Las expresiones se dan en reacción a las protestas de servidores públicos.

Los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteraron en la noche del viernes que ha sido culpa de los gobiernos electos de Puerto Rico la situación fiscal que enfrenta el país y la creación de la Ley PROMESA.

"Durante décadas, los gobiernos de Puerto Rico han prometido demasiado y no han cumplido con el pueblo de Puerto Rico. Se han hecho promesas en diferentes administraciones y partidos políticos, promesas sin cumplir por la incapacidad del Gobierno de conseguir el financiamiento necesario. La mala administración financiera condujo a la crisis financiera, la única razón por la que se adoptó la Ley PROMESA hace más de cinco años. El pueblo de Puerto Rico ha pagado el mayor precio y merece más de sus funcionarios electos.

Antes de PROMESA y de la creación de la Junta de Supervisión, los gobiernos de Puerto Rico sobrestimaban los ingresos, se excedían en los gastos y se endeudaban de más no solo con los bonistas, sino también con los proveedores locales, los empleados y los retirados. Los gobiernos anteriores acumularon más de 72 millones millones de dólares de deuda, sin construir un Puerto Rico robusto con una educación excelente, una infraestructura impecable, carreteras bien mantenidas, electricidad fiable y una economía próspera con oportunidades para su pueblo.

La recesión, la emigración, la pérdida de competitividad, el gasto desmedido, el endeudamiento excesivo y la falta de inversión en la infraestructura, en los servicios gubernamentales y en el pueblo causaron estragos injustificados en la vida de los residentes de Puerto Rico. Los gobiernos locales permitieron la quiebra de los sistemas públicos de pensiones de la Isla.

Durante los últimos cinco años, los miembros de la Junta de Supervisión han trabajado en conjunto con los funcionarios electos, la comunidad empresarial y el pueblo de Puerto Rico para poner fin a las prácticas que condujeron a esta crisis, para acabar con el ciclo de gasto deficitario que perjudica a todos los residentes y empresas de la Isla, y para poner en marcha las políticas y las prácticas que volverán a ofrecer oportunidades y prosperidad a la ciudadanía”, expresaron los integrantes de la JSF en declaraciones escritas.

Las expresiones se dan en reacción a las protestas de servidores públicos y la crítica hecha por el gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, a las declaraciones de Andrew Biggs de que dudaba de la capacidad de los administradores del Gobierno de Puerto Rico para salir de la quiebra.