Secretario de Hacienda niega autoridades federales detuvieran pago de pruebas rápidas
Francisco Parés dijo que la transacción fue detenida por alertas de seguridad del banco Oriental.
El secretario de Hacienda, Francisco Parés, negó esta noche que las autoridades federales intervinieran para detener la transacción de pago de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 relacionada con la empresa Apex General Contractors.
En declaraciones escritas enviadas a NotiCel esta noche, Parés dijo "como he expresado públicamente en varias ocasiones, la transacción de $19 millones para la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 fue detenida por el banco Oriental tras éstos activar los protocolos internos y detectar que había un 'flag' en el sistema por la cantidad del depósito".
"Por lo tanto, es falsa cualquier versión que se me atribuya sobre una supuesta intervención de autoridades federales", agregó el funcionario.
"El pasado jueves, 9 de abril, con la intención de reafirmar la verdad, me comuniqué con el presidente de Oriental Bank y con su equipo de legales, quienes diligentemente me confirmaron que la transacción fue detenida por ciertas alertas de seguridad identificadas por protocolos internos que requerían verificar si el depósito era legítimo", sostuvo el titular de Hacienda.
"Además, aclararon que el intento de la transacción fue hacia Estados Unidos y no hacia Australia. Reitero que una vez advine en conocimiento, el 3 de abril, a través de una llamada de Ottmar Chávez, sobre la situación presentada por el banco, alerté al equipo de Contabilidad Central y Tesoro de Hacienda y ordené el recobro del dinero que fue devuelto en su totalidad y reflejado en la cuenta operacional del secretario el lunes, 6 de abril. Nuevamente, aclaro que es falso decir que confirmé la intervención de autoridades federales y desautorizo cualquier información que aluda a eso," añadió Parés.
NotiCel solicitó desde el 7 de abril una entrevista con el titular de Hacienda para conversar sobre el tracto de la transacción y conocer su reacción sobre si los reglamentos gubernamentales permiten que se hiciera un pago adelantado por $19 millones a Apex General Contractors. Sin embargo, la entrevista no ha sido concedida, y en vez el funcionario remitió a este diario digital su portavoz de prensa quien envió posteriormente estas declaraciones escritas.
Una historia publicada por NotiCel revela que la base legal del Reglamento Núm. 31 promulgado por el Área de Contabilidad Central de Gobierno establece que los pagadores podrían efectuar pagos por adelantado “de aquellos servicios o suministros que según costumbre o práctica comercial se pagaren por anticipado, cuando la necesidad del servicio así lo requiera”.
Más adelante, se menciona un total de 14 instancias específicas en las que procedería que el titular de Hacienda autorizase el pago por adelantado. Ninguna de estas incluye la compra de materiales o suministros médicos o cualquier instrucción de la cual razonablemente pueda inferirse que la compra de pruebas está mencionada en la reglamentación.
Por su parte, Chávez, jefe de la Administración de Servicios Generales (ASG), dijo a NotiCel que "la entidad bancaria Oriental contactó a ASG con el propósito de validar que el cheque fuera uno legítimo por la cantidad".
"Oriental solo informó - en una sola llamada- que la transacción estaba 'on-hold' (detenida) porque había “flag” (alerta) en el sistema, por la cantidad grande del depósito", agregó Chávez.
"Tengo ser enfático en decirle que, en ningún momento en la llamada que me hicieran, mencionaron a las autoridades federales. Cualquier otra información relacionada a la misma es falsa. Inmediatamente, se procedió a referirlo al Departamento de Hacienda y el equipo del Secretario quedó en contactarlo. Posteriormente, me informaron que se atendió a la entidad bancaria," sostuvo el funcionario.
La millonaria compra está bajo el escrutinio público desde la semana pasada, luego que cinco agencias gubernamentales participaran de la transacción de $38 millones que fue cancelada porque , según el secretario de Salud, Lorenzo Feliciano, las pruebas no tenían el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ni llegaron en el tiempo prometido.