La medida surge a raíz de los distintos sucesos que han despertado preocupación de la ciudadanía por posible brutalidad policíaca.

La reciente muerte del joven de 16 años Javier Cordero Nevarez, ha despertado una preocupación del posible abuso policíaco que tuvo la razón de ser de este incidente. Ante esto, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicó un proyecto que daría paso al Panel Independiente de Ciudadanos para la supervisar la gestión de Policía.

El Proyecto de la Cámara 1432 - que también tendrá su versión en el Senado - nace a raíz de la recomendación de diversas organizaciones, tales como Kilómetro Cero y la Comisión de Derechos Civiles, que han instado a que se cree un ente externo para fiscalizar a la Policía.

“Ante este panorama, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe actuar, para asegurar que se protejan adecuadamente los derechos de los ciudadanos. Bajo las normas del derecho internacional de los derechos humanos, los organismos gubernamentales vienen obligados, no sólo a abstenerse de quebrantar los derechos, sino a actuar de manera afirmativa para prevenir, investigar y castigar las violaciones”, lee la exposición de motivos de la pieza de la autoría del representante Denis Márquez Lebrón.

Según se desprende de la medida, el Panel tendrá la responsabilidad de investigar las alegadas violaciones y en aquellos casos meritorios, podrá iniciar las acciones correspondientes, ante los organismos adjudicativos que entienda. El mismo estaría integrado por siete miembros que no podrán ser funcionarios o empleados de alguna agencia de orden público, ni ocupar un puesto oficial en un partido político o “agrupación de ciudadanos”, ni ser funcionario electo. Además, deberán ser personas de reconocida probidad moral, residentes en Puerto Rico a la fecha de su nombramiento y con conocimientos en asuntos de derechos humanos.

Los miembros del Panel desempeñarán sus respectivos cargos por un período de seis años a partir de su nombramiento y hasta que sus sucesores tomen posesión. Los integrantes serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, en virtud de las nominaciones que le serán sometidas por los siguientes: Un miembro nominado por el Presidente del Senado de Puerto Rico; un miembro nominado por el Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico,; un miembro nominado por la Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; dos miembros nominados por el Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico; y dos miembros nominados, uno por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y uno por Kilómetro Cero.

Dentro de la autoridad del Panel, se podrán celebrar vistas públicas, requerir la comparecencia de testigos, o la producción de documentos o información electrónicamente almacenada, procurar la asistencia del Secretario de Justicia para que este le represente en toda acción por medio de la cual requiera el auxilio del Poder Judicial, entre otras cosas.

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