Insiste en que no cumple con la Ley Promesa.

Tal como lo había advertido, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acudirá a los tribunales para intentar anular la Reforma Laboral.

En una carta dirigida a Omar Marrero, Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (“AFFAF”), la JSF comunicó que tomarán acciones legales ante la negativa del gobierno de no suspender la implementación de la Ley 41-2022, conocida como la Reforma Laboral.

Ya la Junta había advertido al Gobierno de Puerto Rico que tenía hasta el 4 de agosto para dejar sin efecto la Reforma Laboral por entender que no era cónsona con la Ley Promesa o, de lo contrario, acudirían a los tribunales.

''La Junta de Supervisión aprobó una resolución confirmando sus determinaciones previas con respecto a la Ley 41 y autorizando acciones legales para anular la Ley. En nuestra carta del 30 de julio de 2022, ofrecimos un enfoque para evitar litigios; a saber, dar su consentimiento a una orden simple que suspenda la Ley 41 mientras las partes discuten más a fondo las cuestiones planteadas por la Ley 41", reza la carta firmada por David A. Skeel, Jr., presidente de la JSF.

''Aunque el Gobierno ha rechazado este enfoque, le pedimos que lo reconsidere y nos informe de inmediato si el Gobierno ha cambiado de posición", agrega al final de la misiva.

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La Junta la JSF recordó que en repetidas ocasiones le informó al Gobierno su preocupación sobre el impacto negativo de la Ley en los ingresos del Estado Libre Asociado y el Plan Fiscal. Sin embargo, ''el Gobierno promulgó una ley que impacta a todos los empleadores privados en Puerto Rico sin comprender su impacto fiscal, en violación de PROMESA''.

''De hecho, incluso meses después de que la Junta de Supervisión compartió sus preocupaciones sobre la Ley, el Gobierno aún no ha preparado ni proporcionado una estimación formal, o incluso informal, del impacto de la Ley en los ingresos, como lo requiere PROMESA. En ausencia de tal análisis, que la Junta de Supervisión ha solicitado repetidamente, y el Gobierno no ha proporcionado, el Gobierno no tiene ninguna base para sacar conclusiones sobre el impacto de la Ley en los ingresos y gastos del Estado Libre Asociado. Como tal, el Gobierno no puede certificar bajo PROMESA que la Ley 41 no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal del Estado Libre Asociado certificado (el “Plan Fiscal”)", especifica Skeel.

Recordó que el 30 de julio de 2022, la Junta brindó otra explicación detallada de sus preocupaciones y un resumen de los hallazgos del Dr. Robert Triest, el experto económico que fue contratado por el ente para evaluar el impacto fiscal de la Ley.

''Esperando un diálogo constructivo, la Junta de Supervisión solicitó información al Gobierno, incluidos datos o análisis que respalden las posiciones del Gobierno o cuestionen las conclusiones del Dr. Triest. La Junta de Supervisión solicitó esta información para poder comprender completamente los puntos de vista del Gobierno y la base de esos puntos de vista. Lamentablemente, aparte de algunos comentarios sobre el análisis del Dr. Triest, su carta del 4 de agosto de 2022 no proporcionó la información solicitada", subrayó.

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En la respuesta, según la JSF, el Gobierno no proporcionó datos, estadísticas, estudios económicos, lógica u otra información para respaldar su declaración.

''Además, su carta admite que el Gobierno no ha realizado un análisis económico del impacto de la Ley 41 en los ingresos, alegando que dicho análisis es demasiado 'complejo y difícil'. En cambio, su carta propone un 'enfoque de esperar y ver', y propone realizar un análisis posterior a la implementación en algún momento no revelado y con una metodología indefinida", destacó.

''La Junta de Supervisión ha dejado clara su posición: (i) la Ley 41 contradice los requisitos claros del Plan Fiscal; (ii) el Gobierno no ha proporcionado la estimación formal requerida por PROMESA § 204; (iii) el Gobierno no ha certificado, y no puede certificar, que la Ley 41 no sea “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal; (iv) la Ley 41 aumenta sustancialmente los costos de empleo, lo que disminuye las nuevas inversiones y el empleo en Puerto Rico, y (v) la Junta de Supervisión ha determinado que la Ley 41 perjudica o anula los propósitos de PROMESA'', acotó.

No especificó, sin embargo, cuándo acudiría al tribunal para retar la Reforma Laboral.

Mientras, ya el gobernador Pedro Pierluisi había adelantado a principios de mes que no atendería la petición de la JSF de dejar sin efecto la reforma Laboral y que estaba dispuesto a ir a los tribunales donde, a su entender, es poco probable que se deje sin efecto la Ley.