La pesquisa identificó que, mediante información falsa, se desembolsó más de $30 mil dólares a un solo individuo en un período menor 45 días.

Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) validó la vulnerabilidad del sistema de programa de Seguro por Desempleo y al “Pandemic Unemployment Assistance” (PUA) al encontrar que un reclamante pudo haber obtenido el beneficio utilizando distintos números de seguro social.

Según declaraciones escritas, el solicitante objeto de la investigación realizó las reclamaciones bajo el mismo nombre y dirección, pero cambiando los números de seguro social.

Como parte de la investigación, la OIG identificó que las reclamaciones presentadas pudieron haberse realizado de forma fraudulenta, utilizando información falsa y siendo desembolsados por parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), más de $30 mil dólares de fondos federales del PUA a un solo individuo en un período menor 45 días.

Dichas reclamaciones, según describieron, fueron realizadas mediante la plataforma electrónica provista y habilitada por el DTRH para obtener posibles beneficios de fondos públicos federales, y validando las deficiencias de reconocimiento de información de los reclamantes, que posee el sistema utilizado por el Departamento para las solicitudes de beneficios por desempleo.

La plataforma PUA determina automáticamente al beneficio mínimo de $66.00, aún cuando no se presenta evidencia de ingresos alguna.

Además, se señaló que con el propósito de administrar los fondos del PUA se habilitó una plataforma en línea con la compañía Evertec Group LLC, mediante el contrato número 2020-000023, para tramitar las diversas solicitudes que se realizan, incluyendo las solicitudes de PUA.

Las declaracones también exponen que "en el mejor interés de velar por los fondos públicos y atender oportunamente las vulnerabilidades que presentan los programas anteriormente señalados, se han identificado varios hallazgos que requieren que se presente este primer informe en aras de asegurar que se asignen fondos públicos a persona que han sido legitimante afectados por la pandemia del COVID-19".

"La OIG en su deber ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, realiza los correspondientes referidos a las entidades federales concernientes, para que se evalúe las irregularidades y posible conducta ilegal identificadas, así como dar continuidad a la investigación en curso en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Lo anterior no impide que durante se presenten futuros informes relacionados", reza el texto en la comunicación escrita.

A tenor con el Artículo 9, de la citada Ley y Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones futuras, producto de los hallazgos y recomendaciones.

Se reitera el llamado a que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular o falta de controles internos en las operaciones del ejecutivo, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Consultas 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.