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Junta certifica un presupuesto enmendado de $23,500 millones

Dejó fuera los $50 millones que la Cámara de Representantes intentaba aprobar para el llamado barril de tocino.

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skeel, catalogó el presupuesto enmendado como ''un gran paso adelante para Puerto Rico''.
Foto: CyberNews

Los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal certificaron el martes un presupuesto enmendado para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para el presente año fiscal 2022 para incluir el Plan de Ajuste de la Deuda, los recientes aumentos en fondos federales y la recuperación de Puerto Rico del impacto económico de la pandemia del covid-19.

En la aprobación, la Junta dejó fuera los $50 millones en financiación del barril de tocino que la Cámara de Representantes de Puerto Rico propuso, pero no aprobó.

“Este presupuesto enmendado para el año fiscal en curso es un gran paso adelante para Puerto Rico. Las décadas de gastos deficitarios han terminado y Puerto Rico ha hecho un gran progreso en su camino hacia un futuro fiscal responsable. Los sustanciales fondos del año anterior que están disponibles permitieron a Puerto Rico reducir drásticamente sus futuros pagos de la deuda, lo que quita un peso a las futuras generaciones y libera una cantidad significativa en fondos para sufragar los servicios públicos que el pueblo de Puerto Rico necesita y merece”, dijo el presidente de la Junta, David Skeel en declaraciones escritas.

“Este presupuesto enmendado refuerza las pensiones y garantiza que se reserven los fondos para el pago de estas en el futuro. Esto sólo es posible gracias a la estabilidad y la previsibilidad que garantiza el Plan de Ajuste y al aumento significativo de la financiación federal”, añadió, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko.

La Junta certificó un presupuesto para el Fondo General de $23,500 millones: $12,500 millones en gastos de funcionamiento y $11,000 millones en fondos del año anterior. El presupuesto consolidado para Puerto Rico incluye el presupuesto del Fondo de Ingresos Especiales de $3,500 millones y el presupuesto del fondo federal de $7,800 millones certificado el 30 de junio de 2021 para el año fiscal actual que comenzó el 1 de julio de 2021.

Un tercio de dichos fondos se destinarán a pagos en efectivo a varios acreedores de Puerto Rico, que incluye $1,300 millones a los empleados públicos activos y retirados que nunca recibieron sus inversiones en el sistema de pensiones Sistema 2000, $575 millones para brindar recuperación a las pequeñas reclamaciones principalmente de los acreedores puertorriqueños, $229 millones para resolver las reclamaciones administrativas de ciertos puertorriqueños, y $147 millones a varios hospitales de Puerto Rico.

El presupuesto enmendado también refleja $684 millones anuales en pagos del servicio de la deuda reducida, el primer pago del servicio de la deuda por parte del Gobierno desde 2016.

Además, el Plan de Ajuste establece un Fideicomiso de Reserva de Pensiones financiado con $10,300 millones durante los próximos 10 años, lo que garantiza que las pensiones prometidas en el pasado puedan pagarse en el futuro. El presupuesto enmendado refleja la primera aportación de $1,400 millones a esta reserva para los retirados del gobierno que ayudará a financiar por completo las pensiones cuando las finanzas del gobierno disminuyan.

Además, el Plan Fiscal actualizado que la Junta de Supervisión certificó el 26 de enero de 2022 dispone $1,600 millones para mejorar los beneficios de retiro y el seguro médico de los policías durante 30 años. El presupuesto enmendado incluye los primeros $269 millones para financiar esos beneficios adicionales.

El presupuesto enmendado se benefició significativamente del aumento de la financiación federal y el efecto de los fondos de estímulo federal en el crecimiento económico de la Isla. La reciente directriz emitida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aumentó sustancialmente la financiación federal disponible para el programa Medicaid de Puerto Rico, lo que libera $877 millones del presupuesto del Fondo General que, de otro modo, habrían tenido que asignarse a los servicios de Medicaid.