La advertencia la adelantó la Secretaria, Ana Escobar Pabón, durante una audiencia pública conjunta de Cámara y Senado sobre el presupuesto de la agencia.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no tendrá los fondos necesarios para cumplir con la promesa gubernamental de aumento salarial para sus empleados durante el próximo año fiscal y tampoco contará con los recursos para reducir la cuantiosa deuda que tienen, particularmente con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) por la renta de sus instalaciones.

La advertencia la adelantó la Secretaria Ana Escobar Pabón, durante una audiencia pública conjunta de Cámara y Senado sobre el presupuesto de la agencia. Allí indicó que la agencia proyecta un gasto en nómina de $208 millones en el año, pero el presupuesto que sometió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), solo asigna $203.9 millones para el pago de nómina.

Esa asignación, agregó, tampoco permitirá el reclutamiento del personal que brinda servicios directos a la población correccional, tales como los técnicos de servicios sociopenales, técnicos de récords, evaluadores de remedios administrativos, líderes recreativos, entre otros.

“Nosotros tenemos una necesidad apremiante de lo que es el reclutamiento de este personal que da servicios directos a la población correccional y también sustituir aquella oficialidad que en un momento dado sale por cualquiera de las oportunidades de renuncia, afiliación, o lo que fuera. Es necesario nosotros poder realizar una academia de oficiales correccionales de 250 para poder dar continuidad de servicios”, expresó Escobar Pabón al dramatizar la deficiencia proyectada.

La Secretaria precisó que el presupuesto recomendado por la JSF para el próximo año fiscal 2022 representa un recorte de sobre $20 millones en comparación con el presupuesto vigente de $381.8 millones.

Recordó la funcionaria que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia asignó $15 millones para cubrir el alza salarial propuesta en el borrador del Plan Fiscal, pero lamentó que dicha partida no fue incluida en el documento final que sometió la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para la aprobación de la JSF.

Recalcó la necesidad de que se otorgue un aumento de sueldo para los empleados del Departamento e indicó que el salario base de estos es de $1,603 mensuales y no ha sido incrementado desde 2018.

“Elevamos esta petición a la Legislatura de Puerto Rico a los efectos de que se nos apruebe la cantidad solicitada y mencionada por el señor gobernador en su mensaje (de presupuesto) de la asignación de los $15 millones de dólares para cubrir el aumento salarial muy merecido por nuestros compañeros de trabajo. Realmente, un salario tan básico y esencial como ese no satisface las necesidades actuales”, manifestó la Secretaria.

Reconoció, por otra parte, que esa agencia mantiene una deuda de $93 millones con la Autoridad de Edificios Públicos y que aunque pagó este año $2.8 millones en rentas a esa corporación pública, el gasto real es de $24 millones anuales.

En el memorial que se sometió a la comisión conjunta el Departamento ofrece mayor detalle de las diferencias entre su solicitud presupuestaria y la recomendación de la JSF. Indican que solicitaron $24.5 millones para el pago de la deuda con Edificios Públicos y solo se les asignaron $3.3 millones; que solo se le asignó la cantidad de $51.6 millones para cubrir los Servicios Comprados cuando el gasto anual es de $62 millones. La agencia solicitó además cerca de $15 millones en mejoras permanentes y la JSF solo asignó $5 millones.

Plan Estratégico

Escobar Pabón presentó también el plan estratégico de la agencia que incluye la consolidación de instituciones y programas correccionales. Comprende también la inversión en mejoras capitales que enfatizarán en la utilización de tecnología para mejorar la seguridad y automatizar sus operaciones.

Adelantó que proyectan la clausura de 10 instituciones correccionales en los próximos de 10 años, lo que resultará en la continuidad operacional de 17 instituciones, en comparación con las 27 que operan actualmente para adultos. No habrá cambios por el momento en los dos centros para menores.

“Estamos atendiendo un plan de optimización requerido por la Junta de Supervisión Fiscal a los efectos de poder transferir programas existentes a otras instalaciones o instituciones y maximizar los espacios disponibles, al igual que poder utilizar efectivamente los recursos humanos y fiscales de la agencia”, indicó.

Según los planes esbozados por la secretaria las primeras instalaciones y programas que serían cerrados son el Centro de Tratamiento Residencial y el proyecto de Recogido de Desperdicios Sólidos (REDES), ambos en Arecibo. Ambos serán transferidos al Complejo Correccional Sabana Hoyos localizado en ese municipio, a donde será movilizado también el Campamento La Pica, que operan en Jayuya.

Otra instalación que será cerrada, según este plan, es el Hogar Intermedio para Mujeres en San Juan, ante la falta de confinadas embarazadas o con menores de tres años de edad. Este proyecto, adelantó, será reubicado al Complejo de Rehabilitación para Mujeres.

También incluyó en los planes de cierre el Campamento Zarzal en Río Grande que será clausurado “en algún momento dado” por deficiencias estructurales.