Conoce las tres multas más grandes impuestas a comercios, y a quiénes se impusieron:

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) radicó 39 demandas durante el pasado mes de septiembre contra comercios que están incumpliendo con resoluciones finales y firmes emitidas por la agencia, mediante las cuales se conceden algún remedio a los querellantes.

El listado de estos comercios fue publicado nuevamente por la agencia, que desde el pasado mes de junio está haciendo públicos los comerciantes que están desafiando sus ordenes y que están incumpliendo con los consumidores.

El listado completo de las demandas de septiembre, según la agencia, suman $107,929.18 en beneficios que deben pagarse a los consumidores que radicaron las querellas contra estos comerciantes.

Las 39 demandas radicadas en septiembre, se unen a otras 31 radicadas en agosto, 40 que se radicaron en julio y las 61 que se incluyeron en el informe inicial de comercios violadores de las ordenes administrativas del DACO.

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En este listado de septiembre la compensación mayor otorgada a un consumidor y que se está litigando en los tribunales por incumplimiento del comerciante fue de $16,000 y se emitió contra Imperio Auto Corp. por “compraventa de vehículo de motor”.

La segunda fue por 11,287 y se emitió contra otra empresa que ofrece servicios y ventas de equipos de energía renovable. En este caso la orden se emitió contra Solar Designer Outlet, por “obras y servicios”.

A esta le siguió una de $7,705 contra alguien de nombre Juan Santiago y la querella es por “opción a compraventa”.

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La publicación de estos listados mensuales, ha dicho el secretario Edan Rivera Rodríguez, tiene como objetivo informar a los consumidores sobre aquellos comercios que incumplen con las ordenes de DACO. Tiene además la intención de estos comercios tengan un incentivo adicional para cumplir con los consumidores.

Los que se incluyen en la misma son aquellos comercios contra los cuales se presentó una querella por un consumidor, que tuvo la oportunidad de defenderse en una vista administrativa celebrada en la agencia, donde un juez administrativo, tras analizar las pruebas que presentaron ambas partes, determinó que el consumidor tenía derecho a un remedio.

Estos tuvieron además acceso a un procedimiento de reconsideración en la agencia, en la que también se favoreció al consumidor.