Ayudantes de la gobernadora Wanda Vázquez depondrán hoy en las vistas de la Comisión cameral de Salud en torno a las compras de ventiladores y pruebas rápidas de COVID-19.

A poco más de tres semanas desde que comenzaron las vistas investigativas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las compras de pruebas rápidas y ventiladores para hacer frente a la crisis de salud por el coronavirus, hoy arranca la semana con testimonios del personal más cercano a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, entre los que se encuentran el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez; la ayudante especial, Marisol Blasco Montaña; y la exjefa de personal del Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera.

Inicialmente se había citado al grupo el pasado jueves, 30 de abril, pero se acordó posponer la vista para hoy, pues tanto Pabón Batlle como Cabeza Rivera se excusaron mediante cartas por separado.

Las vistas camerales, lideradas por el representante y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, comenzaron el pasado 8 de abril con la deposición de la ex secretaria interina del Departamento de Salud (DS), Concepción Quiñones de Longo.

La decisión de investigar ocurrió luego que Quiñones de Longo, previo a su renuncia, expresara en una carta que 500 pruebas ordenadas a la empresa Quest Diagnostics se entregaron sin seguir los debidos procedimientos administrativos de la agencia, y por encima de su propio aval; lo que destapó una caja de Pandora que, hasta el sol de hoy, ha involucrado no solo a miembros del "Task Force" médico del DS, sino a personal de la Mansión Ejecutiva.

De hecho, por el mal manejo de las 500 pruebas rápidas es que inicialmente se menciona a Cabeza Rivera, señalada como la persona que pidió que se entregaran los kits de Quest en el Negociado de Manejo de Emergencias y no el Departamento de Salud, como regularmente hubiera ocurrido.

Cabeza Rivera, quien fue destituida por Quiñones de Longo luego fue designada en destaque en La Fortaleza. Cabeza Rivera ha rechazado irregularidades en su proceder en declaraciones escritas.

Tras la renuncia de la ex secretaria interina y el nombramiento de Lorenzo González Feliciano como nuevo titular de la agencia Cabeza fue removida de sus labores en el DS el pasado 30 de marzo. Posteriormente, La Fortaleza confirmó que tampoco continuaría siendo parte de su equipo.

A lo largo de la pesquisa cameral ha surgido que, aunque negó su participación en las compras, Cabeza Rivera, igual que la subsecretaria de la Gobernación, Sánchez Pérez, eran copiadas en cotizaciones, órdenes de compra y documentos que daban cuenta de las adquisiciones capitaneadas en ocasiones desde La Fortaleza, según muestran correos electrónicos enviados por Adil Rosa Rivera cuando laboraba en secretaría auxiliar del DS.

La subsecretaria de la Gobernación ha sido mencionada en varias ocasiones como la persona a quien se le enviaron correos electrónicos para que evaluara la cotización de Apex General Contractors (APEX), que ofrecía un millón de pruebas rápidas en cinco días por $38 millones, a pesar de que es una empresa de construcción sin experiencia en venta de suministros médicos.

Vea aquí los correos electrónicos:

Por otro lado, las declaraciones de Rosa Rivera han sido objeto de constante escrutinio y cuestionamiento por parte del presidente de la comisión cameral de Salud, quien ha alegado que Rosa Rivera ha mentido bajo juramento bajo la alegación de que sus testimonios no son cónsonos con el material documental que es evaluado al momento.

Parte de esa evidencia es una serie de correos electrónicos, donde Rosa Rivera detalla justificaciones de compra a Carmen Salgado, secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), a los efectos de que esta última enviara una carta al suplidor de ventiladores para finiquitar su compra.

En estos documentos, de hecho, se pudo comprobar que no estaba copiada la entonces secretaria interina Quiñones de Longo, quien era, al momento, la máxima autoridad del DS, aún cuando se estaba copiando a personal de La Fortaleza.

Otro de los eventos que involucra a personal de la Mansión Ejecutiva fue una llamada recibida por Quiñones de Longo, quien aseguró que una funcionaria de La Fortaleza, señalada como Marisol Blasco Montaña, la llamó para obligarla a firmar un contrato de $13.2 millones en 20 minutos.

El contrato que se alega Blasco Montaña quería forzar a firmar era el que involucraba unos 713 ventiladores de la compañía Puerto Rico Sales & Medical Services, quienes harían llegar al DS los artículos dentro de un período de 16 a 20 meses, pese a que el pico de casos a nivel local se ha proyectado para el corriente mes de mayo y junio. No obstante, la empresa Puerto Rico Sales & Medical Services, aclaró luego que se trató de un error en la cotización y se trataba de 16 a 20 semanas. NotiCel tuvo acceso a ese documento.

Pulse aqui para verlo:

Aunque poco se había escuchado públicamente sobre Blasco Montaña, se ha sabido que el vínculo que la une a la gobernadora no es de ahora: desde que Vázquez Garced dirigía la Procuradoría de la Mujer, a Blasco Montaña se le conocía como el "látigo" de la entonces procuradora contra los empleados de esa agencia.

Un reportaje investigativo de NotiCel más adelante también confirmaría que tanto a Blasco Montaña como a Cabeza Rivera le unen vínculos como activistas políticas con el cabildero Elías Sánchez Sifonte y su suegra Kathy Erazo, destacada como una de las principales recaudadoras de fondos del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

A esto se suma que, en una de las vistas de las pasadas semanas, un empleado del Departamento de Hacienda dio a conocer, bajo juramento, que Cabeza Rivera y Sánchez Rivera hicieron una llamada en conferencia para indagar sobre cómo se podían hacer pagos por adelantado a suplidores.

Esa llamada se hizo unos días antes de tramitarse los contratos y pagos adelantados para la compra de cientos de miles de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19, a un total ascendente a $38 millones y con un adelantó de $19 millones a la empresa suplidora.

La primera ejecutiva ha sido enfática en varias comparecencias públicas en que La Fortaleza no tuvo nada que ver con la fallida compra de pruebas rápidas y ha defendido a su ayudante especial Blasco Montaña alegando que la llamada a la ex secretaria interina de Salud, Quiñones de Longo era para que se reportara en 20 minutos a la Mansión Ejecutiva para una reunión y no para presionarla a firmar una orden de compra sin revisarla.

Quedará por verse hoy por qué la subsecretaria de la Gobernación era copiada en las cotizaciones de compra de Salud y cuál fue su participación, si alguna, impartiendo instrucciones desde el Palacio Santa Catalina.