Recomienda designar un fiscal especial independiente al excomisionado de Manejo de Emergencias Carlos Acevedo, pero propone el archivo de decenas de querellas relacionadas a la fallida compra de pruebas de Covid-19.

Siete días después de las elecciones generales, el Departamento de Justicia envió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) cuatro informes preliminares de investigaciones, que incluían recomendaciones sobre dos casos que zarandearon al país.

Lo hizo calladamente. Sin informar las determinaciones, pese a que se trataba de investigaciones de alto interés público relacionadas a la fallida compra de pruebas diagnósticas de Covid-19 al inicio de la pandemia y al manejo de los almacenes de suministros de Ponce luego del terremoto del 7 de enero.

Pero cuando se filtró información incompleta y reinó la confusión, Justicia finalmente divulgó un escueto comunicado de prensa para confirmar que recomendó al Panel archivar todas las querellas presentadas contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros 18 funcionarios públicos o personas involucradas en la abortada compra de un millón de “rapid tests” a la empresa Apex General Contractors, por $38 millones.

“Hoy (ayer) recibimos la notificación oficial del Departamento de Justicia informando que no recomiendan la designación de un Fiscal Especial Independiente contra esta servidora. Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden”, indicó Vázquez Garced en declaraciones escritas.

El acelerado trámite gubernamental para comprar pruebas a una empresa de construcción sin experiencia en productos de salud desembocó en un extenso -y a veces contencioso- proceso de vistas públicas capitaneado por el presidente de la Comisión Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales. De esta investigación, surgieron dos informes con sendos referidos al PFEI, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor, al Negociado Federal de Investigaciones y al Tribunal Supremo para que investigara una larga lista de funcionarios públicos y personas involucradas en la venta. Esos referidos no incluían a la gobernadora, pero sí a funcionarios de su círculo cercano.

No fue la única querella.

Esa transacción también movió al representante popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez, al entonces candidato a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Néstor Duprey Salgado y la recién electa senadora Ana Irma Rivera Lassén, al representante pipiolo Denis Márquez Lebrón, al secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, y al candidato a senador popular Ramón Luis Nieves Pérez a presentar querellas contra la gobernadora y otros funcionarios públicos, que la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia consolidó y evaluó como parte de su investigación preliminar.

Específicamente, Márquez Lebrón refirió a Justicia dos informes de minoría, que recogieron los hallazgos de las vistas públicas de la Comisión de Salud. La agencia también “tomó conocimiento” de la investigación cameral y solicitó al cuerpo copias de las grabaciones de las audiencias.

Ninguna de las querellas prosperó.

Ayer, la secretaria interina de Justicia, Inés Carru Martínez recomendó al PFEI no designar un fiscal especial independiente para investigar a la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo; al general José Burgos Vega, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; a Adil Rosa Rivera, secretaria Auxiliar de Administración de Salud; a Mariel Rivera Rivera, analista de compras de Salud, y a Diana Meléndez Díaz, directora Interina de Compras de Salud.

Tampoco favoreció continuar el proceso contra Iris Santos Díaz, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Alfonso Rossy, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda; Segundo Rodríguez Quilinchini, coordinador del ahora extinto “Task Force” Médico; Juan Salgado, miembro del “Task Force” Médico; Antonio Pabón Battle, secretario de la Gobernación; Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, exjefa de personal de Salud y exenlace entre La Fortaleza y el “Task Force” Médico; Guarina Delgado García, ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias; y Ottmar Chávez Piñero, entonces administrador de Servicios Generales.

De igual forma, no recomendó designar un fiscal especial para Juan Maldonado de Jesús, representante legal de Apex General Contractors; ni para los empresarios Robert Rodríguez López, presidente de Apex General Contractors; y Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313 LLC.

Pero en el caso de Maldonado de Jesús, Justicia recomendó al PFEI referirlo al Tribunal Supremo por posibles violaciones a la Ley de Notaría. Maldonado de Jesús se acogió a su derecho a no autoincriminarse durante su testimonio ante la Comisión de Salud cuando miembros del cuerpo indagaron si una resolución que había notarizado, había sido firmada en su presencia por el presidente de APEX, Robert Rodríguez.

La presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, indicó a NotiCel que recibió los informes preliminares, pero que el proceso de entrega de la prueba comenzará el jueves. Una vez reciba la evidencia, los tres miembros del PFEI se reunirán para tomar una decisión, que posteriormente informarán al país a través de una resolución.

Como parte de ese análisis, el Panel evaluará el informe preliminar que presentó la fiscal investigadora Crisanta González Seda, quien de manera paralela investigó los referidos de la Comisión de Salud, relacionados a la fallida compra de pruebas diagnósticas al inicio de la pandemia del Covid-19 y cuyas conclusiones el ente investigador no ha divulgado.

Hay varios escenarios.

Si el PFEI acoge la recomendación de Carrau Martínez de no designar un fiscal especial independiente a la Gobernadora, solo quedaría pendiente un caso en contra de Vázquez Garced. Actualmente los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón investigan a la mandataria por supuestas violaciones de ley en el ejercicio de sus funciones al despedir por la secretaria de Familia, Glorimar Andújar por denunciar que la repartición de ayudas a las personas afectadas por los temblores en la región sur de la isla se estaba manipulando para beneficiar a aliados políticos de la mandataria.

También queda por verse cómo el Panel conjugará las recomendaciones de Justicia y de la fiscal investigadora en torno a la polémica compra de las pruebas rápidas.

Después de recibir la carta informando el desenlace de su querella, el representante Márquez Lebrón expresó inconformidad ante la decisión de Justicia, pero recordó que el trámite no ha culminado todavía.

“Estoy convencido que a través del proceso de investigación que realicé en la Cámara, plasmado en mis dos informes, hubo comisión de delitos como consecuencia de un esquema de corrupción y clientelismo político. Una vez más el Departamento de Justicia le da la espalda al país”, afirmó en expresiones que colgó en sus redes sociales.

Recomienda FEI por manejo de suministros de Ponce

Luego de completar la investigación preliminar, Justicia también recomendó al PFEI no designar un fiscal especial independiente para que investigue al exsecretario de Estado, Elmer Román González, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez, por su participación en la pesquisa del almacén de Ponce.

La División de Integridad Pública de Justicia encaminó la pesquisa tras recibir el referido del presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló.

El representante refirió un voluminoso informe con señalamientos en contra de la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, hija de la Ex Secretaria Interina de Salud. Según esa investigación, Longo Quiñones, Román González y López Sánchez, recién confirmado juez superior, supuestamente ocultaron información sobre la investigación que realizaba el cuerpo en torno a los suministros del almacén de Ponce.

Sin embargo, Justicia recomendó designar un fiscal especial independiente para que evalúe imputaciones de mala administración pública en contra de otros cuatro funcionarios. Estos son: el excomisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo Caballero y otros funcionarios de la agencia que son: Evelyn Cumba Santiago, Joel Figueroa Betancourt y Luis O. Cruz Ramírez.

Los referidos de la Comisión Especial se dividieron entre Justicia y el PFEI, que encomendó la investigación preliminar relacionada a Longo Quiñones al fiscal investigador Rafael Sánchez. Dos fuentes de este medio digital confirmaron que Sánchez recomendó al Panel archivar la querella en su contra.

Ayer, Cotto Vives se limitó a decir que el Panel atendería todos los informes preliminares relacionados al almacén de Ponce en conjunto y que en las próximas semanas informaría su determinación. El Panel tiene la discreción para acoger o rechazar las recomendaciones del Departamento de Justicia.

*Nota de la editora: Esta nota se amplió para aclarar el alcance de las querellas que surgieron a raíz de la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

Mira la carta de la gobernadora Wanda Vázquez Garced aquí.

Mira la carta del exsecretario de Estado, Elmer Román aquí.

Mira la carta de Robert Rodríguez, presidente de APEX aquí.