fiona y mantiene 47% de la población bajo niveles de pobreza.

La asignación, a partir de diciembre, bajaría a $2,943 millones, “pero esto no es por ley (es decir, puede modificarse) y, por lo mismo, queremos que sea permanente; Puerto Rico está en desventaja, pero queremos garantizar que se nos extienda esto de manera permanente. Somos la única población de Estados Unidos que dependemos que se nos aprueben anualmente fondos para nuestro sistema de salud”, dijo la comisionada residente.

Además, alertó que de disminuirse los fondos muchas personas no tendrían acceso a la cubierta de salud “y sería una causa para que perdamos médicos, proveedores, servicios de salud y para que no se den ciertos servicios que estarían cubiertos en cualquier otro estado, como el cuidado prolongado, la vacunación de adultos, los medicamentos para diabéticos, transportación, entre otros”.

Sobre la decisión que espera de la administración de Joe Biden, dijo que no proyecta que el pareo de la ayuda federal para Medicaid regrese al 55%.

En cuanto a la posibilidad de regresar a ese porcentaje “estatutario” para González Colón sería “devastador para Puerto Rico. No prevemos que sea así, queremos una solución a largo plazo, permanente. O al menos de cinco a siete años. O el peor de los escenarios, dos años. Pero queremos que se mantenga en el 76% que tenemos actualmente”.

Los objetivos propuestos

Ante esta realidad, la comisionada residente señaló que con las organizaciones se buscará “que el gobierno federal asuma el tema del Medicaid como un asunto de vital importancia” y que respalde la legislación federal que toca la problemática (proyectos 265, 2217, 1825, 1826, 1823, 1969 y 7997).

También, se acordó con las organizaciones presentes “un plan de acción, ya que cada uno de estos organismos son parte de otros a nivel nacional (de Estados Unidos) que son más grandes y poderosas y que buscarán que el tema se incorpore” en la agenda política estadounidense, sostuvo la funcionaria puertorriqueña, quien también declaró que se hará una invitación para que estos grupos acudan al Congreso, que entrará en un “período medular” a partir del 1 de noviembre (que incluye elecciones de medio término).

Afirmó que este tipo de iniciativas “han sido efectivas en el pasado. Para María obtuvimos el 100% de fondos federales para la salud”.

A su vez, explicó que “a diferencia de esfuerzos anteriores, las matrices de las organizaciones de Puerto Rico van a involucrarse en esta iniciativa y vamos a allegar pesos pesados para presionar”.

El escenario en el Congreso

Sobre cómo se ve el escenario de esta iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, la comisionada residente comentó que “puede discriminar como quiera con Puerto Rico porque somos un territorio”, aunque opinó que “no es una opción que no suceda nada” con el esfuerzo que llevan adelante.

“El Congreso está en receso hasta el 1 de noviembre y va a haber una conversación abierta en la Cámara y Senado, aunque en diciembre se estaría aprobando la asignación de Medicaid para Puerto Rico (ya que es una decisión de Salud federal)”, acotó.

Al respecto, consignó el hecho de que “si uno va al Congreso dividido dicen 'si no se han puesto de acuerdo, nosotros tampoco'. Pero sabemos que el 76% actual es mucho más de lo que Puerto Rico tiene por ley (55%)”, lo que podría representar $3,652 millones al año.

Añadió que el mejor escenario para Puerto Rico es que la ayuda federal de Medicaid "sea permanente o, en su defecto, que sean siete años, para que la industria de la salud pueda planificar y tener certezas en las contrataciones, por ejemplo. Y si se da por dos años, que sea el máximo, que podrían significar los $3,652 millones al año".