El Capítulo de Jubilados y Jubiladas de la Federación de Maestros de Puerto Rico realizó una manifestación hoy frente al Capitolio.

El Capítulo de Jubilados y Jubiladas de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) alzó su voz hoy para que el gobernador Pedro Pierluisi, los alcaldes y los presidentes de la Cámara y el Senado, se unan para abogar por la Ley de Retiro Digno, que quiere ser anulada bajo una demanda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La respuesta del gobernador y de la legislatura debe ser presentar una moción de desestimación de esa demanda. Porque esa demanda es nula, porque la Ley PROMESA es inconstitucional. Otra cosa diferente es abandonar a los pensionados, es abandonar a los servidores públicos del país” indicó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado de los jubilados y jubiladas, durante la manifestación hoy en el Capitolio.

Emmanuelli Jiménez explicó que el gobierno podría confrontar la demanda de la JSF a base de planteamientos sobre la Constitución de los Estados Unidos y que el gobernador junto con la legislatura poseen la legitimización activa para defender la ley 7-2021 (mejor conocida como la Ley de Retiro Digno). El licenciado explicó que, si se anula esta ley, se podría recortar el 8.5% de las pensiones de las personas que cobren $1,500 o más.

“La Junta se va a ir porque la vamos a sacar. Pero necesitamos el apoyo del gobierno. El gobierno ha dicho, aprobando esta ley, que está apoyando a los pensionados y tiene que hacer la defensa hasta las últimas consecuencias. Si el gobierno alza las manos ahora, eso es un gobierno que ha traicionado a los pensionados, ha traicionado a los empleados públicos”, agregó el licenciado Emmanuelli Jiménez.

“Estoy aquí exigiéndole al gobernador que donde ponga su palabra ponga su acción en defensa de este proyecto”, sostuvo por su parte Otirio Rosado, miembro del Capítulo de Jubilados y Jubiladas de la FMPR.

Rosado expuso que de anularse la ley 7-2021 se estarían afectando las personas pensionadas y las no pensionadas. Ya que según Rosado se afectarían casi medio millón de personas. Entre ellas 166,00 jubilados, 144,000 trabajadores públicos, los aspirantes a trabajar en el servicio público y las personas que dependen de las pensiones de los jubilados, ya que se estima que por cada jubilado del país dependen tres personas más.

“Los acaldes son los que representan a los ciudadanos. Que en vez de pedir apoyo afuera, los alcaldes lo que deben de estar haciendo es unirse como grupo y demandar y cuestionar la ilegalidad de la Ley PROMESA”, aseveró Sonia Palacio la representante de Construyamos Otro Pueblo y del frente en defensa de las pensiones.

El Capítulo de Jubilados y Jubiladas de la FMPR estará llevando a cabo una manifestación frente a la JSF el martes 13 de julio a las a las 10 de la mañana.

“Le estamos haciendo un llamado a la gente para que esté ahí con nosotros. Estamos haciendo un reconocimiento a que la Junta en estos momentos está teniendo una invasión ante las decisiones del gobierno de este país. Nosotros queremos una promesa del gobierno y de la legislatura en beneficio del pueblo”, indicó Eulalia Centeno miembro del Comité de Jubilados.