Según un reciente estudio, los polémicos incentivos económicos han tenido un impacto "positivo, pero moderado".

Las polémicas Leyes de incentivos económicos 20, 22 y 273 han tenido un impacto “positivo, pero moderado” sobre la economía de Puerto Rico, por lo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) favorece realizar cambios a las mismas que permitan aumentar su efecto positivo sobre el país.

La agencia hizo público ayer viernes el estudio más reciente realizado para conocer la efectividad de la Ley 20, que es la que fomenta la exportación de servicios; la Ley 22, que es la que incentiva el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico; y de la Ley 273, que es la que regula el Centro Financiero Internacional de Puerto Rico.

El estudio, “The employment and output impact of the 2012 Acts 20, 22 and 273”, fue realizado por la empresa Econometrika Corp, del economista José Caraballo Cueto.

El mismo concluye que durante su vigencia estas leyes han generado cerca de 33,000 empleos para la economía del país y produjeron un alza de 2% en la actividad económica de la Isla, que equivale a cerca de $1,245 millones.

El economista Caraballo Cueto indicó que la aplicación de estos incentivos sirvió para detener la caída económica que provocó la eliminación de la Sección 936 y que en ausencia de estas leyes tendríamos menos empleos de los que tenemos en la actualidad.

Afirmó, sin embargo, que es necesario y existe la oportunidad de exprimir más el provecho que se le saca a estas leyes y cambiar algunos de sus aspectos no tan deseables.

Propuso en esa dirección exigir más rigurosidad en la rendición de los informes anuales que radican los beneficiarios de estos incentivos, establecer requisitos mínimos de empleos, según el tipo de negocios que se incentive; e implantar tasas contributivas más altas y diferenciadas también por el tipo de actividad.

Mencionó como ejemplo que en la Ley 22 se podrían establecer dos tasas diferentes. Si no viene a invertir y solo viene a residir en la Isla, pagaría una tasa de 12%, que es la mitad de lo que, aseguró, pagarían en Estados Unidos. Si vienen invertir esa tasa contributiva podría reducirise a un 4%.

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Otra propuesta es que no se incluya como parte del computo del requisito de inversión la compra de la residencia principal si es una propiedad usada o de residencias secundarias en áreas de alto desarrollo.

El economista favoreció además, que los nuevos recaudos que produzcan estos ajustes contributivos podrían utilizarse para subsidiar e incentivar a las pequeñas y medianas empresas del país. Una forma de hacerlo, indicó, podría ser usarlos para subsidiar el pago del impuesto sobre el inventario que le correspondería pagar a estos negocios.

Recepción favorable en el DDEC

El secretario del DDEC, Manuel Cidre, acogió los resultados del estudio y respaldó el grueso de las propuestas contenidas en el mismo. Afirmó que este “demuestra que el impacto pudiera ser mayor, si logramos crear las condiciones ideales para atraer inversionistas reales. El que no tenga intenciones de invertir y aportar a nuestra economía, debería pagar un impuesto mayor al que está invirtiendo y creando empleos”.

Sobre las recomendaciones del estudio aclaró que el DDEC no tiene la capacidad para adoptar la mayoría de estas, pero favoreció coordinar un cambio de políticas con el Gobernador y la la Legislatura. “Estas recomendaciones serán discutidas con el equipo del Gobernador y la Asamblea Legislativa, pues ellos son los responsables de establecer esta política pública”, dijo.

Favoreció además Cidre una fiscalización más activa de estos decretos para poder monitorear “si, en efecto, están creando o no los empleos, si cumplen o no cumplen y si merecen el decreto o se les revoca”.

Informó que ya la agencia inició este año ese proceso fiscalizador, dato que fue ampliado y confirmado por el director ejecutivo de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán.

Este último detalló que como resultado de estas auditorías se han revisado 254 expedientes físicos, lo que provocó que salieran 200 cartas solicitando información relacionada con el cumplimiento con el decreto.

Se enviaron además 1,086 cartas advirtiendo sobre el incumplimiento con la radicación de informes anuales e indicó que ya se están recibiendo las respuestas. Precisó Fontán que ya se han identificado 60 casos que podrían ser casos de revocación ya que los que poseen los decretos ya no están en Puerto Rico o abandonaron el negocio.

Cidre recalcó que estas auditorías no son una cacería de brujas contra estos inversionistas y aclaró que los decretos vigentes que estén cumpliendo con todos los requisitos de ley prevalecerán inalterados.

“Son propuestas prospectivas, no habrá nada retroactivo. El mensaje al mundo es que Puerto Rico es un país de Ley y un país de orden que honra sus compromisos”, expresó.

Caraballo Cueto, mientras tanto, afirmó que no cree necesario revocar estas leyes, sino que deben mejorarse.