Se solicitó la desestimación de la acusación cuando una revisión interna descubrió actuaciones supuestamente antiéticas de los fiscales del caso liderado por la actual secretaria de Justicia de Puerto Rico.

La fiscalía federal en Puerto Rico solicitó la desestimación de una acusación de narcotráfico cuando una revisión interna descubrió actuaciones de los fiscales del caso que se consideraron antiéticas y que consistieron en esconder prueba al jurado que hubiera mostrado que no había evidencia para arrestar a uno de los acusados. La fiscal a cargo del caso fue la actual secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones.

Los detalles de cómo la fiscalía llegó a desestimar la acusación contra José M. Guzmán de los Santos en 2015, después de dos juicios y en medio de un proceso de apelación, quedaron expuestos ayer, martes, en un escrito de 224 páginas mediante el cual el juez John A. Woodcok Jr. ordenó que proseguirá hacia juicio una demanda contra la exjefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, y otros miembros de su equipo gerencial por supuesta represalia y violaciones de leyes de personal.

La demanda civil por la que Rodríguez Vélez se expone a este nuevo juicio la presentó la fiscal federal Carmen Márquez Marín, quien ya le había ganado una demanda a la fiscalía federal por discrimen y ahora mantiene una segunda demanda en la que sostiene que fue objeto de represalias y de un ambiente de trabajo hostil al ser reinstalada en su posición después de la primera demanda.

El primer caso de Márquez Marín produjo veredicto de reinstalación y compensación por $136,325, mientras que otro caso que presentó el oficial de inteligencia Francisco Reyes Caparrós, contra Rodríguez Vélez también resultó en veredicto de reinstalación y compensación de $300,000.

El escrito de Woodcock, juez federal de Maine que atiende este caso tras la inhibición de todos los jueces en el distrito de Puerto Rico, recoge sobre una veintena de instancias que Márquez Marín sostiene constituyen actos de represalia y ambiente hostil. En lo relativo al caso que involucra a Longo Quiñones, ocurrió mientras Márquez Marín estaba destacada en la sección de apelaciones, investigando los casos y redactando los escritos de la fiscalía federal local ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

El caso desestimado

Guzmán de los Santos era uno de tres acusados en un caso de narcotráfico que estuvo a cargo de Longo Quiñones y que pasó por dos juicios, el primero nulo porque el jurado no pudo alcanzar el requisito de unanimidad que existe en la jurisdicción federal (y que ahora se incorporó a la jurisdicción de Puerto Rico por decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos) y el segundo acabó en un veredicto de culpabilidad. La apelación de ese veredicto se le asignó a Márquez Marín.

Cuando revisó los expedientes y transcripciones de los dos juicios, Márquez Marín se percató de que, para el segundo juicio, “los fiscales a cargo del caso, y sus supervisores, decidieron no presentar a ciertos testigos cuyo testimonio mostraría que no había evidencia para realizar el arresto, los fiscales escondieron evidencia del jurado, y los fiscales pidieron una sentencia mayor (para Guzmán de los Santos) que para otros acusados en el caso”. La fiscal Márquez Marín “era de la opinión de que estas acciones habían sido antiéticas y que no podía defenderlas (en la apelación)”, añade el escrito.

Guzmán de los Santos fue arrestado en la madrugada del 17 de septiembre de 2012 en una gasolinera de Maunabo por agentes federales que habían pasado la noche vigilando una embarcación con cocaína y, a la vez, habían visto la van blanca que guiaba el acusado en distintos puntos de la zona. No había conexión entre el cargamento y la guagua. Las razones de los agentes para intervenir fueron que les parecía sospechoso que la van se moviera en la zona sin aparente rumbo. Los agentes le dijeron al tribunal que Guzmán de los Santos había renunciado a sus derechos y había consentido que la van fuera registrada pero no presentaron evidencia de esto más allá del testimonio de los propios oficiales que lo intervinieron. La magistrado federal, ahora juez, Silvia Carreño Coll, había consignado que no podía hacer una determinación de cómo fue que los oficiales se acercaron inicialmente al acusado pero había echado a un lado esto para fallar a favor de la fiscalía cuando la defensa de Guzmán de los Santos pidió suprimir la evidencia en su contra.

Según el relato en la orden del juez, en noviembre de 2014 Márquez Marín discutió su postura con su jefe, Nelson Pérez, y con la entonces subjefa de la fiscalía, María Domínguez Victoriano, quienes, ambos, estuvieron de acuerdo con ella. En una segunda reunión, con más miembros de la gerencia de la fiscalía, la entonces jefa Rodríguez Vélez también estuvo de acuerdo y ambas, Rodríguez Vélez y Domínguez Victoriano, decidieron pedir la desestimación de la acusación contra Guzmán de los Santos en medio del proceso apelativo.

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Rodríguez Vélez y Domínguez Victoriano instruyeron que la decisión de desestimar se le notificara a los fiscales que llevaron el caso, principal entre las cuales era Longo Quiñones.

Al enterarse, Longo Quiñones reaccionó perpleja y molesta así como que se personó a la oficina de Domínguez Victoriano para tener una explicación y demandar una reunión. La reunión fue pautada y no contó con la presencia de Rodríguez Vélez, Domínguez Victoriano ni Márquez Marín. Allí, tanto Longo Quiñones como las fiscales de narcóticos Jenifer Hernández y Myriam Fernández se quejaron de que la desestimación no fue consultada primero con las fiscales que llevaron el caso.

La controversia provocó una segunda reunión, la que Márquez Marín tuvo que atender presencialmente aunque se encontraba trabajando a distancia y recuperándose de heridas sufridas en un accidente de tránsito. Tampoco estuvieron Rodríguez Vélez ni Domínguez Victoriano, pero sí la ayudante de Rodríguez Vélez, la fiscal Jacqueline Novas, y otros gerentes de la oficina.

Según el escrito del juez, que integra las versiones de los hechos tanto de los gerentes de la fiscalía como de Márquez Marín, cuando la demandante llegó “encontró una atmósfera hostil, como de turba… (y) fue atacada con varios de los presentes, incluyendo Longo Quiñones, Hernández y Fernández, pidiéndole que explicara su decisión en el caso de una manera que ella sintió era altamente irrespetuosa”.

En un correo electrónico posterior, Márquez Marín, calificó la reunión como una “experiencia estresante y desagradable”, así como que cuestionó la presencia de Hernández, compañera sentimental del fiscal José Capó Iriarte contra quien la demandante había radicado una querella laboral, ya que Hernández no era la fiscal supervisora de la fiscal Longo Quiñones en ese caso y la presencia de Fernández, amiga de Hernández. Primero Domínguez Victoriano, y luego Rodríguez Vélez, se disculparon por escrito con la demandante, reafirmaron que la decisión de desestimar había sido tomada por la dirección y gerencia de la oficina y prometiendo minimizar incidentes como el de la reunión.

Tras la publicación de esta historia, la Secretaria de Justicia enfrentó preguntas al respecto en el programa Jugando Pelota Dura, donde dijo que se tratan de “alegaciones que categóricamente denegamos”. Añadió que, a pesar de las dos reuniones que sostuvo con el equipo de la fiscalía, hasta que leyó la orden del juez Woodcock “nunca había escuchado una explicación por parte de ella (Márquez Marín) con relación a porque ella había hecho esa recomendación”.

Otras alegaciones de Márquez Marín

Márquez Marín había radicado una querella contra Capó Iriarte y también había expresado preocupación sobre rumores que circularon en la oficina de que Domínguez Victoriano supuestamente había alquilado un apartamento a un abogado de defensa, el cual Capó Iriarte y Hernández habían usado para encuentros íntimos.

El episodio con Longo Quiñones es uno de al menos 23 que se han identificado en el caso como que podrían ser represalia contra la demandante y que el escrito del juez describe en distintos niveles de detalle.

Por ejemplo, a la demandante, que trabaja en fiscalía desde 2001, se le asignaron casos de pena de muerte a pesar de que la gerencia conocía su oposición moral y religiosa a la pena capital; la fiscal tuvo que reinvestigar y presentar una acusación enmendada en un caso de narcotráfico relativo al residencial Nemesio Canales cuando descubrió que un testigo principal había mentido al gran jurado en la investigación del primer pliego acusatorio; y un equipo de la Oficina Ejecutiva de los Fiscales de los Estados Unidos (la oficina del Departamento de Justicia federal que maneja las fiscalías en cada distrito) llegó a la isla en enero de 2016 para investigar la oficina de Puerto Rico y contactaron a Márquez Marín para ver si estaba disponible para entrevista, aunque nunca la entrevistaron, lo que la demandante interpretó como que “no querían escuchar nada de mala administración, corrupción o cualquier otro tipo de información que ella tuviera en contra de la gerencia de la oficina”.

El juez Woodcock concluyó que la demanda debe proseguir a juicio porque “el tribunal no puede resolver si la multitud de disputas de hecho se basan en la operación ordinaria de la oficina o por sus motivos discriminatorios y de represalia contra Márquez Marín… la evidencia en este caso puede provocar un veredicto para cualquiera de los dos lados”.

Rodríguez Vélez se retiró de la fiscalía en octubre del año pasado tras la llegada del nuevo jefe de fiscales, W. Stephen Muldrow. El nuevo jefe devolvió a la fiscalía a Novas, a quien Rodríguez Vélez había autorizado un destaque como ayudante en La Fortaleza de la gobernadora Wanda Vázquez Garced. De hecho, en febrero de este año, Vázquez Garced nombró a Rodríguez Vélez como su asesora y jefa de un grupo que aconsejaría sobre el uso de fondos federales y sobre el cual, hasta ahora, no se sabé qué gestiones han hecho, si alguna.

Para ver la orden del juez, pulse aquí.