Tras denuncias de la Comisionada de Ciencias Forenses, Senado tomará acción.

El Departamento de Seguridad Pública (DSP) ha sido eje de controversia desde su creación en el 2017 y, tres años después, cuando el Gobierno de Puerto Rico y todas sus ramas se tambalean contra una pandemia, la atención se ha volcado nuevamente hacia la agencia, de la que atenderán una medida esta semana.

Se trata del Proyecto de la Cámara 2075, que busca devolverle la autonomía al Instituto de Ciencias Forenses, tal y como estaba antes de que se aprobara la Ley 20 de 2017, que lo cobijó bajo el DSP durante la administración del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

La medida, del representante José “Quique” Meléndez Ortiz y los representantes Juan O. Morales Rodríguez, Lydia Méndez Silva y José J. Pérez Cordero como co-autores, fue presentada en abril del 2019 para reconocer los obstáculos que ha enfrentado el NCF bajo el DSP, pero es ahora que parece tener mayor urgencia.

"No es menos cierto que en lo que respecta al funcionamiento del Negociado de Ciencias Forenses, este ha enfrentado serios tropiezos desde su conversión de una entidad autónoma a un Negociado adscrito a otra dependencia gubernamental. Por tanto, es imperativo contar con un nuevo Instituto de Ciencias Forenses que atienda y promueva la investigación objetiva de las actividades delictivas, el encausamiento civilizado y justo de los que transgreden la ley, maximizando así la operación del Gobierno de Puerto Rico. El establecimiento de este nuevo Instituto [...] le dará los poderes necesarios a su Director Ejecutivo, para que lleve a cabo cualesquiera actividades y funciones dirigidas a la investigación científica de la conducta delictiva", reconoce la medida.

Esta cita de la pieza legislativa recoge, en parte, las recientes denuncias de la actual comisionada del NCF, María Conte Miller, quien el pasado lunes expuso que, si no se concreta la salida del DSP, abandonaría su cargo en Forenses.

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Conte Miller sostuvo en una entrevista radial ayer (Radio Isla 1320 AM), que tiene que consultar decisiones con otros empleados del DSP y que, además, para algunos asuntos, las consultas se extienden de funcionario en funcionario sin llegar a una solución.

"No continuaría, no puedo continuar. Es insostenible, es insostenible para mí la situación. Yo no puedo, después de 30 y pico de años de servicio, aparte de la situación que causa esto al Negociado, la lentitud en los procesos, la falta de realización en los proyectos. Las cosas no se plasman en realidad lo rápido que debería ser. ¿Cómo es posible que yo tenga que estar gastando energía defendiendo las posiciones que yo asumo para adelantar los objetivos, los proyectos, las metas que tiene el Negociado?", cuestionó Conte Miller.

La situación que enfrenta la funcionaria es conocida por la ahora excomisionada de la Policía, Michelle Hernández, quien relató a NotiCel que mientras lideró la uniformada, enfrentó los problemas con la agencia sombrilla que también denuncia Conte Miller.

"El DSP desde que (el entonces secretario Héctor) Pesquera entró no ha demostrado el poderío administrativo que necesita bajo la Ley 20", sentenció Hernández de Fraley.

Ley 20 de 2017, agrupa bajo el DSP al NCF, pero también al Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), al Negociado del Cuerpo de Bomberos, al Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico (NIE), al Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y al Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico.

Según establece la propia Ley 20, con la puesta en vigor del estatuto se buscaba, entre otras cosas, consolidar bajo el DSP "la mayor parte de las tareas administrativas" para que estos siete negociados mencionados se enfocaran en "brindar un mejor servicio a la ciudadanía".

No obstante, al igual que Conte Miller, Hernández de Fraley aseguró que no se ha logrado el cometido, y que, a tres años de ser firmada la ley, solo han encontrado dilaciones que interrumpen los servicios críticos que brindan al pueblo.

