Hoy vence el periodo ofrecido por el ente fiscal para que los ayuntamientos escojan la opción para pagar la partida de $66 millones, que quedó pendiente de la deuda de plan de retiro y plan médico.

El portavoz de la Junta de Control Fiscal (JCF), Edward Zayas indicó que la decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain que anuló la Ley 29, que eximía a los municipios de las aportaciones al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de pensiones, no contempla un proceso de negociación como interpretaron algunos alcaldes.

La duda surgió después de una reunión con la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, el martes pasado. Esa tarde Jaresko presentó un plan para atender la deuda pendiente y, de paso, rechazó las propuestas de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y del presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo, para atender la situación precaria de los ayuntamientos ante la determinación de la jueza Swain, quien atiende el proceso de quiebra de Puerto Rico.

“La jueza simplemente estableció un límite de tiempo antes de que la Orden (que emitió) entrara en vigencia para dar tiempo a las partes para llegar a una posible determinación con respecto a la deuda de los municipios. Pero no ordenó que se llegara a una solución ni requirió que las partes negociaran en absoluto. La decisión de la Juez Swain es clara y el 6 de mayo comienza la vigencia de su orden”, precisó Zayas.

“La JSF está a la espera de que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Gobierno del CRIM le informen su determinación con respecto a las tres opciones que se ofrecieron durante la presentación que se le hiciera el pasado martes. La Junta de Supervisión Fiscal brindó hasta el 1 de mayo para este propósito”, añadió.

En el cónclave del martes Jaresko presentó a los alcaldes un plan para concretar el pago de los $198 millones que adeudan los 78 municipios como resultado del impago establecido en la referida ley. La deuda es la suma de $166 millones pagados por el gobierno central en retiro (PayGo) y $ 32 millones al plan de salud gubernamental.

La propuesta de Jaresko propone que $132 millones del Fondo de Equiparación del CRIM se destinen a la deuda, pero deja en manos de los alcaldes escoger la opción para cubrir los restantes $66 millones. En ese caso, ofreció tres opciones: utilizar las ganancias pendientes de la lotería electrónica entre el año fiscal 2016 y el año fiscal 2017, los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE), que es la porción del impuesto de la propiedad recaudado para cubrir las obligaciones de deuda municipal, y las recaudaciones de impuestos que exceden las cifras presupuestadas.

Descartó la propuesta de Vázquez Garced que incluía una aportación adicional para ayudar a los municipios con el pago de las aportaciones patronales. En síntesis, el plan proponía ofrecer asistencia a los ayuntamientos por un periodo de cinco años. Durante los primeros dos años, el gobierno cubría la totalidad de los pagos, pero reducía esa subvención en los últimos tres años.

Visiones encontradas

Un día después de esa reunión y al concluir un cónclave de los alcaldes de Partido Popular Democrático, William Miranda Torres, alcalde de Caguas, declaró que “en la reunión celebrada con Jaresko lo que se evidenció no fue una negociación, como había ordenado la jueza Laura Taylor Swain. Jaresko sometió varias opciones bajo el manto de ‘tómenlo o déjenlo’. La opción de Jaresko nace de un convencimiento de que los municipios no son parte de la solución. Nada más lejos de la verdad”.

“Para poder comenzar una negociación, tal y como mandata la jueza Taylor Swain, estamos aceptando una de las opciones propuesta por la misma Junta de Control Fiscal, que es la venta de las deudas del CRIM. Según la propia información provista por la Junta en su presentación, dicha transacción produciría $400 millones anuales y se concretaría en el año fiscal 2021. Por lo tanto, de ahí se podría cobrar el dinero que se ha perdido debido a la anulación de la Ley 29. La deuda total se podría pagar de ahí, y así los municipios recibirían el dinero para pagar sus nóminas y ayudar a la ciudadanía en momentos de carencia y de dolor", señaló la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto y miembro de la Junta de Directores del CRIM sobre una de las opciones presentadas por Jaresko de quedar algún balance de la deuda pendiente.

No solo son los alcaldes.

Ese mismo día Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal reconoció las diferencias de visión entre la JCF y el Ejecutivo.

"La Junta entiende que es una responsabilidad solo de los municipios. Sin embargo, discrepamos respetuosamente porque en la medida que colapsan esos municipios habrá servicios esenciales que faltarán y que corresponderá al gobierno atender", afirmó Marrero durante una de las actualizaciones de datos periódicas que realiza el gobierno.

Pero se trata de un desacuerdo viejo.

En julio del pasado año, la JCF demandó al gobierno para invalidar la Ley 29 y otras resoluciones aprobadas para inyectarle fondos adicionales a las arcas de los municipios, que enfrentan dificultades económicas. El ente federal arguyó que estas medidas eran inconsistentes con la ley federal Promesa y con el plan fiscal certificado, que luego de la pandemia del coronavirus será enmendado nuevamente.

Así las cosas, los alcaldes deben informar a Jaresko hoy la opción escogida para completar el trámite de repago de la deuda del plan médico y plan de retiro.