Alegan que la empresa quiere obligarlos a firmar un acuerdo laboral con la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos, para otorgarle cualquier contrato de servicio.

Varias de las principales organizaciones empresariales del país rechazaron la condición que LUMA Energy quiere imponer a sus contratistas en Puerto Rico al obligarles a firmar un acuerdo laboral con la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW en inglés), para otorgarle cualquier contrato de servicio.

La postura de la empresa que administra la fase de transmisión y distribución de energía eléctrica fue denunciada hoy por la Asociación de Industriales (AIPR), la Cámara de Comercio (CCPR), el Centro Unido de Detallistas (CUD) y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE).

En un evento anterior fue igualmente cuestionada y rechazada por la Asociación de Contratistas Generales.

Las organizaciones se unieron en su exigencia a LUMA Energy para que explique la razón para tal exigencia y reclamaron tanto el gobierno de Puerto Rico, como al Negociado de Energía que intervengan en esta controversia.

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“La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) exige firmemente transparencia en los procesos de contratación llevados a cabo para la reconstrucción del sistema de energía de Puerto Rico. LUMA Energy está ejerciendo presión para que los contratistas, suplidores y negocios relacionados firmen un acuerdo laboral mandatorio para proyectos, conocido en inglés como el Project Labor Agreement (PLA), el cual está condicionado a un 'collective bargaining agreement' con la Unión IBEW en Estados Unidos”, sostuvo la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Yandia Pérez.

Esta ofreció sus expresiones en conferencia de prensa en la que estuvieron representadas las demás organizaciones antes mencionadas.

La AIPR, agregó Pérez, “no descansará hasta que se termine con el abuso a la confianza del consumidor, la Industria y el país”.

Denunció la portavoz de los industriales que ya LUMA Energy envió comunicaciones a cerca de 30 empresas locales a las que le otorgó como plazo el 1ro de octubre para firmar el acuerdo laboral o de lo contrario cancelarían los contratos.

Jesús Vázquez, presidente del CUD exigió a LUMA Energy que reciba a las organizaciones empresariales de Puerto Rico para dialogar sobre esta exigencia.

“Esta no recibe visitas del CUD ni de los industriales. Está parcializada en lo que es mejor para ellos y no para Puerto Rico. Queremos sentarnos todos en la mesa para dialogar”, dijo.

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Por su parte el portavoz del ICSE, Ramón Sánchez, aseguró que el pacto que exige LUMA representa un impacto económico directo sobre los contratistas locales, que repercutirá en los costos de los proyectos y limitará la obra que el gobierno propone realizar con los fondos federales que se han autorizado para restaurar el sistema eléctrico.

“En este asunto no ha habido proceso participativo. Hacemos un llamado al Negociado de Energía que entre en estos temas que afectan el costo de los servicios y constituyen un abuso de confianza contra el consumidor, la industria y el país”.

El ex presidente de la Asociación y del ICSE, José Rossi, explicó por su parte que el salario que podría acompañar un acuerdo forzado con el sindicato norteamericano podría ser hasta el triple de lo que es el salario de un trabajador de la construcción en Puerto Rico.

Puso como ejemplo el salario de un electricista, que podría estar ganando entre $14 y $16 la hora este año en Puerto Rico, y lo contrastó con el de cerca de $45 que se le paga a algunos de estos mismos trabajadores en Estados Unidos bajo los términos de ese sindicato.

El portavoz de la Cámara de Comercio en la conferencia, Luis Gierbolini, adelantó que esa entidad ya recibió mensajes de varios de sus miembros expresando su preocupación sobre esta actitud de LUMA Energy, incluyendo del Colegio de Peritos Electricistas. Adelantó que su organización no descarta acudir ante los tribunales por entender que este reclamo podría estar en violación de varios preceptos constitucionales.

“El PLA trae impactos inmediatos en los costos de los trabajos de construcción, lo que provocará que se realicen menos obras con los fondos asignados. Además, causará un efecto cascada que aumentará los costos a los consumidores y a otros sectores claves de la economía de Puerto Rico como el de servicios y manufactura”, apuntó Pérez.

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“Es imperativo evaluar los acuerdos de forma transparente para que no se frene el desarrollo económico de Puerto Rico. Para poder manejar los posibles aumentos al costo energético, y lograr reducciones económicas para el consumidor y la industria, es importante la colaboración y fiscalización del Gobierno y el Negociado de Energía”, agregó.

El portavoz de ICSE recordó que cuando la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) estimó el costo de reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico lo hicieron en base a los costos locales de construcción, y no con los costos de otras jurisdicciones. Recalcó que las plantas y el sistema de transmisión y distribución de electricidad son propiedad del gobierno de Puerto Rico y que LUMA Energy no es más que un agente administrador.

Pérez cerró con un emplazamiento a la empresa.

“Le pedimos a los propietarios de LUMA que cesen y desistan de cualquier tipo de PLA para el mantenimiento y la reconstrucción de la AEE a espaldas de los consumidores y sin haber hecho estudios de impacto económico alguno y sin seguir las mejores prácticas de gobernanza por las cuales se rige cualquier corporación de servicio público centrada en el consumidor y el mejoramiento de las comunidades a las que sirven”, dijo.

“Le invitamos a sentarse de frente para que busquemos una solución que permita lograr un sistema eléctrico confiable maximizando el uso de los fondos federales otorgados de forma competitiva y aportando a un desarrollo económico sostenible donde existe una verdadera justicia energética para todos los que habitamos en Puerto Rico ”, concluyó.