"Había unas pautas que tenían que seguir de los temas que se iban a consolidar, que eran recursos humanos, contratos... Cuando tú no tienes la capacidad administrativa, esas columnas no existen... y te pasas los días llamando de persona en persona y nadie tomando decisiones", dijo Hernández de Fraley.

Precisamente, eso de llamar "de persona en persona" es una las principales denuncias de Conte Miller, quien ayer mencionó que, para gestionar un contrato para los "rape kits", o lo mismo que pruebas de material genético en casos de agresión sexual, ha tenido que hablar con múltiples funcionarios sin que se concrete todavía el acuerdo.

"Yo no quiero que esto tome a nadie por sorpresa, yo he tratado por dos o tres meses, de renovar el famoso contrato de los "rape kits". Pues mira, ese contrato ha estado para acá y para allá. Yo solamente quiero que me digan qué es lo que yo tengo que hacer para renovarlo. Pero cada vez que lo envío me dicen que se necesita x o y adicional. Y parte de todo es que no está en mi control. Sinceramente, para serte bien franca, para ser bien honesta, yo no se qué hacer", confesó Conte Miller.

Mientras se efectuaba esta discusión en la palestra pública, la jefa de personal del DSP, Melinda Romero Donelly reaccionó a las alegaciones de Conte Miller sobre los "rape kits".

Según dijo en su cuenta de Twitter, el NCF "nunca solicitó presupuesto para contrato" de esos kits.

"[S]e recomendó contratar para que comenzara los servicios y NO solicitaron contrato. Una vez DSP identifique $ de otro Negociado, solicitará FOMB (la Junta de Control Fiscal) autorice reprogramación", mencionó Romero Donelly al respecto.

Pese a esa diferencia, el Senado analizará el jueves el proyecto para desligar al NFC del DSP, para el que según el senador Carmelo Ríos Santiago, portavoz de la mayoría en ese cuerpo legislativo, tienen los votos.

En conversación con NotiCel, Ríos Santiago también aclaró que la decisión de presentar el proyecto no tiene que ver con la amenaza de Conte Miller de abandonar su puesto, sino con un análisis de costo-efectividad para el DSP y el propio Negociado.

"No tiene que ver nada (la amenaza de Conte) porque ya se estaba considerando", aseguró, tras indicar que Conte Miller también sometió su ponencia en la legislatura.

Aunque elogió la labor de Conte Miller al decir que los puertorriqueños le agradecen que esté en funciones, también apuntó a posibles fallas administrativas como la verdadera razón para el ataponamiento de gestiones del NCF bajo el DSP.

"Tengo que ser bien honesto. Los planteamientos de la licenciada Conte también tienen una contestación, y que va a la administración propia. No podemos estar reconociendo dudas de contratos que se pudieron haber hecho antes [...] hay comunicaciones de parte del DSP informándole a Ciencias Forenses 'mira pide eso'", planteó, coincidiendo en sus expresiones con Romero Donnelly al mencionar unos contratos sobre los que el NCF nunca tomó acción.

"También hay como una falta administrativa que no necesariamente es de la directora Conte", añadió.

Ríos Santiago contradijo lo que expresó Hernández de Fraley a NotiCel, al restarle importancia a quién dirige la agencia y enfocarse en el "diseño" de la misma. "La idea (del DSP) no es mala, lo que pasa es que la ejecución es pésima... no tiene que ver con Janer ni con Pesquera, tiene que ver con el diseño", aseguró.

Indicó, además, que piensa que tienen los votos para pasar la legislación "tras pasar lista".

"Por lo menos en la mayoría, y sospecho, porque he escuchado algunas expresiones, por ejemplo de Dalmau, he escuchado expresiones de Eduardo, que me inclinan a pensar que van a votar también a favor", expresó.

NotiCel intentó comunicarse con Romero Donnelly, pero, al cierre de esta historia, no había obtenido respuesta.

Puedes ver a continuación la pieza legislativa que analizará el Senado mañana: