Las demandantes argumentan que la cantidad de comida que se está distribuyendo no atiende la necesidad del país en este momento.

Un grupo compuesto por siete familias y cinco organizaciones sin fines de lucro radicó una demanda este martes ante el Tribunal de San Juan para que ordene al Departamento de Educación (DE) y a su secretario Eligio Hernández cumplir con su deber ministerial de abrir y operar los comedores escolares durante la crisis de salud pública que enfrenta el país.

En la demanda de 31 páginas, los licenciados Osvaldo Burgos, Mary Cele Rivera-Martínez y Melissa Hernández argumentaron que por disposición del Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos en Puerto Rico, firmado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 18 de agosto de 2019, corresponde al DE “garantizar la seguridad alimentaria de la población durante situaciones de emergencia.”

Pero, además de la obligación impuesta por dicho plan, la agencia por mandato de la Ley federal de Comedores Escolares tiene la obligación de proveer alimentos a los estudiantes participantes del programa de comedores escolares “en aquellas circunstancias en que haya habido cierres no anticipados como el que ha ocurrido por la emergencia del COVID-19.”

“Ante esta situación de emergencia es la obligación del Estado suplir la necesidad de alimentos y garantizar que ninguna persona se vea privada de alimentos y mucho menos el sector de la niñez, que se encuentra en mayor grado de indefensión”, señalaron los abogados.

Pese a este deber, apuntaron los letrados, el DE delega dicha tarea a organizaciones sin fines de lucro, que no cuentan con la capacidad para atender la necesidad y demanda de alimentos requerida en este momento.

Por estas y otras alegaciones, solicitan al tribunal que ordene a Educación y al secretario Hernández reabrir los comedores escolares para iniciar la distribución de alimentos a las comunidades vulnerables mientras dure la situación de emergencia provocada por el novel coronavirus. Reclamaron también garantizar a las personas que participen en la cadena de preparación y distribución de alimentos todas las medidas de protección y seguridad laboral contra el contagio, entre otras medidas para evitar el contagio.

El grupo de demandantes lo componen madres solteras, abuelas y estudiantes del sistema de educación público; así como las organizaciones Proyecto Matria, Casa Juan Colón Apoyo y Orientación a la Mujer, Comité Timón de Familias de Personas con Impedimentos, Organización Solidaridad Humanitaria y Comedores Sociales de Puerto Rico.

“Las organizaciones (sin fines de lucro) no dan abasto para atender la necesidad de nuestra gente,” afirmó Janice Soliván  de Casa Juan Colón de Comerío, en un parte de prensa, que ofreció detalles de la acción legal.

Según las admisiones del propio Departamento de Educación, insistieron las demandantes, apenas se han distribuido 350,000 libras de alimentos a través de la iniciativa gubernamental, que utiliza organizaciones sin fines de lucro para la distribución de alimentos.

“Eso da para apenas un día de alimentos para la matrícula del sistema. Se trató de crear la falsa impresión de que nuestras organizaciones son centros de distribución a pesar de que sólo nos entregaron una o dos compras pequeñas para atender a cientos de familias en estado de necesidad. Tanto La Fortaleza como el DE mienten cada vez que dicen que el problema ya está resuelto”, afirmó Amárilis Pagán de Proyecto Matria.

Como parte de sus alegaciones, las demandantes establecieron que al inicio del año escolar en curso el DE informó que tenía una matrícula de 259,369 estudiantes. De esta cifra, cerca de 180,000 estudiantes vivía bajo los niveles de pobreza previo a la pandemia, que llevó al gobierno a imponer un toque de queda y un cierre de negocios desde el 15 de marzo pasado.

“El Secretario de Salud hizo expresiones en la mañana de hoy (martes) indicando que es viable utilizar los comedores como talleres para producir comida y distribuirla a través de mecanismos pertinentes. El Departamento de Educación tiene esa capacidad y podría considerarla” agregó el licenciado Burgos.